En tiempos en que tanto se ha escrito, dicho y actuado en prevención de la nueva enfermedad actualmente pandémica, COVID-19, es necesario no desatender viejas dolencias con las que lidiamos desde hace tiempo y continúan demandando prevención, asistencia e inclusión activa en forma permanente en las políticas públicas de salud.
La actual Semana de la Salud Cardiovascular nos recuerda una vez más que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país: 24 personas por día.
Por otra parte, las enfermedades del sistema circulatorio como el accidente cerebrovascular (ACV) y la enfermedad isquémica del corazón son las principales causas de discapacidad y muerte prematura.
“La actividades de prevención, es decir acciones que se enfocan en reducir y eliminar las conductas de riesgo para la salud harían posible evitar al menos un 80% de las de las enfermedades cardiovasculares, lo que repercute en minimizar el impacto que estas enfermedades tienen y la discapacidad que generan en la población uruguaya” sostiene la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular que, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, llevan adelante la denominada Semana del Corazón hasta mañana 2 de octubre.
Se trata de una campaña nacional tiene como objetivo informar y facilitar estrategias para que las personas adopten un estilo de vida saludable como medida de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. Este esfuerzo de múltiples actores públicos y privados no es nuevo, son que la llamada Semana del Corazón comenzó a realizar hace ya 28 años. Las primeras tres ediciones fueron organizadas por la Asociación Procardias y el Programa de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud Pública y en 1994 estos organismos, en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Cardiología, la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, fueron los asesores para la creación de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular por decreto de ley. En esta ley se establece que la Comisión es la encargada de organizar la Semana del Corazón que se desarrolla cada año en la semana que comprende al 29 de setiembre por ser el Día Mundial del Corazón.
En este sentido, se entiende que el aumento del conocimiento de las personas sobre estos temas permite mejorar su salud, su bienestar general, disminuir la presencia de factores de riesgo y combatir la mortalidad prematura causada por enfermedades cardiovasculares.
Las condiciones que aumentan la posibilidad de presentar enfermedades no trasmisibles pueden ser conductuales o biológicas. Entre las primeras se encuentra la alimentación no saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco, la contaminación del aire o el uso nocivo del alcohol mientras que entre los segundos, se ubica la hipertensión arterial, el sobrepeso y obesidad o la glicemia elevada. Cuanto más conocimiento tengamos de estos factores de riesgo y cómo prevenirlos o atenuarlos y cuanto más hagamos por introducir cambios saludables en nuestra vida, menos expuestos estaremos a engrosar la nefasta estadística –respecto a la cual pocos parecen alarmarse- de 24 muertes por día en un país tan pequeño como Uruguay.
Por otra parte, de acuerdo a los estudios realizados, las actividades de prevención, es decir acciones que se enfocan en reducir y eliminar las conductas de riesgo para la salud harían posible evitar al menos un 80% de las de las enfermedades cardiovasculares, lo que repercute en minimizar el impacto que estas enfermedades tienen y la discapacidad que generan en la población uruguaya.
Aunque suele pensarse en la enfermedad cardiovascular como una enfermedad de las “personas mayores” y del “hombre”, son la principal causa de muerte de las mujeres en todo el mundo (1 de cada 3 muertes son de mujeres, lo que significa una muerte por minuto) por lo cual es vital que las mujeres sepan acerca de su riesgo, no lo subestimen y puedan tomar medidas para protegerse y proteger a su familia. En el marco de una política de Estado en materia de salud Uruguay promulgó la Ley 18.360, que dispone la instalación de desfibriladores externos automáticos en los espacios públicos o privados donde exista afluencia de público, los que deben ser mantenidos en condiciones aptas de funcionamiento y disponible para el uso inmediato en caso de necesidad de las personas que por allí transiten o permanezcan. En este sentido, es fundamental que las empresas, instituciones y organizaciones públicas y privadas comprendidas por la ley cumplan con la colocación de cardiodesfibriladores (DEA), ya que un importante porcentaje de muerte súbita podría revertirse con el uso precoz de un desfibrilador.
Hoy en día numerosos lugares cuentan con desfibriladores y eso es una gran ventaja dado que la mayoría de las muertes súbitas ocurren en el hogar, el trabajo o lugares públicos. Otro aspecto fundamental es que en el lugar donde se colocan estos aparatos haya personal entrenado para la resucitación, ya que las maniobras deben iniciarse inmediatamente, pues los 10 primeros minutos son vitales para la resucitación y, como se ha demostrado, por cada minuto que se retrase la resucitación se pierde 10% de posibilidades de éxito.
En este sentido, y seguramente teniendo en cuenta lamentables casos ocurridos de muerte súbita de deportistas, la Secretaría Nacional del Deporte, que dirige Pablo Ferrari, anunció en la presente Semana de la Salud Cardiovascular el objetivo de instalar desfibriladores automáticos externos en las instituciones deportivas más carenciadas, para lo cual dicha repartición iniciará una campaña de recaudación de fondos para que las empresas del sector privado donen equipamientos.
Sabido es que los clubes más débiles económicamente –y lo mismo ocurre con otras organizaciones en similar situación en otros sectores de actividad donde se producen aglomeraciones por distintos motivos–, suelen enfrentar condiciones que impiden la adquisición de estos equipos. No obstante, cabe preguntarse si corresponde que el Estado organice una “vaquita” y apele a donaciones de privados para cumplir con una responsabilidad social de velar por la salud pública en un tema que por su incidencia se sitúa entre los más importantes a tener en cuenta en prevención. Aún en épocas de recortes de gastos, seguramente sería mucho más efectivo que el propio gobierno se haga cargo de adquirir estos equipamientos y los distribuya con criterio que dejar el tema librado a la buena voluntad de eventuales donantes, dado que una sola vida que se pierda por la falta de un desfibrilador, es un precio personal, familiar y social extremadamente caro.