La Intendencia de Paysandú resolvió extender por diez días, el plazo para la demolición de tres viviendas en el barrio Curupí cuya fecha vencía hoy, a fin de ejecutar las disposiciones legales establecidas en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial que prohíbe el afincamiento en terrenos inundables.
“Pedí información sobre las gestiones realizadas por la pareja que tiene mayores inconvenientes. Tengo el expediente frente a mí y el 14 de enero, fueron recibidos por el personal de Ordenamiento Territorial. Solicitaron un plazo y ese día le dieron diez días hábiles a partir de la fecha de demolición, es decir desde el 25 de enero e irá hasta el 8 de febrero”, dijo a EL TELEGRAFO el intendente interino Fermín Farinha.
Dicha resolución se adoptó, “bajo la condición de buscar un lugar para irse. Ya sea a un terreno y le ayudamos con una canasta de materiales o a una vivienda y le apoyamos en las refacciones. Pero la Intendencia no le proveerá de un terreno o una vivienda, sino que será con familiares o vecinos que le ofrezcan un espacio”.
Farinha aclaró que “lo que digo consta en la foja del expediente, donde ellos comparecen y firman el 14 de enero. Vinieron Noelia Verachtert y otra señora, que vive en otra vivienda, a la hora 12 donde piden expresamente esa extensión del plazo”.
El jerarca municipal agregó que “la mayoría de estas situaciones se resuelven de la mejor manera posible y se espera para que desarmen la construcción y se lleven los materiales a otro lugar. De lo contrario, si ellos permanecen dentro de la vivienda se pedirá el auxilio de la Justicia”.
Intimación municipal
Consultado sobre el trámite administrativo que requiere la intimación de desalojo, especificó que “desde el punto de vista administrativo, tenemos el ejercicio de la policía territorial por la Ley 18.308. Con esa competencia, los gobiernos departamentales hacemos actuaciones administrativas e intimaciones ante la constatación de viviendas precarias en lugares inundables. No son caminos de directa imposición y se hace un abordaje con las personas y asistentes sociales”.
Aclaró que “el artículo 68 de esa ley, habilita a los gobiernos departamentales de impedir la construcción y demoler, a costa del propietario, por el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Si continúan en el lugar, tenemos una instancia judicial a la que no queremos llegar”.
Por otro lado, alertó que “estamos viendo en las redes sociales que, en algún caso puntual, también tiene cedulón de demolición y publican la venta del terreno”.
Ley de ordenamiento
La familia que expuso públicamente su caso, denunció que “todo un barrio” se encuentra en contexto irregular y que solo van a demolerse tres viviendas. “Nosotros actuamos con la ley de Ordenamiento desde 2016 hasta acá y lo que hay para atrás también se encuentran en terreno inundables. Por eso, se hacen relocalizaciones en función de la cota en la que se encuentran. Pero no se mira a uno y a otro con una vara diferente. Las cartas están sobre la mesa, es lamentable que se le genere expectativas a la gente y se saque un rédito político”.
Farinha consignó que “esta es una pareja víctima de una situación que desconocían y si a eso le sumamos que figuras de relevancia pública le informan sobre derechos, pero no usan los canales oficiales, le generan expectativas que terminan en frustraciones”.
Reiteró que “para la Intendencia es imposible tener viviendas o terrenos a disposición de esta problemática porque no es su rol y no es agradable para nadie porque se trata de familias y todos buscamos una solución”.
Abordaje integral
Recordó que “en el período pasado se hicieron 31 demoliciones y este procedimiento es bueno por el abordaje integral. No es una medida de imposición y en ese lugar se viene trabajando desde hace marzo del año pasado. Conocemos los vecinos, sabemos los nombres y sus ocupaciones. Es decir, hay un abordaje con asistentes sociales. Ahora, si vamos un día y hay una habitación pero a la semana siguiente vemos que construyeron dos habitaciones, es que hay una voluntad de afincamiento y no de irse”.
Según el intendente, “a los pocos de días de estar ahí, ellos sabían que se tenían que ir. Está la firma de la señora Noelia el día 14 y el 20 de enero se hizo una nueva visita. Incluso estuvieron con la arquitecta Natalia García de la Inspectoría Territorial.
En lo que va de la actual administración, “nosotros también hemos hecho varias intimaciones y otras veces no alcanzó a la demolición porque las familias se llevaron los materiales a otro lugar. Y, dentro de este grupo, otras familias nos dieron la seguridad que se van a trasladar de ahí”.
“No sabemos de extensión del plazo”, según vecino
El ocupante de una de las viviendas en el barrio Curupí que será demolida el 7 de febrero, luego de la extensión del plazo otorgado por la Intendencia de Paysandú, Diego Bica, aseguró que no está en conocimiento de los 10 días de extensión del plazo.
“A mí nunca me mandaron mensajes, ni Farinha nunca me avisó. Dijo a los medios de comunicación que nosotros estábamos avisados de los 10 días y no es así. En esa parte mintió porque nosotros nunca salimos de acá”, señaló a EL TELEGRAFO. Explicó que “es posible que se refiera a las otras dos familias, pero puntualmente nosotros no. Hasta ahora no tuve una respuesta y no sé qué hacer. Lo único que dijo es que se mantiene la decisión firme de demoler pero que la aplaza por 10 días. Por eso, repito que si sabía que esto pasaría, no compraba acá porque la anterior habitante nunca me dijo nada y la Intendencia estuvo mal en no avisarnos del plazo de 10 días ya que vinieron tantas veces a tirarnos el cedulón de intimación”.
En la jornada anterior, “mandamos un mensaje a la página Luis Lacalle Pou y nos respondieron con una dirección de correo. A ese mail mandamos una carta y un video, con detalles de nuestra situación y también esperamos una respuesta. Hasta ahora no hay nada y en la tarde de hoy (por ayer) también le mandé un mensaje a Farinha pidiéndole nuevamente una mano y diciéndole que el banco de materiales no me servía porque no tengo familia que dé un terreno, pero tampoco tuve respuesta”.
Edila Martínez solicitó una “pronta solución” para detener el lanzamiento
La edila del Frente Amplio Natalia Martínez, envió una minuta al intendente interino, Fermín Farinha, luego de hacer pública la situación de tres familias, cuyas viviendas se levantaron en terreno inundable y deberán ser demolidas.
“Ante la situación generada en perjuicio de tres familias alojadas en el barrio Curupí, que serán desalojadas por la Intendencia Departamental procediendo a la demolición de sus precarias viviendas”, consideró que “en estos días se han realizado gestiones con autoridades municipales y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) sin llegar hasta el momento a una solución que evite que dichas familias sean expulsadas a la calle de su lugar de residencia que si bien es precario, también es cierto que es de lo que disponen en el momento como forma de solución habitacional”.
La edila expuso que las familias “llegaron a construir en dicho lugar no apto, porque evidentemente falló el control y el seguimiento correspondiente que alertara, a la vez que impidiera en tiempo y forma que el hecho de la construcción se consumara y en aquel momento haberse buscado una solución”.
Martínez aseguró que “desde el Gobierno Departamental se dispone de los instrumentos logísticos y legales para detener dicha situación dando una solución provisoria, que seguramente no será definitiva para las familias, como tampoco es la actual en la que se encuentran”. Finalmente, solicitó a Farinha que “busque prontamente una solución que pasa por detener el lanzamiento y posterior demolición. Se trata de un acto humanitario, de defensa de derechos, que va más allá de cuestiones administrativas”.
