No es ninguna novedad que a los ojos montevideanos problemas que son frecuentes en distintos lugares del país se magnifican cuando ocurren en el centro de la zona metropolitana. Pero esta vez quizás se justifique la excesiva difusión que tuvo el episodio de intensa lluvia que ocasionó desbordes en varias zonas de la capital del país.
Lo otro que no es novedad es lo que ocurrió después, cuando ya las aguas habían escurrido, dejando atrás un montón de destrozos y ocasionando pérdidas materiales a los vecinos, que vieron muebles, ropas, herramientas, electrodomésticos y vehículos irse flotando, presenciamos a través de los medios y de las redes sociales los clásicos señalamientos de responsabilidades entre políticos, que aparecen igual que la resaca en las veredas y en las paredes.
Y no aplica solo a este caso, porque hace muy pocos días, ante un desborde muy parecido, ocurrido en la ciudad balnearia de Piriápolis, en Maldonado, también hubo reproches cruzados entre dirigentes del Partido Nacional y del Frente Amplio, que han ocupado tanto la conducción del municipio local como de la Intendencia fernandina.
Y mucho más cerca, aquí mismo en Paysandú, esas mismas discusiones afloran cada vez que estos desbordes ocurren, aún en lugares donde ya es previsible que ocurran y donde ya se sabe que hay poco por hacer para evitarlos, como en un tramo de la calle Charrúas. O en el caso del incendio de Algorta – Piedras Coloradas, para el cual nadie estaba preparado para enfrentar un siniestro de ese tipo en el cual convergen todas las condiciones para una propagación extraordinaria, como es el calor extremo, sequía muy pronunciada y fuertes vientos.
Evidentemente que cada uno intenta sacar algo de ventaja en cada situación, algo atribuible al “juego democrático”, una carátula para justificar ese sinsentido de ocupar tiempo mediático desviando la atención de los problemas de fondo.
Y es que estos fenómenos pueden tener determinada cuota de responsabilidad de parte de la conducción política, pero es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, porque hay incluso errores de planificación urbana, de terrenos en los que se construyó y corrientes de agua que se canalizaron (sepultaron bajo el hormigón), bajo la presión de intereses inmobiliarios, que dejaron como herencia estos problemas. La pavimentación tiene el efecto de impermeabilizar el suelo, es decir, hace que la tierra ya no absorba parte del agua, que ahora corre por el declive, y la canalización va acelerando su transcurrir.
¿Piensan ustedes que la calle Charrúas siempre fue así como es hoy, con su pavimento de hormigón y sus veredas con cordones elevados para evitar los desbordes del agua de lluvia? No. La calle que hoy conocemos está construida sobre una antigua cañada, cuyo cauce corre mayormente bajo la planchada de calle Washington, pero que, cuando se producen episodios de lluvia abundante, vuelve a aflorar ante los ojos de todos.
¿Qué tipo de obra de ingeniería sería capaz de absorber –de esconder– el volumen de agua que por allí pasa?
Ello mismo ocurrió esta vez en el barrio de Malvín, en Montevideo, en la denominada rambla Concepción del Uruguay, que no es más que una avenida, que mantiene el nombre de rambla porque antes por allí transcurría el arroyo Malvín, hoy sepultado por el hormigón.
Las lluvias, en un episodio de mucho volumen en un lapso relativamente breve, provocaron un desborde que afectó a muchos de los vecinos que habitan en las márgenes del viejo cauce.
Esa rambla se construyó en 1918, junto a un puente sobre ese arroyo. Las obras que canalizaron el curso de agua por debajo de la superficie datan de mediados del siglo pasado.
En ese entonces todavía no se hablaba de cambio climático, no existía como concepto y es posible que lo que se planificó y ejecutó en sus días, fuese una solución óptima para esa realidad (por más que siempre se ponga como ejemplo la planificación de los ferrocarriles ingleses, cuyos puentes “nunca quedan bajo agua”, una afirmación que no es tan así, aunque algo de razón tiene).
Pero el clima cambió, está cambiando, y solucionar los problemas de aquellas soluciones pueden suponer esfuerzos que tal vez no estén al alcance de los presupuestos de una intendencia, ni de la de Paysandú, ni de la de Maldonado; ni siquiera de la de Montevideo. Hacer frente a estos cambios es un desafío que ni siquiera el presupuesto del Estado, siempre tan ajustado, permitiría.
Sin embargo son situaciones que ya están tan denunciadas, tan comprobadas y aceptadas, que se han creado programas internacionales para atenderlos, a partir del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD. Hablamos, claro está, de los programas nacionales de adaptación, NAP, por sus siglas en inglés. Y Uruguay tiene en marcha uno específicamente destinado a ciudades (NAP-Ciudades), además de otros destinados a zonas costeras y a la producción, respectivamente.
En el caso de las ciudades, el proyecto “busca ayudar al Gobierno de Uruguay a avanzar en el proceso del Plan Nacional de Adaptación en ciudades y gobiernos locales”, en un proceso que marca dos objetivos. Por un lado “reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático mediante la creación de capacidades de adaptación y resiliencia en ciudades, infraestructuras y entornos urbanos”. Por otra parte trata de “facilitar la integración de las medidas de adaptación al cambio climático, de manera uniforme, en las políticas, programa y actividades correspondientes, tanto nuevas como existentes, en procesos y estrategias de planificación del desarrollo concretos dirigidos a las ciudades y al ordenamiento territorial”.
Este programa tiene previsto actuar en 40 ciudades del país de más de 10.000 habitantes, incluida Montevideo. De hecho en Paysandú ya se ha hecho un relevamiento de las zonas en las que es necesario actuar, debido a las reiteradas inundaciones ocasionadas por los desbordes del río Uruguay. Estas acciones implican por ejemplo realojos de familias que habitan zonas de riesgo y el desestímulo a que otras personas se instalen en las viviendas que se desocupan.
Claro, después habrá que encontrar la forma (y más que la forma, los recursos) para llevar a cabo a las soluciones que se vayan planteando, como ya lo hizo en Glasgow el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien planteó que “es fundamental avanzar en la nueva meta global en financiamiento climático posterior a 2025 y en el financiamiento de largo plazo”.
Quizás la obtención de estos recursos que permitan llevar a cabo las transformaciones necesarias sea en sí un buen fin al que destinar la energía que a veces se pierde en discusiones absurdas.
