En el país donde muchos tienen al expresidente José Mujica como uno de los referentes en “valores” y que son incluso motivo de devoción ideológica para determinados sectores de la población, deberíamos a esta altura estar curados de espanto sobre lo que puede ocurrir cuando se antepone lo político-ideológico a lo jurídico y se toman como ciertos verdaderos dislates y “argumentos” para justificar lo injustificable.
En esta ocasión, el galardón del disparate de oro se lo llevan los “argumentos” expuestos por el sindicato de Antel para cuestionar la designación de un asesor del Directorio del organismo, de los que surgen que los únicos que deberían acceder a determinados puestos son quienes abrazan a pleno ideologías de género y de esta forma tienen la “sensibilidad” requerida para confiarles la conducción del organismo estatal, que financiamos todos los uruguayos, más allá de las creencias y prioridades de cada uno.
En este caso tenemos que una declaración de la Mesa Ejecutiva de Sutel señala que «Lxs trabajadorxs de Antel organizadxs en Sutel y en su Comisión de Género, precisamos expresar nuestro rechazo frente a la designación de Carlos Iafigliola como Asesor de Comunicación para la Presidencia de dicha empresa pública».
Consigna que “tomando en cuenta sus antecedentes políticos para iniciativas en perjuicio de los DDHH de la ciudadanía, –como el referéndum para la derogación de la Ley Integral para Personas Trans–, se remarca su falta de franca vocación de servicio público y sensibilidad”.
“Consideramos que los cargos públicos de este tipo se deben desempeñar con laicidad y respeto por las diversas formas de habitar lxs cuerpxs, los géneros, las orientaciones e identidades sexuales de todas las personas. Ello implica no sucumbir en cuestionables y falaces relatos de comunicación para alcanzar cometidos determinados, así como tampoco sostener posiciones en contra de derechos consagrados”, por lo que “solicitamos a Antel que haga pública la información en que se realizó dicha contratación”.
Destaca que “esta Comisión, Sutel y nuestra central de trabajadorxs, han impulsado y defendido la agenda de derechos que logró consolidarse en estos últimos años. En esta ocasión del Mes de la Diversidad, recordamos más que nunca que Antel es de todxs”. Este delirio impresentable es de corte fascitoide por donde se lo mire, porque divide a los uruguayos entre “los buenos”, que son los que están de acuerdo con cada una de las posturas de la ideología “de género” y “los malos” que son los que no expresan públicamente que comulgan con este paradigma de “igualdad”.
Estamos ante la postura oficial de un sindicato que dice representar a todos los funcionarios de Antel, y como otros gremios de funcionarios estatales, son los verdaderos dueños de las empresas públicas, como reconociera resignadamente el excanciller y exvicepresidente de la República en gobiernos del Frente Amplio, Rodolfo Nin Novoa, en un sincericidio que sin embargo no tuvo repercusiones políticas en los promotores de estas ideologías porque prefirieron distinguir entre “fuego amigo” y el procedente de los sectores “reaccionarios de la derecha contra los intereses populares”, como dice el verso que han tratado de vender durante tanto tiempo.
Los cuestionamientos sobre nombramientos en todo caso deberían centrarse en otros aspectos, porque si bien estas designaciones son de confianza del gobierno de turno, como ha ocurrido siempre en los gobiernos de los partidos tradicionales y en los del Frente Amplio, las nominaciones deberían considerar esencialmente aspectos como la capacidad para gestionar las funciones inherentes al cargo, en un área estatal donde lamentablemente no se aplican los mismos parámetros que en la actividad privada, donde se está sujeto a evaluación y resultados, por mencionar solo dos elementos básicos.
En este caso se pone énfasis en “falta de sensibilidad” porque no se comparte la ideología de género que se promueve, y sin embargo no se tuvo la misma mirada crítica en la esfera sindical para siquiera cuestionar en su momento –entre otras similares– la designación de Raúl Sendic como presidente del Directorio de Ancap, para la que ni siquiera mostró –tampoco lo ha hecho hasta ahora– su diploma de licenciado en genética, y al cabo de su gestión se llegó a un déficit histórico en el ente que obligó a una recapitalización para paliar un déficit que llegó a unos mil millones de dólares.
En el ámbito privado, este desaguisado hubiera obligado a cerrar la empresa y dejar en la calle a los miles de funcionarios de la empresa, lo que sin embargo no ocurrió porque cada uno de los uruguayos hemos sido obligados a poner plata de nuestro bolsillo para tapar los agujeros inherentes a una gestión que no fue cuestionada desde la esfera sindical sino hasta aplaudida. Haberse manifestado duramente contra la peor administración en décadas hubiese demostrado verdadera sensibilidad con la ciudadanía que los mantiene, pagándoles religiosamente sus suculentos salarios aunque el país esté en crisis o la empresa fundida.
Es por ahí por donde deberían pasar las inquietudes y los desvelos de los sindicatos dueños de las empresas públicas, en prestar más y mejores servicios para quienes los pagan, a un precio accesible y competitivo además, para que desde el sector privado se pueda ser más eficiente y crear más empleos genuinos, en lugar de estar tan preocupados por inventar un idioma nuevo basado en la estupidez. Esta es la forma de ser solidario, de atender las necesidades del país real, del ciudadano de a pie, y no seguir con delirios y prioridades que nada tienen de sintonía ni de solidario con la realidad que viven a diario las familias uruguayas.
