El pasado fin de semana se llevó a cabo en Guichón el encuentro convocado por el Colectivo por los Bienes Naturales, en conmemoración de los 206 años del Reglamento de Tierras Artiguista. La instancia se organizó en tres mesas, la primera de las cuales consistió en la presentación de un Monitoreo en Salud y Ambiente, desarrollado por expertos de la Universidad de la República. La segunda estuvo a cargo de la Red de Semillas Criollas, y fue una puesta a punto acerca del Plan Nacional de Agroecología, y la tercera se centró en la situación del Instituto Nacional de Colonización. Justamente en este último tema fue que se centró la declaración emanada del encuentro, titulada “Balance y puesta a punto en políticas de acceso a la tierra en Uruguay”, en la que se pronunció que “A 206 años de aquel reglamento queda claro que el país cuenta tan solo con un único instrumento capaz de cumplir con el mandato aún pendiente de que los más infelices sean los mas privilegiados”.
La declaración recuerda los orígenes del instituto “creado por los legisladores en 1948, sintetiza la tradición del país respecto a la mirada nacional sobre la cuestión agraria y es heredero del espíritu de construcción de igualdad y justicia social de nuestro prócer nacional”.
Consideran en el documento que Colonización “en el presente es un sostén y refugio insustituible para la producción rural de tipo familiar y es la única esperanza real de acceso a la tierra para quienes tienen un proyecto de vida basado en la permanencia en el campo”.
Esta permanencia de trabajadores y pequeños productores “es una cuestión que trasciende lo económico, habla de cultura y de identidad nacional que debemos intentar mantener para saber hacia donde vamos como nación. Junto a la gente se mantienen formas de producción sustentables y eficaces para sostener la vida de todos, por aquello de que es la tierra quien nos alimenta a todos”, agregaron.
Los firmantes, colonos, aspirantes a colonos, trabajadores organizados, trabajadores rurales, productores familiares y organizaciones rurales o vinculadas al agro, manifestaron a través de esa declaración que se encuentran “nuevamente en la necesidad de defender los recursos económicos necesarios para el funcionamiento” del instituto, y enfatizaron que “no nos acoplamos a la confrontación inventada de campo y ciudad, y en particular la confrontación entre los desfavorecidos del campo y la ciudad”, en directa alusión a la intención de dirigir recursos del instituto a atender la situación de quienes habitan en asentamientos. “Que no se pretenda inferir que quienes defendemos el presupuesto para la compra de tierras estamos en contra de atender el problema de los asentamientos irregulares. Ambas cosas deben atenderse con recursos, no debería ser una elección entre dos situaciones apremiantes”, pronunciaron.
Asimismo advirtieron que “de no seguir incorporarse al INC tierra muchos serán los orientales, los paisanos, que deberán dejar el campo, sumándose así, a un éxodo más que prolongado, porque es claro que el modelo de producción dominante no les dejará lugar donde continuar existiendo”.
En tal sentido aseguran que “las autoridades actuales del Instituto tienen una idea compartida, así lo han hecho notar hoy como antes en varias apariciones públicas y en su comparecencia en el parlamento; es necesario que eso se vea reflejado en la votación de la Rendición de Cuentas en el Senado de la República”.
Subrayan además que las leyes que financian la adquisición de tierras por parte del Instituto “deben mantener el fin para el que fueron creadas, o bien se deberán encontrar los mecanismos alternativos para remplazarlas”.
