Tres familias del barrio Curupí serán desalojadas de los predios que ocupan, luego de instalarse en zona inundable y a raíz de una resolución de la Inspectoría Territorial de la Intendencia de Paysandú, que prohíbe la construcción en el área por debajo de la cota establecida. Una de las familias adquirió la casa a una residente anterior y aseguran que estaban en desconocimiento de la medida de las autoridades departamentales.
La edila del Frente Amplio, Natalia Martínez señaló que “la Intendencia tiene fijado el desalojo de tres familias con el argumento de que es zona inundable, como casi todo el barrio. Me contacté con una de las familias, que es una pareja joven que compró el ranchito que fueron mejorando muy precariamente”.
Noelia y Diego Bica residen en el barrio desde hace más de seis meses y “obviamente no les gusta vivir así. Pero, es su única opción y que de ser desalojados quedarían en la calle, sin ningún lugar adónde ir”.
Según la edila, “se comunicaron con el intendente Nicolás Olivera, vía WhatsApp, quien le contestó (tengo el mensaje) que la Intendencia no tiene una solución para ellos y que los pueden ayudar con una canasta de materiales. Pero no especificaron cuándo, ni cuánto. Una cosa totalmente inútil para esta situación ya que no tienen un terreno donde levantar otra casita”.
Martínez continuó sus contactos con otras autoridades municipales. “En función de lo que me relatan y los cedulones que vi, llamé al secretario de la Departamental Nacionalista, Gerardo Muria, para preguntarle si estaba al tanto y si había alguna forma de solucionarle a esta gente ese problemón. Quedó en asesorarse y llamarme. Hace dos días que estoy esperando”, dijo a EL TELEGRAFO.
El viernes se reunió con el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ignacio Ifer y el director ajunto, Alejandro Colacce.
“Propuse armar una cuadrilla y oficiar de nexo con la brigada del Sunca Agustín Pedroza para ayudar a esa gente a levantar su casa, si les dan otro lugar donde vivir y les otorgan los materiales. Porque no solo llevamos los problemas, también ofrecemos soluciones. Sin ser gobierno nacional y departamental, nos sobra empatía y solidaridad. Pero se ofenden cuando le decís que son ellos los responsables por la gente, ya que gargantean que ganaron por 7.000 votos. A la hora de amparar al pueblo y de dar soluciones, hay que andar arriba de ellos porque se hacen los desentendidos”, afirma Martínez.
Explicó que este martes 25, “es la fecha de demolición de tres ranchitos. Ni Farinha, ni Olivera dan respuestas coherentes a estas familias. Vergonzoso, lamentable que dejen gente en la calle sin importarles nada”.
Sin saber
Bica señaló que “compramos sin saber. Recibimos un recibo por la compra neta, pero la anterior residente nunca nos dijo que estaba en zona inundable y que no podía vender. De lo contrario, ni siquiera nos metíamos a hacer el negocio. Ya le mandé mensajes y ella responde que la Intendencia nunca fue a notificarla ni tampoco firmó ninguna notificación para que saliera”.
Molesto por la situación, precisó que “le dije a Farinha que si demuelen la casa, nos dejan en la calle. Y a Olivera, le mandé mensaje hace como tres meses y nunca me contestó. Porque cuando llueve, acá no se puede ni entrar”.
Agradeció la propuesta de la canasta de materiales, pero aseguró que “si no tengo un terreno no puedo hacerlo”.
Cuestionó “la cantidad de casas viejas que hay y abandonadas que, si me dan una, me voy por un tiempo hasta que lo solucione. Estoy dispuesto a reformarla porque algo entiendo de albañilería”.
Bica agregó que “ninguno, ni Olivera ni Farinha, vinieron personalmente. Y los inspectores dicen que golpearon las manos y no había nadie para dejar el papel con la intimación. Eso no es cierto, ellos dejaron el papel y se fueron. Cuando se los dije a ellos mismos, no me respondieron”.
Aseguró que “van a sacar solamente a tres familias, cuando hay varias viviendo en el Curupí que desde hace más de diez años esperan por un realojo. Les dije que si van a sacar a las familias, que lo hagan con todas y sean parejos”.
Bica consignó que “el papel no tiene firma judicial que asegure que van a demoler, lo trajo la Intendencia y no es judicial. Si nos vienen a sacar el 25, van a demoler lo poco que hicimos y en mi caso, tengo las boletas de las chapas y los pisos que compré. Y si vienen a romper, lo van a hacer conmigo adentro, porque lo levanté con sacrificio. También les pedí un trabajo porque hago changas y me dijeron que no había. Es que si tengo un trabajo, me voy a alquilar y no los molesto más. Pero dan la orden y no dan una solución, porque las demás familias también dijeron que se van a quedar hasta el final”.
