No es un secreto para nadie que a nivel global el advenimiento de la pandemia, además del costo en vidas humanas y económicos, con una recesión ya instalada cuya reversión aparece por ahora como un elemento más de incertidumbre, ha dado por tierra con planes y expectativas generadas en los más diversos países, aún en aquellos en los que el Covid 19 ha tenido una afectación menor, porque el contagio ha surgido además por el lado de la distorsión de la economía en todo el planeta, en una u otra forma.
Y si a esta problemática no es ajeno ni invulnerable ningún país, por más poderoso que sea, mucho menos lo es Uruguay, que añade a su dependencia y reducida economía en cuanto a escala, el arrastre de un sostenido déficit fiscal, de más del 5 por ciento del PBI al 1º de marzo de este año, desempleo creciente y reducción de actividad, al cabo de quince años de gobierno de la coalición de izquierdas, por lo que se ingresó ya perdiendo el partido en una coyuntura de características imprevisibles, como lo estamos viendo.
Más allá del aspecto sanitario, que se va a superar esperemos con las menores consecuencias posibles en pérdidas de vidas, aún con el invierno y sus complicaciones por delante, el gran desafío radica en atender las consecuencias económico financieras de la pandemia, no solo por el requerimiento de recursos inherentes a subsidios para los sectores más afectados por el desempleo y la pérdida de actividad, sino también por la caída en la recaudación por efectos de una menor dinámica ante la cuarentena voluntaria, y una normalización gradual en la que será inevitable en el corto plazo la pérdida de empleos y reducción de horas de trabajo, así como disponibilidad de bienes por efectos de la depresión consecuente.
Ante este panorama habrá necesidad de disponer de líneas de crédito en volumen significativo y costos accesibles para los sectores reales de la economía, para la inversión y estímulos, tanto en lo que refiere a líneas regulares de organismos internacionales como las que se espera de carácter especial que se deberán instrumentar a nivel global para la reactivación de la economía mundial, a lo que deberíamos “prendernos”, por supuesto, cuando se los tenga disponibles.
Pero cada país tiene sus características y sobre todo problemas propios, y si bien el Uruguay, en estos quince años de gobierno de izquierda, registró un sustancial incremento de la deuda, también actuó criteriosamente en lo que refiere a contar con disponibilidad de crédito internacional, con créditos disponibles para instrumentar cuando se decidiera dar el paso y la ocasión lo aconsejara.
Bueno, sin duda la pandemia ha gatillado y potenciado esta posibilidad, que ya era necesario incluso sin pandemia, habida cuenta del estancamiento de la economía y el desempleo reinantes en el Uruguay, que ya era del 10 por ciento en febrero y ha crecido significativamente tras la irrupción del COVID-19.
El gobierno de Luis Lacalle Pou, que lleva dos meses de instalado, ha delineado un nuevo plan financiero ante la realidad, y este paquete comprende fundamentalmente usufructuar los créditos de diversos organismos, cambio de moneda en préstamos y emisiones.
La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en este sentido que las necesidades totales de fondeo para 2020 se proyectan en unos U$S 4.649 millones.
La citada Unidad detalló recientemente el plan de financiamiento de este año, con gastos que se verán incrementados por los efectos económicos del coronavirus, y en su reporte trimestral, precisa que del total mencionado, “el 68% corresponde a servicio de deuda (pago de amortizaciones e intereses)”, y puntualiza que de la deuda a amortizar en 2020 “casi 80% está denominada en moneda local y en manos de residentes, lo cual mitiga la exposición de corto plazo a una depreciación del tipo de cambio (suba del dólar) y la volatilidad de los mercados financieros globales”.
A su vez, la emisión total de bonos (en mercados internacionales y doméstico) se estima en U$S 3.750 millones en el año. Entre enero y abril, el gobierno ha emitido deuda en moneda local por el equivalente aproximado a U$S 1.284 millones. Así quedarían unos U$S 2.466 millones por emitir. “Si bien se ha priorizado hasta el momento los desembolsos con organismos multilaterales” el gobierno “no descarta acceder al mercado internacional de bonos en el corto plazo”. De hecho, el gobierno explora una emisión de deuda en yenes, según adelantó El País semanas atrás.
Los desembolsos de líneas de crédito con organismos multilaterales se estiman en U$S 1.520 millones en el año, “significativamente mayor a lo desembolsado en años anteriores”, dijo el informe.
Acota que “a raíz de la volatilidad financiera causada por la pandemia” del coronavirus a nivel mundial, el gobierno “recurrió a créditos con organismos multilaterales” contingentes (ya estaban aprobados desde hace varios años, se paga una comisión anual por tenerlos allí y el país resuelve cuando lo desembolsa). Eso se utilizó “para apuntalar las reservas de liquidez, y enfrentar así necesidades presupuestales imprevistas”, indicó el MEF.
Asimismo, entre marzo y abril, se activaron rápidamente líneas de crédito contingente ya disponibles con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 801 millones, y se accedió a un nuevo préstamo con el BID por U$S 250 millones.
Además, “el gobierno tendrá para desembolsar U$S 400 millones con la CAF, bajo su nueva facilidad de financiamiento para responder a la emergencia sanitaria” y obtuvo U$S 15 millones de Fonplata, en tanto buscará negociar “líneas de crédito adicionales con instituciones multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata y Banco Europeo de Inversiones)”.
Por último, “el gobierno re-denominó” con el apoyo del BID, créditos con ese organismo por U$S 861 millones, entre monedas distintas: Unidades Indexadas por U$S 60 millones, francos suizos por U$S 250 millones (estas dos por primera vez) y yenes por U$S 551 millones. Eso le ayuda a mitigar riesgos de moneda y tasa de interés.
Es decir, fondos que en gran medida significarán contraer deuda en plazos razonables e intereses accesibles para insuflar recursos en sectores clave de la economía, a efectos de la producción de bienes y servicios, además de atender políticas sociales mientras se de la transición hacia la recuperación económica y su consecuente derrame gradual sobre el tramado socioeconómico.
Es decir, sentido común ante la coyuntura adversa, y por supuesto, embarcarnos en la línea de lo que van a hacer los países en serio: poner a trabajar el dinero en la asociación ideal de capital-trabajo por el bien común, porque este es el motor disparador de la generación de riqueza, de su redistribución y del circuito virtuoso al que hemos estado ajenos todos estos años.
