Un recluso del Módulo 11 del Comcar estuvo secuestrado durante 60 días dentro de una celda, estaba en grave estado de desnutrición y con signos de violencia física. La imagen, divulgada en las redes sociales por un periodista, movilizó a las autoridades, removió a algunos encargados de los módulos y motivó la adopción de medidas sanitarias dentro del recinto.
La historia se supo cuando el líder de la celda obtuvo su libertad y, ante presiones de reclusos de una celda contigua, lo liberaron y llevaron al centro de salud para su atención. El preso primario, de 28 años y padre de dos hijos, padece varias afecciones y su situación se conoció una vez que se abrió la celda en la que era sometido.
A raíz de este hecho, las autoridades resolvieron constatar en todas las áreas si había presos en la misma situación. Y las condiciones de reclusión permitían este tipo de abusos, porque en el módulo 11 hay casi 800 personas presas y contaban con solo dos policías para vigilancia.
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, hizo la denuncia penal y pidió la urgente intervención de la Fiscalía. El Ministerio del Interior, por su lado, ordenó la revisión sanitaria que posteriormente se extendió a todos los reclusos y también elevó una denuncia penal.
Un comunicado emitido por el ministerio aseguraba que “la situación de esta persona se desconocía” a pesar de las recorridas semanales de los policías y la revisión de las rejas. Sin embargo, este hecho en particular sirvió para constatar que otros reclusos tenían bajo peso, asociado al consumo problemático de drogas.
Pero hay un cuello de botella planteado para las autoridades, y es que no pueden controlar a quienes sacan las fotos de determinadas situaciones que ocurren dentro de las cárceles y se divulgan en las redes sociales. En realidad, el nudo gordiano está en otro lado.
Este preso primario había sido ubicado en el módulo 11 junto a otros pesados y, con la difusión de su caso, fue trasladado a otra celda. Pero el problema viene desde administraciones anteriores, ante la falta de una política carcelaria que se ocupe de diferentes gestiones.
El lento proceso de los proyectos de ley anunciados en el Parlamento para mejorar la situación carcelaria del país requiere de una visión amplia y lo menos partidizada posible. Petit presentó a mediados de este mes un “Plan de combate a reincidencia y en favor de la rehabilitación”, para enfrentar a un gigante lleno de problemas y a punto de explotar.
Porque las cárceles uruguayas tienen casi 14.000 personas privadas de la libertad y ese número está en constante aumento. Es un récord histórico, porque Uruguay cuenta con el índice más alto de reclusos per cápita de Latinoamérica y Europa. Pero, además, con un alto porcentaje de reincidencia.
Las soluciones manejadas entre el espectro político, los técnicos y las autoridades, están en constante entredicho. Mientras el ministro Luis Alberto Heber anuncia la construcción de nuevas cárceles para ampliar la capacidad locativa y evitar el grave hacinamiento –que en algunas cárceles es crónico–, el comisionado Petit opina que una ampliación de los celdarios será más de lo mismo y no combatirá el problema de fondo. En medio de estas cuestiones, aparece la problemática del financiamiento y la dotación de funcionarios para un sistema que no rehabilita, sino que ayuda a profundizar el conocimiento sobre el delito.
Y, sin embargo, la alarma pública cuestiona sobre el ingreso de personas que cometieron delitos leves. ¿Van a soltarlos a las calles? ¿Habrá una mayor impunidad para combatir el delito? ¿Las penas alternativas realmente sirven para cumplir el objetivo de devolverlos a la sociedad?
Unas 10.000 personas aproximadamente cumplen con estas medidas en Uruguay y la mirada está puesta hacia allí. Al menos con la última decisión del gobierno de pasar a la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con la última Rendición de Cuentas.
Pero, para tener en cuenta la base del delito, habrá que combatir el consumo problemático de drogas y la atención por equipos multidisciplinarios que, por el momento, no existen. Incluso, reconocer que este fenómeno ya instalado en las grandes ciudades y en las pequeñas comunidades, creció mientras las sucesivas gestiones no resolvían o, peor aún, miraban para el costado.
Es que, tampoco en este caso, la situación carcelaria fue sometida a una política de Estado que transversalizara las soluciones para que las administraciones siguientes no tuvieran la carga pesada que, a su vez, le pasaban a quienes seguían. Y todo, sin resolver o creyendo que con un aumento de plazas se mostraba una decisión de corrección política.
Si la atención a la salud está extendida entre la población de escasos recursos, cabe preguntarse si existe en iguales condiciones dentro de los centros de reclusión.
Y cuestionarse cuántas camas disponibles hay en Uruguay para tratamiento de las adicciones o de los problemas de salud mental que, en otras situaciones, derivan en suicidios u homicidios que aumentan las estadísticas año tras año.
A 15 minutos del centro de la capital del país, en el Comcar se aloja un tercio de los presos del país. En las cárceles, en general, se registraron en lo que va del año un total de 55 muertes entre homicidios, muertes dudosas y suicidios. Durante todo el año pasado fueron 48.
La clase política en el Parlamento y el gobierno tendrán que ponerse de acuerdo para evitar situaciones como las ocurridas en el Comcar, porque el problema no es la foto, sino la película. Esa misma que nos remite a las cuevas con rejas del medioevo.