Con el omnipresente tema de la pandemia de COVID-19, ha habido temas de gran relevancia que han pasado a un segundo plano. Incluso, de aquellos que han dado muchísimo de qué hablar y han hecho demasiado daño como para olvidar así no más. Es el caso del presidente Nicolás Maduro y de su Venezuela destruida, tanto que ni le alcanza las vastas reservas de petróleo para garantizar lo mínimo.
Lo de Maduro en Venezuela sigue siendo una dictadura, por más que sigan existiendo voces –algunas inesperadas– que sostengan lo contrario. La crisis campea a sus anchas, en todos los aspectos y áreas del país, y los números por la pandemia del coronavirus vaya uno a saber cuáles son los reales.
Hubo una noticia interesante en estos días que pasó desapercibida: La decisión judicial que otorga al líder opositor Juan Guaidó el control de las reservas de oro que Venezuela tiene en Inglaterra. Un hecho que agitó la fragmentación política del país en medio de las celebraciones del antichavismo y la condena por el gobierno de Maduro. Bien puede ser un punto muy favorable para Guaidó, que no siempre ha dado los pasos correctos en dirección a recuperar la democracia en la nación caribeña.
El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró “en medio de las partes” en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones del equipo de Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, entre ellos Reino Unido. En un momento en que la popularidad de Guaidó no pasa por su mejor momento, se produce esta sentencia que se basa en el reconocimiento “inequívoco” del opositor como “presidente interino constitucional”.
Guaidó ya ha ganado otras batallas legales en el extranjero, en países que lo reconocen como mandatario legítimo, y se ha hecho con el control de miles de millones de dólares y de activos de Venezuela en el exterior como fue el caso de Citgo, la principal filial de la petrolera estatal PDVSA. El político de 36 años, que no controla ningún aspecto de la burocracia dentro de Venezuela, celebró la decisión y aseguró que con ello ha protegido estas riquezas de un “saqueo”. Por supuesto, Maduro reclamó. Calificó el asunto como un “delito de exterminio” en medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus. La llamada revolución bolivariana ha remarcado que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión” que, insisten, “pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia” por COVID-19.
Lo cierto es que la severa crisis que atraviesa Venezuela, hace más de un lustro, continúa al firme. Encuentra su expresión cotidiana en el colapso de los servicios públicos, una masiva emigración que ha roto familias y la implosión de la economía, que hasta hace solo unas décadas era un ejemplo para la región.
Cada día, millones de venezolanos padecen al menos uno de estos tres males, todos relacionados con la caída de la economía del país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta y un potencial turístico que otrora atraía a millones de visitantes.
En Venezuela, más de 7 millones de personas, entre empleados públicos y pensionistas, perciben ingresos de menos de 10 dólares por mes. El número deja a estos venezolanos, casi 25% de la población, muy por debajo del umbral de la pobreza de acuerdo a los datos del Banco Mundial, que estima en dos dólares diarios el ingreso mínimo para abandonar este grupo.
En el medio de todo esto, esta semana la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, anunció la convocatoria para el próximo 6 de diciembre de las elecciones parlamentarias. Alfonzo, designada el mes pasado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señaló que se trata de unos comicios “destinados a elegir la Asamblea Nacional para el período comprendido del 2021 a 2026”.
Las elecciones llegan envueltas en polémica pues la Asamblea Nacional, sede del Poder Legislativo, es la única institución controlada por la oposición a Maduro. Incluso, los partidos de la oposición mayoritaria han anunciado que no participarán en unos comicios que consideran una “farsa” del gobierno, al que acusan –con razón– de haber puesto las instituciones del Estado a su servicio.
Para Guaidó y sus partidarios, la Asamblea que surja de esas elecciones no resultará válida ni legítima. Los rivales de Maduro y gran parte de la comunidad internacional lo que le exigen es la celebración de elecciones presidenciales, ya que consideran –con razón también– que las últimas no fueron limpias.
Como se ve, Venezuela no descansa en su desidia y el gobierno parece empeñado en ahondar la crisis, en hacer aún mayor la brecha entre los venezolanos. No se avizora la luz al final del túnel, ni mucho menos. Maduro se ha adueñado de las instituciones, ha hecho lo que ha querido, ha utilizado el Ejército y las fuerzas de seguridad a su favor, y tiene a la población, que se escapa ni bien puede, sometida a un suplicio.
Por lo tanto, resulta imposible hablar de democracia en este país. Por más COVID-19 y todo lo que ha implicado para todos esta pandemia, no vale hacerse el distraído con una situación que para de empeorar.
