En las últimas semanas el Banco Mundial (BM) ha publicado el informe titulado “Efecto Viral: COVID-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe”, cuyo contenido consideramos oportuno compartir con nuestros lectores.
1. Virus y desempleo
Para el BM, el COVID-19 “comenzó como una emergencia sanitaria, pero está evolucionando rápidamente hacia una crisis del empleo. El año 2020 podría ser testigo de la mayor contracción de la actividad económica que ha experimentado la región desde la Gran Depresión. Una menor demanda externa, un período prolongado de cuarentenas y confinamientos, restricciones de liquidez a corto plazo que se convierten en problemas de solvencia para las empresas, y, en algunos casos, las crisis financieras están socavando la demanda de mano de obra y poniendo en peligro un número cada vez mayor de puestos de trabajo. El limitado espacio fiscal del que disfrutan muchos países de la región también obstaculiza el apoyo de los gobiernos a la actividad económica. Todavía existe incertidumbre sobre la gravedad del impacto económico de la pandemia. Sin embargo, el lastre para el empleo en la región podría prolongarse más que la propia pandemia”. En este sentido, se destaca que América Latina y el Caribe (ALC) “es la región del mundo más afectada por la pandemia de COVID-19, con un impacto económico y de salud tan fuerte como en los países avanzados, pero sin medios comparables para apoyar la actividad económica y el empleo”.
2. Retos y productividad
En este contexto, la región de ALC “afronta importantes retos. Después de una década de rápido crecimiento y mejoras notables en los indicadores sociales, el crecimiento se ha estancado y las condiciones externas no parecen ser favorables, al menos a corto y mediano plazo. Los flujos comerciales han perdido impulso en medio de elevadas tensiones, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha disminuido, las condiciones de financiamiento se están endureciendo y todo esto está sucediendo en el contexto de condiciones fiscales vulnerables para los Gobiernos de la región. Según el informe, ALC “debería desarrollar un programa de productividad centrado especialmente en el sector servicios. Se espera que el sector servicios, que ya es el mayor empleador de la región con más del 60% de la fuerza laboral, crezca aún más y que desempeñe un papel cada vez más importante como proveedor de insumos para la economía en general. En resumen, se necesita un conjunto completo de políticas orientadas al sector servicios”. Los cambios en la forma de trabajar significan que “las tareas más sencillas y rutinarias se automatizarán y las máquinas se ocuparán de ellas, los trabajadores deberán adaptarse y realizar un conjunto diferente de tareas no rutinarias, cognitivas y analíticas (como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas) e interpersonales (como el trabajo en equipo, la negociación o la gestión)”. Asimismo, el documento advierte que “los trabajadores peor remunerados y menos capacitados que realizan las tareas más sencillas y rutinarias corren el mayor riesgo de ser reemplazados por máquinas. Estos resultados apuntan a una conclusión clara: la inversión en el capital humano de la fuerza laboral debería ser una prioridad para los responsables de la formulación de políticas”.
3. Trabajo y protección social
Para los investigadores del BM, del informe emerge una cuestión importante: la sostenibilidad de los modelos tradicionales de protección social. En efecto, los especialistas señalan que “el crecimiento del empleo en el sector servicios, como resultado de la transformación estructural y la aparición de nuevas tecnologías que fomentan acuerdos laborales alternativos —como los contratistas independientes y el trabajo por cuenta propia— tienen importantes implicancias para dicho modelo. De cara al futuro, parece que cada vez se suministrará menos mano de obra a través de la tradicional relación entre empleador y empleado. Para una región que ya tiene dificultades con una alta informalidad en el mercado laboral, estas tendencias plantean un serio desafío al modelo tradicional de protección social que se financia con las contribuciones de empleadores y empleados. Los responsables de la formulación de políticas en la región deben pensar de manera creativa en modelos alternativos de seguro social que no dependan de la financiación y los beneficios vinculados a las relaciones formales entre empleadores y empleados. En otras palabras, los responsables de la formulación de políticas deben definir el nivel de protección social y seguro que se proporcionará a los ciudadanos, independientemente de su situación laboral y su relación (empleado, contratista, autónomo), y encontrar mecanismos alternativos de financiación que no dependan de la relación entre empleadores y empleados. Aunque no hay soluciones claras y obvias, los responsables de la formulación de políticas de la región deben comenzar a abordar este asunto con urgencia y creatividad”.
