Los accidentes de tránsito son un flagelo que tiene como su consecuencia más visible la pérdida de vidas humanas pero que también tiene otras menos perceptibles como la pérdida de calidad de vida de las víctimas que quedan con secuelas permanentes.
Si bien el 2019 cerró con cifras auspiciosas ya que se logró descender un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito en Uruguay, llevando sus indicadores a una tasa de 12 personas fallecidas cada 100.000 habitantes –la más baja del último decenio-, hubo más de 25.000 lesionados, algo así como 69 personas por día.
De la cifra de lesionados anuales en eventos de siniestralidad vial –que en conjunto equivalen a poblaciones como Pando, Rocha o Fray Bentos–, unas 3.200 personas resultaron con heridas graves el año pasado.
Esto números son nada más que una cuantificación de situaciones complejas y dolorosas que viven muchas personas y sus grupos familiares, dado que las lesiones causadas por el tránsito provocan enormes costos para los individuos, las familias y la sociedad.
Sobrevivir con secuelas un siniestro vial se ve reflejado en el corte abrupto de la vida productiva, con consecuencias directas en la salud o la posición familiar –ya que en muchos casos son personas que pasan a estar en relación de dependencia- pero también representa un impacto para los países en términos de costos operativos de la atención y la recuperación en salud.
Otro impacto es el costo acumulativo del sufrimiento, ya que cada año se agregan más personas afectadas y cuya situación puede agravarse por la respuesta inadecuada a su pérdida.
Por otra parte, está comprobado que además del dolor emocional y psicológico, la pérdida de un familiar puede llevar a una situación de gran estrés económico. En muchos casos, los costos de una prolongada atención médica llevan a una familia a la pobreza, la pérdida de uno de los contribuyentes al sustento familiar o de la ayuda económica adicional para cuidar de las personas con discapacidades.
Por esto, es una noticia auspiciosa que la institución referente en el tema de siniestralidad vial esté dando pasos firmes hacia la elaboración de mecanismos de contención de sobrevivientes y víctimas de accidentes de tránsito.
En este sentido, días atrás se reunieron los equipos técnicos del Colegio Médico del Uruguay y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para avanzar hacia el diseño de un programa de atención a las víctimas, dando cumplimiento así a uno de los acuerdos del recientemente convenio firmado por ambas instituciones. De acuerdo a lo informado por Unasev, desde la experiencia de asistencia del Programa Bienestar Profesional que lleva adelante el CMU para sus afiliados, se tomaron algunas pautas generales acerca de la estrategia para avanzar respecto a la cobertura del futuro Programa de contención a víctimas de siniestros viales, cuyo alcance más ambicioso pretende una cobertura nacional.
Para esto se atenderá a la regionalización del sistema de salud y se prevé contar con la participación de los diferentes actores del área, así como los recursos asistenciales del primer nivel de atención a la población. Será necesario también atender la necesidad de crear y mantener nuevos recursos de asesoramiento a los que puedan acudir las víctimas, especialmente en las zonas más alejadas del país.
Por su parte, la Red Nacional de Víctimas ha planteado la necesidad de brindar atención también a los familiares. Se trata de una red que conoce en profundidad el tema y funciona desde 2010 realizando prevención y dando apoyo a las víctimas de siniestros de tránsito y a sus familiares y desarrolla acciones tendientes a bajar el índice de siniestralidad y mortalidad en el tránsito. También apuesta a fomentar comunidades capaces de resolver las distintas dificultades que tienen que enfrentar a raíz de un siniestro de tránsito y facilitar a las personas, asociaciones y fundaciones la vinculación entre ellas para lograr la unificación de criterios y acciones. Por su parte, la Unasev trabaja en otros aspectos vinculados al tema, como la formación de estudiantes e internos de Medicina y la creación y mejora de protocolos para el traslado de las víctimas.
No obstante, las necesidades de asesoramiento y atención para sobrevivientes de accidentes de tránsito no se refieren exclusivamente a temas de atención médica y psicológica, sino que también involucran otros aspectos, como los legales y penales. Al respecto, el año pasado la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía General de la Nación y la Unasev comenzaron a trabajar en conjunto el fortalecimiento del asesoramiento de Fiscalía, que interviene para investigar si existió un delito, quién es el responsable y cuál es la pena que le corresponde en caso de lesiones o fallecimiento de una persona. Se trata de una actividad compleja que involucra distintas instancias de protección y atención a víctimas y testigos y en el que participan también organismos como el Ministerio del Interior, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el INAU, Organizaciones de la sociedad civil, el MIDES, los gobiernos departamentales, el Banco de Previsión Social y los ministerios de Vivienda y Trabajo y Seguridad Social, entre otros.
Entre otros esfuerzos de atención a las víctimas, la Unasev publicó una Guía de orientación y recursos para ciudadanos afectados por siniestros de tránsito, en la cual se enfatiza por ejemplo en las responsabilidades existentes a nivel del sistema de salud, que en el marco del Plan Nacional de Prestaciones en Salud Mental deben asistir y el tratamiento de situaciones que sobrevengan por muerte inesperada, contemplando en este sentido a toda la población de nuestro país.
En definitiva, son muy variadas las circunstancias en que una persona víctima de un accidente de tránsito puede requerir asesoramiento, ya sea para su participación en instancias judiciales, el proceso penal, la asistencia médica o psicológica, las ayudas sociales o los lugares de rehabilitación, entre otras necesidades de apoyo e información.
Hay que considerar que nadie está preparado para ser víctima de un accidente de tránsito y que suele ocurrir que una vez que ha pasado la repercusión inmediata del evento, la víctima de un siniestro de tránsito corre riesgo de ser una persona olvidada por la sociedad, su núcleo de amigos, grupo de trabajo y muchas veces debe enfrentarse solo a una nueva realidad. Se trata de una situación en la que contar con mecanismos de información, asesoramiento y apoyo resulta crucial y para enfrentar y contribuir a resolver situaciones de desesperación y desconcierto, además de la siempre dificultosa adaptación a una nueva condición de vida.
