(Búsqueda)
Frente a una denuncia de violencia doméstica, la Justicia debe tomar medidas rápidas para proteger a la víctima. Se retira al denunciado del hogar, si es que conviven, y se le ordena que mantenga distancia para prevenir el riesgo de un daño grave. Si hay hijos, se suelen suspender los contactos por 90 días como prevención. A continuación el juez cita a una audiencia para evaluar la situación y escuchar a ambas partes. En esa instancia la víctima concurre con un abogado, que la mayoría de las veces es un defensor público. También la persona denunciada tiene derecho a contar con asistencia legal.
Sin embargo, debido a que no hay suficientes defensores públicos para representar a ambas partes, en la gran mayoría de los casos solo las presuntas víctimas tienen asistencia. Los denunciados, generalmente hombres y de bajos recursos económicos, pasan por todo el proceso sin un abogado que los represente frente al juez.
La situación preocupa a los defensores de oficio, que desde hace años reclaman que se aumente el número de cargos para dar una asistencia adecuada a ambas partes. Como hasta ahora no han obtenido respuesta de las autoridades, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) resolvió hacer pública la “alarmante” situación de indefensión que viven las personas denunciadas, según expresa en un comunicado que fue difundido ayer.
De acuerdo a las estadísticas que llevan los defensores de la materia Familia Especializada (que toma medidas de protección ante casos de violencia doméstica o de vulneración de derechos de menores de edad), entre el 80% y el 90% de las resoluciones que se dictan son “anulables por indefensión de al menos una de las partes”.
La imposibilidad de asistir a todos se evidencia en los números: en Montevideo hay 12 defensores para cubrir el trabajo de 12 Juzgados de Familia Especializada. Es decir, uno por sede, cuando se necesitarían por lo menos dos. Por lo tanto, deben elegir a quién asistir, y se prioriza a la víctima.
Así, “se ha naturalizado la celebración de las audiencias en total indefensión” de una de las partes afirman los defensores en una carta que enviaron a la Adepu semanas atrás para pedirle que denuncie públicamente el problema. “Como abogados y sobre todo como defensores públicos entendemos que debemos ser los primeros en denunciar la situación”.
“No se puede combatir la violencia con violencia institucional”, dice la carta. “Tener que comparecer ante un juez solo y sin tener la oportunidad de que un abogado instruya, asesore, explique los motivos de la comparecencia, los fundamentos de una orden de restricción, los argumentos para que vuelva a su casa con una tobillera, o no pueda ver a sus hijos, son circunstancias que contienen un grado de violencia de tal magnitud, que jamás van a colaborar en el combate a la violencia sino todo lo contrario”, advierten.
DETECTARON 290 CASOS Y HUBO DOS FALLECIDOS
(SINAE)
Este jueves se llevaron a cabo 9.193 análisis y se detectaron 290 casos nuevos de la COVID-19. De éstos, 152 son de Montevideo, 25 de Canelones, 16 de Florida, 16 de Maldonado, 14 de Rocha, 12 de Paysandú, 11 de Soriano, 8 de Cerro Largo, 8 de Río Negro, 7 de Tacuarembó, 6 de Lavalleja, 5 de Salto, 5 de Treinta y Tres, 2 de Colonia, 1 de Durazno, 1 de Rivera y 1 de San José, informó el Sinae.
Se registraron dos fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2. Una de las víctimas era un hombre de 60 años de Montevideo, y el otro un hombre de 82 años de Rocha. Hasta el momento son 6.149 las defunciones con diagnóstico de COVID-19.
Actualmente hay 2.499 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 14 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos.
CONVERSACIONES EN LA COALICIÓN SOBRE PEDIDO AL BID DE LA IM
(EL PAÍS)
Ante la necesidad del Frente Amplio de negociar con blancos y colorados para conseguir los votos para aprobar en la Junta Departamental un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 70 millones, los dirigentes de la coalición se reúnen para resolver cuál será su estrategia política. Las charlas ya comenzaron, y también los cálculos electorales.
Las conversaciones entre dirigentes escalaron a lo más alto, ya que los ediles de la coalición recurrieron a los líderes del Partido Nacional y el Partido Colorado para analizar las posturas partidarias. Así es que el secretario general de los colorados, el expresidente Julio María Sanguinetti, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunirán con la bancada de ediles de sus respectivos partidos.
El objetivo es definir la respuesta que se le dará al Frente Amplio, y abrir las negociaciones con la administración de la intendenta Carolina Cosse. El escenario se asemeja al debate que a comienzos de este año se dio en Canelones, cuando el intendente Yamandú Orsi pidió el apoyo de blancos y colorados para aprobar un fideicomiso por U$S 80 millones para obras en el departamento, algo que finalmente no obtuvo.
La intendenta Cosse diseñó un pedido de préstamo al BID por U$S 70 millones. Son para financiar un plan de limpieza por U$S 47,6 millones y obras de saneamiento por U$S 22,4. Dentro de esos rubros hay montos asignados a mantenimiento, lo que implica por ejemplo la reparación y el recambio de los contenedores de basura. Allí es donde se genera la principal preocupación de blancos y colorados, sumada a que el pago de ese préstamo comenzaría a realizarse durante el próximo gobierno departamental y no durante la administración de Cosse.
