El colectivo integrado por organizaciones de protección animal, denominado Plataforma Animalista, compareció ante la comisión especial del Senado que lleva adelante el estudio de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y dieron a conocer sus diferencias en torno a los cambios propuestos por la iniciativa.
“Celebramos las castraciones porque lo pedíamos a gritos hace tiempo, pero el Instituto Nacional de Bienestar Animal que crea la ley, cambia el nombre y sigue siendo lo mismo que Cotryba”, dijo a EL TELEGRAFO la presidenta de la oenegé Amigos de los Animales, Laura Deleón.
El nuevo órgano desconcentrado “sigue dependiendo del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y nosotros no estamos de acuerdo. No puede encargarse de la defensa, un ministerio dedicado a explotar los animales, no es el mismo criterio. Para nosotros debe ser el Ministerio de Educación o el Ministerio de Medio Ambiente porque la tenencia responsable es educación”. La directiva explicó que no es posible que permanezcan bajo la órbita de “un ministerio donde están los ganaderos que defienden a los animales de producción que le dejan ganancias, pero cada vez que hay matanza de ovejas protestan contra las protectoras porque creen que nosotros defendemos más los perros que las ovejas”.
LOS ALBERGUES
El artículo 390 de la LUC declara de interés general la creación y gestión de un Programa Nacional de Albergue de Animales Callejeros. “Tampoco estamos de acuerdo porque se debe ayudar a los refugios que ya están formados y atestados de animales. Estamos sin recursos y somos quienes ponemos el pecho a esta situación. No tenemos ayuda del Estado de ningún tipo. Con la creación de nuevos albergues, también se crean campos de concentración, porque el animal está ahí, esperando que se resuelva su situación y si no se resuelve nosotros queremos saber qué pasa con ese animal”.
Explicó que en otros países se resuelve con la eutanasia, un método que “no existe en Uruguay. A mí me pasa que tengo animales desde hace 8 años recogidos de las calles de Paysandú y no tuvieron suerte de que ninguna familia lo adopte, pero siguen con nosotros. El Estado no va a aguantar estos animales tantos años, con un gasto tremendo”. Deleón cuestionó “de dónde sacarán tantos recursos para estos albergues, porque si las castraciones masivas ya llevan un presupuesto, los refugios necesitan más dinero que las esterilizaciones”.
Ejemplificó que los refugios departamentales “ya se comprobaron que no son buenos, como el caso de Maldonado, que ha tenido denuncias por irregularidades desde hace años”.
El otro aspecto que rechazan las oenegés, está vinculado a las denuncias por maltrato animal, “que siguen haciéndose vía web a este instituto. Como en la Cotryba, que nunca pasa nada y contesta una contestadora. Nosotros queremos que las denuncias vuelvan a hacerse en la comisaría”.
PRESTADORES DE SERVICIOS
En la órbita del Instituto Nacional de Bienestar Animal, se creará un Registro de Prestadores de Servicios, donde deberán inscribirse los refugios, albergues, criaderos, paseadores o adiestradores. Allí también deberán registrarse las empresas dedicadas a la fabricación o comercialización de alimentos, elementos de higiene, vestimenta y accesorios para animales de compañía.
“Hay que controlar a los criaderos porque nunca se controlaron. Desconocemos si existen en Paysandú criaderos establecidos como empresas que paguen impuestos. Son todos clandestinos. Al igual que los adiestradores, que no están registrados ni como miniempresa o como monotributistas y son trabajos que necesitan una reglamentación. Y en el caso de los refugios, no nos parece mal que nos controlen, pero siempre y cuando nos ayuden, de lo contrario no tiene sentido”, precisó.
Deleón reconoció la necesidad de chipear a todos los animales, sin embargo, “queremos saber cómo se hará. Es la forma de controlarlos en el país, pero no es fácil llegar a una determinada población. Porque, además del dinero, será importante la cantidad de recursos humanos y técnicos. Y ya sabemos que hay lugares donde deberán ingresar con la policía”.
