El gran paso positivo que ha dado Uruguay en los últimos años en cuanto a la transformación de la matriz energética, sobre todo por la incorporación de energías renovables en sustitución de la generación por impulsores fósiles, ha tenido un costo colateral, por así decirlo, por el pago de importantes sobrecostos, lo que da lugar a distintas interpretaciones valederas.
Esta transformación ha permitido entre otros aspectos que se disponga hoy de energía abundante para atender la demanda interna y que cuente con excedentes para comercializar en Argentina y Brasil cuando existe necesidad e interés en estos países.
Es así que en este escenario entre 2014 y 2019 se exportaron excedentes a la región, pero en suma en seis años UTE pagó 142 millones de dólares a inversores privados por energía que no utilizó. Ello lleva a evaluar si efectivamente, como ha señalado el actual ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, la capacidad instalada con la que cuenta el país luego de las inversiones realizadas en la última década es superior a las necesidades actuales y si por lo tanto ha habido una sobreinversión en el sector, que deriva en compromisos de compra que han generado estas erogaciones adicionales por energía que no se ha utilizado.
Quienes han manifestado estos reparos han indicado entre otros aspectos que las inversiones en el sector debieron haberse efectuado en forma escalonada y no tan concentradas en el tiempo, aunque por otro lado, desde otros sectores se indica que las inversiones hay que hacerlas, y siempre es mejor, en toda circunstancia, tener sobrante de generación y no un nivel que en cualquier circunstancia deje al país en déficit de abastecimiento.
Un informe de UTE respecto al tema indica que en la medida de lo posible los excedentes han sido utilizados para exportar a países vecinos y para incentivar el aumento de la demanda a través de distintos productos comerciales que logren un consumo adicional asociado a energía interrumpible.
Otro elemento a tener en cuenta, es el referido a los precios, por cuanto, según lo manifestado por el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero, actualmente los excedentes que se logra colocar se venden a precios más baratos en comparación a cuando se importa, por lo que considera necesario mejorar los términos del intercambio.
El punto es que mientras se vende energía barata a la región, con estos excedentes, seguimos teniendo en nuestro país la tarifa eléctrica más cara de la región, lo que afecta la economía de las empresas y la doméstica, lo que incrementa costos para competir y a la vez afecta los ingresos familiares.
Naturalmente, hay contextos y contextos, y es impensable generar inversiones por las dudas sin a la vez tener la contrapartida de determinados costos, más allá de las ventajas indudables en el sentido de que contar con impulsores renovables implica ir descartando los energéticos fósiles, como el petróleo, e ir pasando a un esquema sustentable y de reducción de dependencia y vulnerabilidades, además de no afectar el ecosistema.
Por lo tanto, este pedido de inversiones escalonadas, si bien es razonable, se hace con el diario del lunes a la vista, y seguramente los reclamos y evaluaciones hubieran sido de otro tenor si en cambio se hubiera concretado una inversión menor y se hubiera dado coyunturalmente una crisis de generación que nos hubiera significado quedar cortos en la generación y por ende pagar sobreprecios por importar energía, en lugar de darse la posibilidad de exportarla, aún a valores muy deprimidos. Además, siendo realistas las inversiones no las hizo Uruguay sino los privados que encontraron en la generación y venta de energía a UTE un negocio seguro y razonable en el mediano y largo plazo. Es muy difícil entonces pensar en “inversiones escalonadas”, porque o se presenta un plan que sirva a cualquiera que pretenda instalarse en determinadas condiciones, o no se hace, y el resultado en ese sentido siempre es mejor más que menos.
Respecto a la disponibilidad de generación instalada que existe por fuera de los generadores privados y el sobreprecio que se paga por la energía que no se necesita, son los avatares propios del mercado y de factores que son difíciles de prever, más allá de manejar riesgos dentro de determinadas variables razonables, teniendo a la vista los antecedentes en regímenes de lluvias, demanda y otros términos de la ecuación oferta-demanda.
En todos los casos, siempre es preferible pecar por exceso de capacidad de generación que por déficit, y ello sobre todo es válido en un esquema en el que ha primado la incorporación de generación eólica por sobre otros impulsores renovables, habida cuenta de que en el caso de la energía eólica, la estrategia de manual es que se debe contar con una reserva significativa, por cuanto está supeditada a la ocurrencia de vientos.
Por lo tanto, un aspecto que se puede cuestionar en forma relativa es que la diversificación de la matriz se haya concentrado con demasiado énfasis en la energía eólica, y que no se ha canalizado una inversión mayor en otras posibles energías también amigables con el medio ambiente, como la solar, –aunque se han dado igualmente pasos prometedores en la materia, sin llegar a una masificación– y también un mayor aprovechamiento del uso de residuos forestales, por mencionar recursos disponibles en nuestro país. Al respecto, cabe mencionar que los aerogeneradores son más baratos y eficientes en relación a la energía solar, y son el complemento ideal para la energía hidroeléctrica.
Sin dudas que la prioridad mundial en la lucha contra la pandemia del coronavirus ha significado en gran medida un parate para todas las acciones que comprenden esta problemática. Pero aún en media cuarentena o cuarentena completa, con la esperanza y los esfuerzos centrados en superar la emergencia, no se debe perder de vista que el mundo seguirá andando y que hay grandes asuntos pendientes en los que ocuparnos, pese al tema excluyente del coronavirus en las conversaciones y los desvelos.
En el caso de nuestro país, precisamente, llevar adelante la diversificación inteligente de la matriz energética como un tema de Estado es uno de los grandes temas en los que es preciso insistir y buscar consensos y alternativas, de forma de hacerlo de la manera más racional posible y sin descartar opciones a priori.
