La Intersocial amplió la convocatoria a las organizaciones con interés en participar y planteó tareas que desarrollará en el próximo encuentro para sentar las bases de nuevas movilizaciones. Por otro lado, la mesa departamental del Pit Cnt evaluó las actividades de difusión enmarcadas en el 1º de Mayo, la situación de los convenios que finalizan este año, como en el caso de la construcción, cuyo acuerdo colectivo finalizó el 30 de abril y las acciones que adoptarán el 20 de mayo, una jornada en la que habitualmente llevan adelante la Marcha del Silencio.
TRABAJADORES EN CONFLICTO
En el último encuentro, la central sindical recibió a trabajadores de una empresa hotelera que “adeuda el mes previo al envío al seguro de desempleo, pero tampoco tenemos un interlocutor válido en el Ministerio de Trabajo cuyas oficinas retomaron sus tareas, pero no cuenta con orientaciones claras para atender situaciones críticas”, dijo Manuel López a EL TELEGRAFO. Sin embargo, el dirigente reconoció las medidas anunciadas por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para la flexibilidad en las exigencias para acceder al seguro de desempleo de los trabajadores que no cumplan con los jornales necesarios.
“En el citrus hay otro problema, porque no convocan a los operarios con mayor experiencia, a pesar de que el convenio dice que las empresas deben tomar a los cosecheros que estuvieron antes. Son empresas tercerizadas nuevas que no se apegan a la letra del acuerdo y eso crea dificultades a una amplia masa de trabajadores”. Asimismo, “permanece sin solución la situación de los trabajadores del grupo Tecnogrup, en cuyo predio aún se encuentran vehículos de la empresa y otros activos que se están pudriendo”. Explicó que al predio “concurren funcionarios que ejercen las tareas de seguridad y perciben unos 7.000 pesos cada dos meses. Conformaron otra empresa con un nuevo nombre, cuyos integrantes pertenecen a la antigua empresa y son extranjeros que se dedican al mantenimiento de los paneles fotovoltaicos ya instalados en privados”.
Según López, “los trabajadores están impedidos de cobrar porque les explican que la empresa cerró o está bajo un síndico.
Es decir que no hay una figura jurídica que los ampare”. Ante estas situaciones, analizan la concreción de movilizaciones “enmarcadas en la situación laboral y social del país a raíz de la emergencia sanitaria”.
