José Olivera, coordinador de la Comisión Nacional Pro Referéndum en representación del Pit Cnt y presidente de Fenapes (Federación Nacional de Enseñanza Secundaria), dijo en el medio de la campaña que promueve el voto en rechazo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), recurso sobre el cual aún trabaja la Corte Electoral, que “hay un argumento muy importante que aparece cuando comienza a desaparecer de la escena nacional como preocupación de la gente el tema de la pandemia, cuando la vida estaba en juego, que es lo que dicen todas las encuesta de opinión, que se refieren a esos problemas principales”.
Y los detalló indicando que se trata de “la falta de empleo; la reducción del poder de compra, de los salarios tanto del sector público como privado y con ellos también de las jubilaciones y pensiones; el aumento de la pobreza; y la inflación fuera del rango meta, como lo demuestra el aumento importante de precios”.
“Todos estos elementos no son directa consecuencia de la pandemia, sino un conjunto de definiciones que están contenidas o resumidas en pocos artículos de la LUC, que se conoce como regla fiscal”, aseguró y subrayó luego que “la que establece la LUC no va a resolver los problemas de la gente. Esto lo estamos señalando porque se prioriza el cierre de cuentas desde el punto de vista de la macroeconomía, sin preocuparse por darle una respuesta concreta a la gente”.
“Cuando se dice que falta el empleo si no hay inversión pública y que la única apuesta es a los inversores privados, en el mundo actual es muy complejo que se concrete lo relacionado con la generación de puestos de trabajo”, expresó más adelante Olivera. En la misma línea, hizo énfasis en que “en un país cien por ciento dependiente de la compra de petróleo, donde el combustible subió en los últimos dos meses en tres oportunidades y la baja reciente ya estaba remarcada en las góndolas, por lo que no fue una rebaja, todo impacta negativamente en el bolsillo de la gente”.
Recordó que “el presidente de la República dice que en el marco de la pandemia se ahorraron 600 millones de dólares”, pero que en realidad “se recortó el presupuesto en educación y salud. Se quiere sacar el Instituto de Colonización para regularizar asentamientos también”.
“Hay un conjunto de expresiones políticas que el gobierno que las aplica, más allá de las consecuencias que dejó la pandemia, que están establecidas en la LUC y que, en última instancia, son la expresión de ese programa de gobierno”.
“Pero la inmensa mayoría de nuestro pueblo comienza a comprender que cada día que pasa hay más dificultades para parar la olla por decirlo de alguna manera, y debe comprenderse que esto no es consecuencia exclusiva de la pandemia, sino que es consecuencia de políticas que son de este gobierno”.
Para el coordinador de la Comisión Nacional Pro Referéndum en representación del Pit Cnt, “todo esto es producto de esos artículos de la regla fiscal. Y no es que Uruguay no haya tenido históricamente una regla fiscal. Los gobiernos frenteamplistas tenían una regla fiscal”.
“El problema es que la actual limita el nivel de endeudamiento, de gastos, se auto impone ciertos niveles de déficit fiscal. Y la realidad es que nadie sabe cómo se determina y define un nivel de gastos determinado. A veces en los hechos, como ha pasado en la pandemia, los Estados deben endeudarse e invertir más para poder atender las consecuencias sociales que tiene la gente”.
Y resumió su postura indicando que “votar el Sí en el marco referéndum implica rediscutir esa regla fiscal que hoy impone límites y que está afectando la vida de la gente, concretamente en esos cuatro temas: empleo, pérdida de poder de compra de salarios, jubilados y pensiones, aumento constante de precios y de la pobreza”.