Posición dominante, información pública y transparencia

En los últimos días diversos medios de prensa se han hecho eco de la negativa de la intendenta departamental de Montevideo, Carolina Cosse, a difundir el informe del Instituto Clemente Estable sobre el estado sanitario de los ómnibus montevideanos según el cual se detectó la presencia de rastros de SARS-CoV-2 en 10 de 69 ómnibus que fueron inspeccionados. La decisión de Cosse se contradice con su presentación de dicho informe exhortando a la población a no utilizar los ómnibus a menos que sea imprescindible y a emplear medios “alternativos” de transporte. ¿Por qué motivo la Intendenta Cosse pasó de presentar dicho informe a prohibir su difusión pública? Según indicó al diario El País el coordinador de gabinete de la Intendencia, Juan Canessa, el informe fue considerado “reservado” por contener “información sensible” para las empresas de transporte, pero llama poderosamente la atención que dicho cambio de actitud haya tenido lugar luego de que tanto la empresa Cutcsa como las cooperativas de transporte manifestaran su molestia por la forma en que la intendente Cosse presentó tales datos.
Todo este lamentable episodio (que refleja nada más y nada menos que el ocultamiento por parte de la Intendencia de Montevideo de datos tan vitales para el bienestar de la población) resulta un disparador para reflexionar sobre las distintas aristas y consecuencias del mismo.
En primer lugar, queda en claro cuan perjudicial puede resultar la posición dominante de una empresa sin importar en qué ámbito de la vida económica de un país pueda manifestarse. La empresa Cutcsa es el mayor transportista de Montevideo y el área metropolitana con 1.135 unidades de un total de 1.530, por lo que domina el 74% de dicho mercado, y la coloca en una posición que atenta contra la libre competencia. Tal acumulación de poder y un papel de control explícito en un área tan sensible a nivel económico y social como el transporte público explica el poder que esa empresa ha detentado durante décadas y que ningún político de ningún partido ha cuestionado y mucho menos limitado. Muy por el contrario, las empresas de transporte y Cutcsa en particular han recibido y reciben importantes subsidios por parte de la intendencia de Montevideo y del Estado y por ello resulta paradójico que una empresa que recibe dinero de los contribuyentes montevideanos se oponga a entregarles información fundamental para su salud en el marco de una emergencia sanitaria. Esa posición dominante de Cutcsa se ha visto reforzada en los últimos años por el estrecho vínculo que existió entre su presidente, Juan Salgado y el dos veces presidente de la República, Tabaré Vázquez. La cercanía y confianza entre ambos permitió que Vázquez lo nombrara asesor honorario y que acompañara al primer mandatario en varios viajes al exterior. Como el propio Salgado ha manifestado, su amistad con Vázquez le permitió acceder a selectos círculos de poder: “Estuve cenando con los reyes de España, con el presidente de España, con el presidente de Alemania, con el anterior presidente de Francia, con Putin, que fue el que más me impactó”. Tales relaciones de amistad se vuelven especialmente sensibles cuando el servicio que presta la empresa de una persona tan cercana al poder constituye un servicio público, fuertemente regulado y que además recibe subsidios del Estado o de los gobiernos departamentales.
En segundo lugar, la actitud de Cosse de ocultar la información generada por el Instituto Clemente Estable pone nuevamente sobre el tapete la importancia del acceso a la información pública, un elemento fundamental de la vida en democracia. De acuerdo con la Ley N° 18.381, se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales. Dicha norma establece que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. Durante años la Ingeniera Cosse fue protagonista de uno de los casos más comentados en los últimos tiempos: la construcción del Antel Arena cuyo costo anunciado de 40 millones de dólares terminó siendo de 118 millones de la moneda norteamericana. La propia Cosse lamentó su sinceridad inicial al afirmar que “yo cometí un error cuando anuncié el proyecto y dije cuál era el costo”; con esa forma de razonamiento lo ideal hubiese sido nunca dar a conocer el costo de esa obra faraónica para disfrute exclusivo de los montevideanos. Esta megaobra necesitará, de acuerdo con las estimaciones del actual Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, un siglo para que Antel pueda rentabilizar ese monto. En materia de publicidad, los números de Cosse también dejan mucho que desear ya que durante su gestión (2010 a 2014) se gastó un total de 91 millones de dólares en publicidad (casi el doble que lo gastado por su antecesora, la ingeniera María Simón y en el año electoral de 2014 esa suma alcanzó a 64.000 dólares diarios en publicidad y propaganda. Con cifras tan escandalosas como estas resulta fácil imaginar por qué la ingeniera Cosse no es una fanática del acceso a la información pública y la transparencia. Una característica preocupante para alguien que ha ocupado y ocupa importantes cargos de gobierno y que además es mencionada como una de las precandidatas presidenciales para el año 2024.
Por último, corresponde referirnos a la transparencia (o mejor dicho a la falta de ella) que cubre todas o casi todas las actuaciones del sector público en sus diversas formas (ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, sociedades anónimas de propiedad estatal, entre otros). Esta indeseable situación es tanto o más grave cuando involucra a una empresa privada (Cutcsa) de gran peso en el mercado en el cual actúa y lo que está en juego es la salud pública en una situación de pandemia. Lamentablemente, en esa suerte de “oscurantismo administrativo” la ingeniera Cosse no está sola, ya que varios políticos de otros partidos comparten su deseo de manejar como si fueran propios los dineros y la información que nos pertenecen a todos. Se trata de un tema sensible respecto del cual los ciudadanos debemos hacer sentir nuestra voz cada vez que tengamos la oportunidad sin importar el gobierno que se encuentre en el poder. Se trata nada más y nada menos que el derecho de saber cómo se gestionan los recursos que son de todos. Los uruguayos sirven para algo más que para “agachar el lomo” y pagar los impuestos con los cuales se financian los privilegios y el estilo de vida de los políticos; sirven para ser informados y para poder preguntar, cuestionar y ser escuchados, mal que le pese a la intendenta Cosse o a quien le caiga el sayo, sin importar el partido político al cual pertenezca ni la ideología que profese.

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