El anuncio del presidente Luis Lacalle Pou sobre una serie de modificaciones al acuerdo con UPM para generar al Estado ahorros por entre 120 y 200 millones de dólares respecto a lo establecido con el anterior gobierno para la construcción de la segunda planta de celulosa de esta multinacional ha generado una serie de reacciones, que incluyen los pronunciamientos adversos sobre el emprendimiento en sí, que provenían ya desde la gestación del acuerdo durante la presidencia del Dr. Tabaré Vázquez, hasta cuestionamientos de exjerarcas del gobierno del Frente Amplio en el sentido de que los ahorros no son tales, sino que se trata de condiciones ya establecidas en el trabajoso contrato original.
Tras una reciente reunión con su gabinete, el mandatario dijo que el nuevo acuerdo incluye un ahorro de 60 millones de dólares en obras de infraestructura vial que ahora pasarán a ser responsabilidad de la empresa finlandesa.
“También hay un ahorro de del entorno de 68 millones de dólares en lo que hace a la infraestructura eléctrica y estamos hablando en el entorno de 7 millones de dólares anuales durante 20 años en el ahorro de compra de energía eléctrica”, expresó el jefe de Estado, para agregar que este nuevo acuerdo también cuenta con una segunda parte que incluye la ampliación de una planta de insumos en la ciudad de Fray Bentos y la construcción de un vivero en la localidad de Sarandí del Yí.
Reflexionó asimismo Lacalle que “hay satisfacción de un acuerdo positivo de ambas partes y creemos que el camino elegido por el gobierno en momentos de incertidumbre, de pandemia, que por supuesto tuvo mucho que ver en la posibilidad de este nuevo acuerdo. Esto da certidumbre, genera tranquilidad a aquellos que quieren venir a nuestro país y dar trabajo”.
Mientras tanto, voceros del anterior gobierno salieron al paso de los conceptos vertidos por el mandatario respecto a la mejora de las condiciones con la multinacional, y entre otras salidas al ruedo tenemos que el anterior subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, escribió en su cuenta de Twitter que “en vez de anunciar como nuevas, obras viales que ya estaban acordadas, el presidente debería simplemente reconocer que es un buen acuerdo para Uruguay. Esta inversión es buena para el país, no hay que darle mucha vuelta ni vestirse con ropa ajena”.
En tanto, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Alvaro García, manifestó que “sobre UPM, los 60 millones de dólares anunciados hoy, ya habían sido anunciados el 7 de noviembre de 2017”. García adjuntó una nota del portal de Presidencia de esa fecha titulada “Negociación con UPM contribuirá con U$S 60 millones en la mejora para la infraestructura vial”.
Asimismo, la senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) Carolina Cosse expresó que “me producen extrañeza estas afirmaciones porque, además, leí con atención el comunicado de UPM que no habla de inversiones nuevas sino que de acelerar un proceso”, que el marco de la inversión se mantiene incambiado y que todo lo que está en el contrato “se va a cumplir y nada más”.
“Lo único que vi” en el documento es que “acelerará el proceso. Pero, en términos de novedades no veo ninguna”, acotó.
A su vez, dentro de la coalición y a impulsos de la conocida postura individual proecologista del diputado Dr. Eduardo Lust, Cabildo Abierto impulsará un llamado a sala a los ministros de Industria, Transporte, Economía y Vivienda por el contrato de UPM, lo que por supuesto no ha caído bien dentro de la coalición de gobierno y se considera que Cabildo Abierto se ha dejado arrastrar por impulsos individuales, además de la paradoja de que uno de los ministros convocados es la titular de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, esposa del líder de este partido, general (r) Guido Manini Ríos.
El actual senador y expresidente del Banco Central, Mario Bergara, también se manifestó acerca de este tema y escribió que parte de los ahorros mencionados por el presidente Lacalle Pou “no son tales, porque ya estaba previsto en el acuerdo original que iban a ser de cargo de UPM”.
En realidad, muy pocos están en condiciones de arrojar la primera piedra en el tema, porque en cuanto a la negociación con UPM, desde un primer momento el gobierno del Frente Amplio actuó con extremo “secretismo” en el tema y se mantuvo en reserva durante mucho tiempo los términos del acuerdo, porque evidentemente ante el afán de lograr la inversión, hubo concesiones poco comunes y en extremo generosas para los inversores, lo que motivó la reacción de diversos grupos, –incluyendo productores de otros rubros que no han tenido el mismo tratamiento– y desde los sectores de oposición, que hoy están en el gobierno.
Es decir, como en tantas oportunidades, las posturas han cambiado o sesgado según el lado del mostrador en que se esté en determinado momento, y en cuanto a las plantas de celulosa e incluso la Ley de Forestación, cuando estaba en la oposición el Frente Amplio las había cuestionado severamente, a partir incluso del rechazo en aquel entonces del Dr. Tabaré Vázquez, hasta que ya ejerciendo el gobierno, y en el marco de lo que ya ha pasado a ser una política de Estado, desde la coalición de izquierdas se ha estado a favor y promoviendo inversiones en el área forestal.
Y en cuanto a esta polémica actual, sobre montos de inversiones y quien las llevará a cabo, evidentemente hay posturas controvertidas, pero con la particularidad de que salvo grupos que históricamente se han situado en una postura ecologista a ultranza, es opinión generalizada, con matices, de que el Uruguay no podía darse el lujo de contar con grandes extensiones de tierras improductivas o subexplotadas y no tener forestación, por lo que la Ley de Desarrollo Forestal, de fines de la década de 1980, ha dado sus frutos y permitido que se genere una cadena de inversiones y puestos de trabajo que se mantienen hasta hoy, aunque naturalmente el “boom” de la ocupación se genera durante el período en que se da la construcción de las plantas y obras de infraestructura.
El tema actualmente tiene además mucho que ver con la coyuntura y no solo con la pandemia, porque esta inversión inicial de más de dos mil millones de dólares fue iniciativa de la última Administración Vázquez por promover una inversión ante el parate de la economía, su pronunciado déficit fiscal del orden del 5 por ciento, el creciente desempleo y el estancamiento económico de los últimos años.
Un salvavidas que ha heredado el actual gobierno y al que ciertamente le viene muy bien, pero sobre todo al país en momentos en que la pandemia, con la cuarentena voluntaria y paralización de actividades, ha sustraído gran cantidad de recursos de la economía, a la vez de retraer recaudación al Estado que además debe otorgar subsidios.
