Aunque se han presentado diversos proyectos en estos años, sobre todo el año pasado, para corregir elementos del delito de usura, estos planteos han quedado relegados durante los gobiernos del Frente Amplio y tampoco han avanzado significativamente en la administración de gobierno actual.
Se trata de proyectos tendientes a modificar la Ley de Usura y crear procedimientos para la reestructuración de la deuda de personas físicas, lo que a juicio de varios legisladores tiene vínculos directo con abusos en la aplicación de tasas de interés, que en muchos casos son exorbitantes, y que afecta a los segmentos más pobres de la población.
Uno de los defensores de la instrumentación de modificaciones a la normativa en vigencia es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien manifestó al respecto que “se terminan pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. O sea que no tiene gollete y se lo permiten hacer. Lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
El año pasado, más precisamente el 7 de octubre, fue presentado un proyecto de ley sobre el tema que ha pasado a la Comisión de Hacienda del Senado, y en la exposición de motivos la iniciativa expresa que las ideas rectoras se basan en la legislación de Nueva Zelanda, a la vez de destacar que “se pretende legislar un único proceso para las personas físicas que se encuentren en estado de crisis económico-financiera que no sean titulares de bienes, o sea que su activo sea su única vivienda con un valor equivalente al establecido para su incorporación como bien de familia y/o sus ingresos anuales sean menores o iguales a las 120.000 unidades indexadas, lo que equivale a un año de 3 salarios mínimos mensuales”.
A su vez el representante Daniel Peña, del Partido de la Gente, elaboró una iniciativa legislativa con el objetivo de generar una herramienta que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
La regulación del sistema financiero es una inquietud que el diputado tiene desde hace largo tiempo, sobre todo, porque “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
Entrevistado por el semanario La Mañana, aseguró que ellas conforman una mesa de bancos donde prácticamente se negocia todo y se deja “presa” a gran parte de la población, más que nada, la de menos recursos y más necesitada.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.
Esto significa que acceden con el salario al crédito bancario, pero después, ante cualquier atraso, ingresan a financieras donde la ley hoy permite que haya hasta un 200% de interés anual en pesos en créditos al consumo.
Asimismo, el legislador calificó esa ganancia como “totalmente extralimitada” y “fuera de lo normal”, sobre todo, si se considera que la inflación actual del país es del 10%. “Si el Estado permite esto, directamente estamos avalando el robo a mano armada a la gente que más necesita”, lamentó.
Si bien estos argumentos son de recibo, el escenario generado por la pandemia ha dado más elementos sobre la necesidad de regular los niveles de usura, particularmente cuando unos 150.000 uruguayos fueron enviados al seguro de paro y no todos han regresado a pleno horario en sus trabajos, en el mejor de los casos.
Si bien se han abierto varias actividades, muchos de los trabajadores afectados “habían planificado su endeudamiento en el sistema bancario en marzo-abril y lo habían extendido en cuotas durante un largo período de tiempo. Lamentablemente, es difícil que muchos de ellos se reintegren rápidamente al trabajo, pero las cuentas continúan y las financieras aumentan las tasas de interés en mayor medida”, precisó el parlamentario, quien entiende que es urgente regular y bajar la tasa que a través de la Ley de Usura se le permite establecer al sistema financiero. “No podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente”, enfatizó.
En la misma línea, el especialista jurídico en la problemática financiera, Dr. Federico Graglia, destacó la situación por la que han atravesado los trabajadores en los últimos meses, puesto que debieron acudir a las financieras, que “matan al propio consumo” con sus intereses “estratosféricos”.
El especialista ejemplificó que hay trabajadores que están en seguro de paro que no cobran el 100% de su sueldo y están recurriendo a las financieras para cubrir el faltante, “a tasas astronómicas que no están reguladas o están mal reguladas por el Banco Central del Uruguay (BCU)”.
Agregó que “el Estado no tendría que permitir que las financieras se coman el sueldo del asalariado con intereses impagables”.
Debe tenerse presente que este escenario se da en el marco de la normativa vigente, pero como bien subrayó el diputado Peña, la usura es tan amplia que lo que la ley permite es un “robo autorizado” en los créditos. Es por ello que propone una modificación de fondo para bajar los niveles que la Ley de Usura estipula.
Igualmente, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio, incluyendo encajes en el Banco Central, tributación y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que deben asumir quienes están en el sistema, que hacen precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad.
En este contexto el planteo principal de este proyecto de ley es “atar” la tasa de usura a la inflación, porque “no podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente, tiene que ser reducida drásticamente”, destacó Peña.
Lo que es de recibo, además, hasta por el viejo dicho de no matar la gallina de los huevos de oro: el objetivo no debería ser “exterminar” al deudor en su vida financiera, sino darle aire para que pueda pagar sin atosigarlo con los intereses y costos sobre costos que hacen que la deuda resulte impagable. Y de paso, también rever los intereses de usura que aplican algunas tarjetas de crédito, en consonancia con los criterios de las financieras.
Ese debería ser el aspecto a contemplar en una norma de sentido común sobre la usura, en el marco de un equilibrio imprescindible para que no se beneficie a quien no paga y no lo subsidien los buenos pagadores del sistema. Pero tampoco es de recibo que se llegue a intereses cercanos al 300 por ciento, y es preciso disponer un cambio de reglas que atienda una realidad que se potencia en tiempos de crisis, pero que entraña abusos que se dan a diario, como moneda corriente, y amparados en el propio marco legal.
