“El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo”. Así encabeza un informe sobre la situación de este delito en nuestro país la embajada de Estados Unidos en Uruguay, que lo situó en el Nivel 2.
Comencemos por entender un poco más sobre este delito, tan complejo, que muchas veces la misma víctima no se identifica como tal. No son pocas las ocasiones en las que ha habido incluso protestas de personas que estaban siendo sometidas, en defensa de las personas que estaban vulnerando sus derechos.
Técnicamente, de acuerdo al protocolo de Naciones Unidas del año 2000, “Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Esta explotación, agrega, “incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
La definición es muy específica en advertir que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no se tendrá en cuenta, por esta misma falta de percepción que a veces ocurre.
En el caso de las personas menores de 18 años, solamente alcanza para configurar trata con “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación”.
El informe señala que el Gobierno uruguayo “demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior si se tiene en cuenta el impacto que la pandemia de COVID-19 puede haber tenido en su capacidad de lucha contra la trata”, en función de esto es que el país se mantuvo en el nivel 2.
Este trabajo, dice el informe, “incluyó formalizar a más tratantes, aumentar el número de unidades especializadas en la lucha contra la trata en Montevideo e iniciar la mayor investigación sobre delitos de explotación sexual del país, que incluyó delitos de trata y llevó a identificar 20 víctimas de trata menores de edad y formalizar a más de 30 personas por buscar víctimas de trata infantil con fines de explotación sexual”, en alusión a la sonada Operación Océano.
No obstante señala que el gobierno “no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave”, y en este sentido menciona que se identificaron menos víctimas que en el período del informe anterior, que los funcionarios policiales e inspectores de trabajo “no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática”, y el gobierno “no ofreció servicios adecuados para las víctimas ni acceso constante a refugios”.
Advierte además que se dedicaron “recursos insuficientes tanto a investigar, formalizar y condenar a autores del delito de trata con fines de explotación laboral, como a proteger a las víctimas de este delito”. También advirtió que algunas víctimas “se negaron a participar en juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
El informe, que se puede consultar completo en la página web de la embajada (uy.usembassy.gov/es/informe-sobre-trata-de-personas-2021-segmento-de-uruguay) incluye además una serie de recomendaciones priorizadas, la primera de las cuales es “brindar servicios adecuados y refugio a todas las víctimas, especialmente a las víctimas de sexo masculino y a aquellas que se encuentran fuera de la capital”. Y aquí hay un detalle a tener en cuenta, porque se desprende de este estudio que la problemática es bastante más compleja en el interior del país que en Montevideo, a la par de la diferencia en los controles que se ejercen.
También se recomendó “aumentar la capacitación para los funcionarios policiales, inspectores de trabajo, Prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales” con el propósito de comprender mejor la trata de personas “y, cuando corresponda, identificar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral”. El país, entienden los expertos, debería implementar “una serie de lineamientos de rutina para la identificación proactiva de víctimas de trata y capacitar a los funcionarios en su uso”, además de “asignar un presupuesto específico para luchar contra la trata, financiar la aplicación del plan de acción nacional y de la ley contra la trata, y aumentar el presupuesto para los servicios para víctimas”. En este sentido se recomendó “ampliar los servicios de largo plazo y de reinserción, incluida la formación vocacional”, así como “condenar a los tratantes con penas adecuadas, que deberían implicar períodos de encarcelación importantes” y “garantizar la seguridad de las víctimas que participen en los juicios contra sus tratantes”.
En Uruguay, por el artículo 78 de la Ley de Migraciones, promulgada en 2008, se castiga la trata de personas con penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Penas que, de acuerdo al informe, “son lo suficientemente severas” y “acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación”. Las penas se incrementan de un tercio a la mitad si el delito de trata involucra a una víctima menor de edad.
En los últimos 5 años se investigaron 55 casos de trata, que llevaron al procesamiento o formalización de 39 presuntos tratantes, de los cuales se condenó a solo 15.
De las 37 víctimas de trata atendidas por Inmujeres en 2020, todas mujeres adultas, la mayoría eran uruguayas, dominicanas o cubanas.
Si bien las víctimas pueden presentar demandas civiles para obtener una reparación de sus tratantes, no se informó que alguna lo hubiese hecho en 2020. Tampoco si se otorgaron permisos de trabajo y residencia a las víctimas extranjeras.
El delito de trata no es de fácil constatación y presenta esta dificultad adicional de que muchas veces la misma víctima no se reconoce como tal. Sin embargo, cuando el año pasado el gobierno habilitó una línea telefónica directa, específica para una investigación a nivel nacional, además de información vinculada al caso se recibieron pistas que permitieron abrir cinco investigaciones nuevas, al menos una de las cuales refería a un posible delito de trata de personas.
Además, no se trata de un problema que afecte solamente a personas extranjeras en nuestro país. Las redes de captación operan también en Uruguay. En los últimos cinco años se ha explotado a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior, que han sido obligadas a practicar actos sexuales con fines comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España.
Hay otras ramificaciones aún más complejas, como el caso de los tripulantes de barcos pesqueros (con banderas asiáticas principalmente). Entre 2018 y 2020 hubo 17 fallecimientos de tripulantes asociados con buques pesqueros. Antes de ese año “había un promedio de 11 tripulantes fallecidos al año”.
Como nación no podemos permanecer ajenos ante este panorama nada alentador.