Desde el primer asesinato a golpes en una cancha de fútbol, ocurrido en 1957 luego de disputar la final de la B entre Sud América y Progreso en Montevideo, ha corrido más sangre en torno a los escenarios deportivos.
Mientras el mundo académico y de la comunicación explica que la violencia no está en el deporte sino en la sociedad, los hechos ocurren. Las condenas se escuchan en todas partes y las redes –ese mundo paralelo que maneja una realidad virtual– especula y posiciona sus versiones a diestra y siniestra. Pero las cosas pasan en el mundo real.
En el mundo real, artistas, productores agropecuarios, periodistas, trabajadores de cualquier área, desocupados sin oficio y futbolistas, cometen hechos delictivos. La policía, como brazo ejecutor de la justicia, lleva adelante el cometido de investigar y esclarecer sus posibles vinculaciones. Hasta aquí, nada parece novedoso, porque así se desarrollan las acciones en un país donde sus habitantes son sujetos de derecho.
Los últimos hechos, que derivaron en la prisión preventiva del futbolista Nicolás Schiappacasse, mientras continúa la investigación sobre sus vínculos con un entramado de compra y venta de armas e hinchas de Peñarol, marcó la cancha política que discutió sobre la pertinencia de la Ley de Urgente Consideración o las bondades de un programa de inteligencia policial como El Guardián.
La diatriba, que debió centrarse en el necesario aporte de los referentes comunitarios, se distrajo en detalles que no van a la raíz del problema.
Mientras la fiscal que entiende en el caso, Carolina Dean, aseguraba que esto “recién empieza” y derivaría en una megacausa que incluiría elementos relacionados al crimen organizado, las maniobras de distracción insisten en que el futbolista estaba marcado, descreen de los controles aleatorios y relatan –con ambages– hechos que requieren una condena directa.
Y aunque resulten atractivas las minucias, las indagatorias de la Fiscalía incluirán a presuntos hechos de corrupción policial. Todo esto a partir de una cara visible. Un joven futbolista, con una promisoria carrera dentro de un equipo importante, que llevaba un arma cargada en su falda, rumbo a un partido clásico en una carretera concurrida.
Allí se encontraba la gravedad del problema con el porte de armas en lugares públicos, sin tener permiso para hacerlo. Porque, de no haber mediado la necesaria prevención policial, a estas alturas estaríamos hablando de otras consecuencias. Los hechos ocurridos en la tarde del miércoles durante un control vehicular, que poco importa si fue aleatorio o estaba dirigido a alguien en particular, venían precedidos de amenazas y homicidios.
El 2022 comenzó con casi una decena de asesinatos, de los cuales dos se investigan por delitos de sicariato entre hinchadas. Incluso uno de los muertos, fue coautor de otro asesinato cometido contra un hincha de Peñarol hace seis años. En medio de esta maraña de violencia, días previos al partido mataron a un adolescente de 17 años, sólo porque vestía una camiseta pero no pertenecía a ninguna de las barras. Acertó a pasar por el lugar, en bicicleta, y recibió un impacto de bala en su cabeza.
Por si estos antecedentes no alcanzaran, el líder de la barra brava mirasol amenazaba por esos días desde el Penal de Libertad –donde se encuentra preso por asesinato desde 2015–, con represalias por el homicidio del adolescente. “La violencia se combate con violencia”, decía en un audio que se viralizaba en las redes y anunciaba que iban a “aparecer por todos lados”, como “un vendaval”.
Sobre este mismo líder pesa la condena máxima en Uruguay –28 años–, aplicados por el entonces Fiscal de Homicidios –hoy Fiscal de Corte– Juan Gómez.
Con esos antecedentes de hechos consumados, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, no desoyó aquellas amenazas anunciadas detrás de las rejas y adelantó “logística e inteligencia”, con el fin de tener la “seguridad necesaria” durante los clásicos de verano.
Es que la otra decisión, era dejarle el espacio a los violentos. Y no era buena. Suspender los encuentros deportivos, no calentarse la cabeza porque la pandemia sanitaria ya ocupa los titulares suficientes y tratar de continuar con la temporada veraniega de la mejor manera.
No obstante, la preocupación estaba latente y ningún detalle debía quedar al azar. Porque cualquier muerte sería cargada a hombros del gobierno y los enfrentamientos ya generan desencuentros en una sociedad polarizada y dividida por otros temas.
La descarga de violencia existente en las redes sociales sobre cuadros de fútbol o posicionamientos políticos diversos está llegando a un punto de no retorno. Y aquellos que discuten por las derivaciones del futbolista en cuestión, no entendieron el meollo del asunto, que es mucho más grave que perder con el cuadro contrario.
Porque lo que un día comenzó como una broma, otro día terminó en hechos de violencia y al poco rato, en asesinatos por venganza. En una mente sana no entra siquiera la idea de agredir a otra persona por el mero hecho de vestir una camiseta.
Y, sin embargo, sucede.
Es muy difícil cortar una pasión futbolera que se transmite desde generaciones en Uruguay, donde los eventos deportivos se asociaron a momentos de disfrute y esparcimiento.
Pero acá se habla de otra cosa y alcanza con mirar las gradas para ver que la familia futbolera está ausente.
Debió abandonar los estadios de fútbol, cuando vio que ganaban los violentos. Por eso, el trabajo será arduo y minucioso para erradicar a los indeseables de los escenarios deportivos.
Y poco importan si son referentes de los propios equipos. La fiscal Dean resumió el pensamiento colectivo en una frase ejemplar. “Schiappacasse tampoco es una persona común, es un jugador de fútbol profesional que se dirigía a un clásico portando…
Es un jugador profesional, a quien le deberíamos exigir otra conducta porque tenía todas las posibilidades de no estar involucrado con esta gente y estaba llevando un arma de fuego con ocho proyectiles”. Sin embargo, el tiempo se pierde en disquisiciones. Allí está la condena verdadera. No en otro lado.