La Ley de Urgente Consideración (LUC) es “una ley de muy mala calidad democrática”, dijo el diputado y presidente de la Cámara de Diputados Luis Alfredo Fratti, quien estuvo en EL TELEGRAFO, acompañado por los dirigentes de la Federación Nacional de Educación Secundaria (Fenapes) Nelson González y Luis Fratti, en el marco de la campaña promoviendo el voto “Sí” en el referéndum del venidero 27 de marzo.
“Una ley de urgente consideración de cerca de 500 artículos es inédita. Las anteriores básicamente se referían a un tema. Esta contiene prácticamente el desarrollo de un programa de gobierno, en una época que estamos en pandemia, con limitaciones, sin que las fuerzas sociales pudieran concurrir al Parlamento. El propio debate de los legisladores fue realizado de manera condicionada en la capacidad de reunión y eso limitó la discusión. Lo que queremos ahora es que estos artículos cuestionados sean sacados de la ley pero que se puedan discutir posteriormente si es lo que se desea hacer”, agregó Fratti.
Asimismo resaltó que “si quedaran firmes, va a ser muy tentador para el gobierno que venga –de cualquier símbolo político– hacer lo mismo. ¿Cuál sería el límite? Quizás no serían 500, quizás 1.000 o 2.000. Y con eso capaz que no sería necesario consultar al Parlamento por dos o tres años”.
LA FORMA DE GESTIONAR LA EDUCACIÓN
“Esta manera de hacer política no es la que nosotros entendemos más correcta”, aseguró por su parte Nelson González. “En educación particularmente entendemos que la manera de transformar el sistema educativo –sustentada por la tradición de más de 100 años en relación a cómo definir las políticas educativas en el país– no es la que ahora se impone o se pretende imponer. No es modificando 35 artículos de la Ley General de Educación, transformándose cuestiones desde cómo se lleva adelante la gobernanza de la educación hasta asuntos relacionados con principios de educación”, agregó.
Expresó que “una de las críticas fundamentales se relaciona con la manera en cómo se gestiona la educación. Hay algunas modificaciones que particularmente generan rechazo. Por ejemplo, convertir los Consejos de Educación en direcciones generales. Esta dinámica hace que la definición de las políticas educativas se asimilen más a un modelo que tiene que ver con el empresariado, donde es un director el que define las líneas de trabajo”.
Y afirmó que “esto se contrapone con una metodología que venía siendo aplicada desde hace muchísimos años de consejos colegiados, en donde las definiciones, el análisis y las decisiones de los problemas se hacían por parte de un grupo de personas que aportaban distintas visiones”.
“NO SE EXPRESA RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS”
“El articulado que se pretende suprimir está en muchos aspectos a lo establecidos en la proclamación de los derechos humanos de 1949”, destacó Luis Fratti, de Fenapes. “Por ejemplo, la Ley de Urgente Consideración limita el derecho a huelga asegurado por la Constitución de la República, donde se consagra el derecho a huelga y la ocupación como una extensión de ese derecho. La LUC no admite la ocupación y establece que los trabajadores que se encuentren ocupando pueden ser desalojados por la fuerza pública, sin que antes de ese desalojo medie una instancia de negociación, lo que estaba establecido anteriormente”.
“Asimismo, la policía está facultada para determinar hasta cuando una manifestación o huelga es de carácter no violento. Si entiende que se torna en violencia, la propia policía determina actuar en represión. Eso lleva además a que la detención, puede ser de hasta 48 horas, en una comisaría sin que las autoridades competentes –el fiscal y el juez– sean convocados. Por otra parte el interrogatorio que se hace en la comisaría tiene validez jurídica. Antes no era así, porque en una comisaría se puede obtener una confesión bajo apremios físicos. Ahora es jurídicamente aceptable”, destacó Fratti.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha observado duramente esta parte del articulado”, recordó antes de asegurar que “en la LUC hay artículos en los que no se expresa el respeto a los derechos humanos”.