Pese a que han mejorado sustancialmente los números de la pandemia en nuestro país y en buena parte del mundo, la economía sigue rodeada de un manto de incertidumbre, y tanto los gobiernos como los analistas van y vienen en cuanto a las previsiones, aunque se ha descartado a esta altura el ansiado rebote en “V” tras la depresión generada por las medidas de combate el COVID-19.
En nuestro país se mantienen posiciones encontradas respecto al rol jugado y por jugar del Estado en esta coyuntura y las respuestas que se deben instrumentar para salir lo más rápidamente posible de esta situación de desempleo y caída de actividad, aunque en todos los casos debe tenerse presente que hay vida más allá de la pandemia.
Entre el cortoplacismo e ir poniendo ladrillo tras ladrillo para que los uruguayos no sigamos tropezando con la misma piedra, por razones estructurales, hay también alternativas intermedias, que se manejan muchas veces por conceptos ideológicos y partidario – electorales, a partir de no pagar costos políticos por hacer lo que hay que hacer.
Un caso concreto sobre los inmediatismos y costos políticos es el que involucra Ancap, si tenemos en cuenta que el ente es monopólico en los combustibles, pero a la vez aborda como empresa estatal la producción de cemento portland a pérdida, con una estructura de costos salariales de producción tan rígida que resulta imposible desmontarla sin pagar elevados costos sociales y políticos, y que determina pérdidas de decenas de millones de dólares al año.
Este déficit debe ser cubierto por un sobrecosto en los combustibles, añadido a problemas de gestión que hicieron que durante el último gobierno del Frente Amplio todos los uruguayos debiéramos pagar de nuestros bolsillos unos mil millones de dólares para recapitalizar la empresa fundida.
Pero ha sido solo un paño tibio y no una solución estructural, porque el negocio del portland es prácticamente imposible de levantar, demandaría una enorme inversión actualizar la tecnología y despedir a no menos de la mitad de los funcionarios, pero con el riesgo de seguir perdiendo, por cuanto la competencia privada es más eficiente y puede vender el producto a un precio menor que los costos de Ancap.
La Ley de Urgente Consideración (LUC), entre otros aspectos, ha incorporado un artículo –votado por todos los partidos– en el que se procura dar de mayor transparencia el mercado de los combustibles y concretamente trasladar al precio en surtidor los vaivenes internacionales de los valores del petróleo crudo. Con este artículo también estuvo de acuerdo el Frente Amplio, que lo votó, pero insólitamente ha participado en la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley que incluye esta norma.
El punto es que el precio de los combustibles históricamente ha sido fijado con criterio político en el Uruguay, apoyado en el monopolio de Ancap, para recaudar impuestos pero también para en lo posible manejar el talante social a partir de los valores de los combustibles, por lo que hubo un largo período de subsidios cruzados en la que se subsidiaba el gasoil aplicando más impuestos a la nafta, lo que a la vez fue una señal para que gran parte del parque automotor se pasara a diesel, de forma de ahorrar dinero en el consumo, lo que a la vez trastrocó la ecuación del ente desde la refinería, por cuanto el gasoil no solo era utilizado por los sectores productivos, como es el caso del agro, y en el transporte logístico, sino para todo uso.
Como del petróleo crudo sale un porcentaje definido de naftas, gasoil, fuel oil, kerosene, etcétera, ante la demanda agregada de gasoil el Uruguay debía exportar diesel para atender el consumo, por lo que sobraban naftas que incluso se han comercializado a valores ridículos a países vecinos, todo a cargo del contribuyente.
Pero claro, hay un equilibrio que atender, y si bien esta ecuación se ha ido revirtiendo por medidas para acercar entre sí los valores de ambos carburantes, a la vez de desestimular la importación de vehículos diesel livianos, igualmente es notorio que toda modificación de precios, aunque esté contenida en la ley para darle transparencia, la realidad es que es un factor decisivo en la dinámica de la economía, y el manejo de los precios tienen necesariamente un componente de política económica al que es muy difícil hacerle un by pass, por cualquier gobierno, y la constante hasta ahora ha sido precisamente el de fijar precios administrativos con criterios políticos.
El tema es que no hay reforma estructural que valga ni que arroje resultados positivos para el país mientras siga este esquema: los resultados negativos de Ancap han sido y seguirán siendo un lastre para el Uruguay. La mentada transparencia, por mejor intención que se tenga, es el mismo perro con diferente collar, porque no se va al fondo del tema: siempre somos todos los uruguayos los que nos seguimos haciendo cargo del sobrecosto por la irracionalidad de tener una empresa como Ancap produciendo a pérdida cemento y otros negocios que imponen su financiación a todos los uruguayos por ser del Estado, así como la “soberanía” de tener una refinería para un petróleo que importamos en un cien por ciento.
Al reflejar el costo por la paridad internacional del crudo, se sostiene el precio por la venta a los usuarios, en tanto hasta ahora el déficit se cubría por dinero a través de Rentas Generales, es decir desde el Estado, con el dinero de todos los uruguayos, tanto los clientes de Ancap como los que no.
La repercusión sobre la economía es más o menos el mismo, porque los valores del combustible son un insumo de producción y de logística, así como en todos los órdenes, y toda suba, con transparencia o sin ella, tiene similares consecuencias.
Y por más transparencia que se tenga, siempre se va a tener el componente de decisión política, con la diferencia de que subir o bajar cada uno o dos meses los precios, solo agrega un elemento de incertidumbre, de discusión política y el comprarse un problema polémico por el gobierno.
La verdadera respuesta estructural está en la problemática de Ancap, en abatir los costos de producción de Ancap, pese a su ineficiencia por ser empresa del Estado, y a este tema no hay quien lo atraque, para no pagar costos políticos. No lo hicieron los partidos tradicionales durante décadas, no lo hizo el Frente Amplio en quince años, y la transparencia que se ensaya ahora por el actual gobierno, también deja intacto el problema de fondo.
