El 7 de julio de 2002 publicábamos en la portada de EL TELEGRAFO una foto que recorrería el mundo, repicada por la agencia de noticias francesa AFP. La imagen mostraba un camino de hormigas en que se había transformado el puente internacional General Artigas, con cientos de personas cruzando el tendido a pie portando bolsos repletos de alimentos y productos adquiridos en la vecina orilla. Era en plena crisis económica, la mayor de que se tenga registros pero que recién impactaba en Uruguay, puesto que en Argentina había estallado seis meses antes. Por eso la diferencia cambiaria era abismal, y los mismos productos que acá eran “carísimos” allá se podían comprar a precios irrisorios.
Poco después, cuando las economías de los dos países se equilibraron –ambos quedaron fundidos, solo que Argentina eligió el camino del default para no pagar la deuda externa–, ese milagro por el cual del otro lado del río todo estaba “regalado” se esfumó. Pero para ese entonces ya era tarde para Paysandú que a pesar de estar en mejor posición para enfrentar la crisis con respecto a otros departamentos, por contar con industrias que seguían exportando y produciendo, fue de los que peor la pasó, con miles de sanduceros sin empleo y otros tantos emigrando en masa a países europeos o Estados Unidos, dejando atrás sus familias quebradas y con deudas impagables, así como también se disparó la tasa de suicidios a niveles históricos. Una dolorosa lección que dejó profundas heridas que hasta hoy perduran en nuestra sociedad.
Asimismo, cuando el país comenzó a recuperarse, Paysandú fue de los últimos en acusar la mejoría.
Hoy, el lento pero irreversible retorno a la normalidad tras la crisis sanitaria de la COVID-19 es un hecho próximo para festejar, por cuanto no solo implica superar una amenaza que ha acarreado miles de muertes en el Uruguay y de muchos millones en todo el mundo, sino que a la vez será la instancia que se estaba esperando para intentar poner nuevamente en marcha plena a la economía, y con ello una mejora en la calidad de vida, en el empleo, en el reciclaje de recursos; en suma, generar condiciones para un derrame de más bienestar en la población que, naturalmente, nunca es homogéneo.
La crisis sanitaria golpeó de manera distinta en cada país y en el caso de Argentina –donde todavía hay lugares en que la pandemia no ha sido controlada completamente–, las políticas económicas y sanitarias llevadas adelante por el gobierno de Alberto Fernández han dejado a la nación en una situación muy precaria, con una moneda que no vale nada mientras un 40% de la población cayó en la pobreza y más de un 10% en la indigencia.
Así, vuelve a presentarse una situación similar a la de julio de 2002, con un gran desequilibrio de precios entre una y otra orilla, aunque afortunadamente de este lado estamos bastante mejor en términos relativos, con índices de pobreza de “apenas” un 11,6% y una indigencia de menos del 0,4%. Por supuesto eso no quiere decir que podamos tirar manteca al techo ni es algo para festejar, porque la realidad es que muchos sanduceros están pasando mal y a la gran mayoría los números no les dan, al ver reducidos sus ingresos.
Pero esa precaria situación de privilegio con respecto a la Argentina podría esfumarse en un abrir y cerrar de ojos en las ciudades fronterizas, de volver a ocurrir lo que pasó en 2002. Porque el contrabando hormiga puede parecer una tabla de salvataje para muchas familias que hoy cuentan sus pesos para adquirir los elementos más básicos de la canasta del hogar, pero en el mediano plazo eso se traduce en cierre de comercios, desocupación, cesación de pagos y pobreza, aumentando la situación de angustia. Y lo que pocos quieren reconocer es que el trabajador que se queda sin empleo tampoco tendrá un salario para gastar en la vecina orilla. Porque sin dudas que la ecuación más tentadora es ganar en Uruguay y comprar en Argentina, pero eso no es sustentable.
Lamentablemente la disconformidad social actual sumado al efecto de las redes sociales –que poco aportan al sentido común y sí al rencor y el resentimiento– nubla el raciocinio de quienes no quieren entender que Uruguay es un país caro por diversas razones y no porque los comerciantes se estén enriqueciendo a costa de los trabajadores aprovechando que los puentes están cerrados. Son muchos los gastos que deben afrontar para mantener la persiana en alto, entre ellos los salarios de sus empleados. Y también sufrieron y sufren los efectos de la pandemia, aunque en menor medida justamente porque el tránsito vecinal fue cortado.
Y como bien señala el diputado del Frente Amplio por Río Negro, Constante Mendiondo, cuando se instala el trasiego masivo, “los perjudicados somos los litoraleños y los que cruzan al otro lado no son los más pobres. En cualquier caso, los pequeños comercios son los que mueren primero”.
En diálogo con EL TELEGRAFO, el legislador reconoció que “lo primero es tener mucha amplitud. Hay que estar muy juntos con las asociaciones comerciales porque son el sostén del comercio y, a su vez, el comercio es el sostén del empleo. Y, luego, la política. Es decir, los gobiernos departamentales y los municipios, además de los representantes nacionales, para terminar en un proyecto de ley”. “El país ya perdió una cantidad enorme de puestos de empleo y hay una ingreso grande a la pobreza con más de 100.000 uruguayos. Por eso decimos que va a ser un problema grande cuando se abran los puentes”.
Dijo que la legislación actual “apunta a fortalecer y brindarle instrumentos a los comercios locales para que se vuelvan competitivos. Porque el ideal es que no haya un trasiego permanente y sea atractivo quedarse. Pero en las condiciones actuales es imposible”. Apuntó que “ir por el lado del ‘cero kilo’, nunca dio resultado. Eso es vecino contra vecino y la clave está en no hacer atractivo el cruce”.
Sin embargo no es fácil “volver competitivos” a los comercios locales, por cuanto la carga impositiva, los servicios y los salarios de Uruguay son mucho más altos en dólares que en Argentina. Y aún si se pudiese resignar la parte tributaria en las ciudades fronterizas y los precios de los productos fuesen entonces similares a los de la vecina orilla, eso crearía una gran desigualdad con el resto del país, que además de ser injusto promovería una suerte de contrabando interno. ¿Y cuál sería la solución para evitarlo? ¿Instalar una aduana en Constancia y otra en La Lata? Obviamente eso sería absurdo. Por el otro lado, el “cero kilo” –a diferencia de los que sostiene Mendiondo– sí dio muy buen resultado cuando se aplicó a rajatabla durante el gobierno de Mujica, y permitió sostener la base de la economía local en momentos de fuerte desequilibrio de precios, manteniendo la libre circulación de personas por el puente.
Pero rescatamos entonces que los diputados que representan cuatro partidos “han manifestado una conjunción política muy fuerte”, buscando la mejor salida con los gobiernos departamentales y los centros comerciales de la región.
Ojalá todos estos elementos se tengan en cuenta a la hora de tomar las medidas que inevitablemente deberán llegar, ponderando debidamente los pro y los contra, y que la comunidad ponga de su parte para aportar a una respuesta que nos beneficiará a todos, por encima de colores políticos y situación social.