Regla fiscal, por encima de la tentación del voluntarismo

Entre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se propone derogar a través de un referéndum a celebrarse en marzo, figuran seis que se refieren a la regla fiscal, un concepto que es muy importante para el manejo macroeconómico y que por lo tanto, quiérase o no, repercuten en la microeconomía y sobre la situación de los sectores más vulnerables de la población de seguirse otros caminos.
En suma, de lo que se trata es de generar reglas para evitar la expansión distorsionante del gasto público, que se paga con más impuestos del sector privado, que es el motor de la economía, creador de riqueza y de empleos genuinos.
Al respecto el economista Jorge Caumont subrayó en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, que una regla fiscal “no es un capricho ideológico”, sino de fundamental importancia para un país, pero en este caso consideró que “la inmensa mayoría de quienes votarán en la instancia que se avecina, no tiene cabal conocimiento de los efectos económicos del comportamiento fiscal que la regla pretende imponer y los objetivos que aspira a lograr”.
Trajo a colación que “en nuestro país la evidencia empírica nos muestra que el resultado conjunto negativo de la actuación del gobierno central, de los organismos del artículo 220 de la Constitución –entre otros los de la enseñanza– y del BPS, se ha venido financiando de manera creciente con aumento de impuestos –con alzas de sus alícuotas o con cambios en la fase imponible– para recaudar más”.
El punto es que aún con estas acciones con una política tributaria contractiva de la actividad privada no ha sido posible equilibrar el resultado fiscal –no se cubre la brecha entre ingresos y egresos– y se recurre el endeudamiento tanto con instituciones financieras y residentes del país como del exterior, a través de préstamos, emisión de títulos en distintas monedas y en otros instrumentos por el estilo, tanto en moneda local como extranjera.
Pero a la vez, es evidente, como bien señala el economista, que los déficits de las cuentas de la administración y el financiamiento con impuestos con endeudamiento, comprometen la actividad económica presente y futura, y en particular, a las futuras generaciones que deberán repagar la deuda que cubriera los desequilibrios como el señalado.
Es decir que no hay almuerzos gratis, y el dinero que se reparte sin tenerlo solo puede cubrirse temporalmente “haciendo la bicicleta” o con más impuestos, porque no hay milagros en la economía.
Los sectores que producen bienes y servicios del ámbito privado son los que mueven la economía, y son por lo tanto los que aportan sistemáticamente para sostener el aparato estatal, las inversiones, el pago de salarios, la amortización de la deuda, el funcionamiento de los organismos que están en la primera línea en la contención social, por lo que en principio aparecen por lo menos como fuera de toda realidad, –por no decir ajenos a toda postura de solidaridad– los planteos de algunas corporaciones que solo piden más y más recursos desde el Estado, como si todo lo demás no existiera y siguieran viviendo en un mundo abstracto, ignorantes exprofeso de la realidad socioeconómica que vivimos todos los uruguayos.
En buena medida el advenimiento de la pandemia ha dejado al desnudo con mayor énfasis como se desenvuelve cada uno de los actores, tanto entidades como individuos, en la coexistencia del ámbito público y privado, porque el primero jamás podría subsistir si el segundo no crea la riqueza para que funcione el país, por más vueltas que se le dé y haya todavía propuestas “delirantes” respecto a que todo se origina en la inversión estatal, como si los recursos se crearan por decreto del omnipotente Estado, para distribuirlos a criterio de los gobernantes de turno.
Bueno, el punto es que la cosa es exactamente a la inversa, es decir que las finanzas del Estado dependen del trabajo y la creación de riqueza por cada uno de los actores privados, y por lo tanto sin dudas las prioridades están trastrocadas en la percepción unilateral de las cosas que tienen quienes pretenden seguir como si tal cosa y estar prendidos en las maduras, pero nunca en las verdes. Y ya que estamos hablando de verdes y maduras, es pertinente señalar que la pandemia y más que nada, las medidas adoptadas para tratar de contener su difusión, solo han sido un factor agravante del panorama que se venía arrastrando sobre todo desde el último gobierno de la coalición de izquierdas, que entregó el gobierno con un déficit fiscal de más del cinco por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), cuando ya desde el inicio de su gestión el exministro de Economía y Finanzas Ec. Danilo Astori, había anunciado que al déficit del orden del 3 al 4 por ciento de entonces se lo iría reduciendo gradualmente al fin de su gobierno, para entregarlo en términos manejables, del orden del 2,5 por ciento.
La implementación de políticas procíclicas surge precisamente de no aprender de los errores y no establecer la regla de oro de llevar adelante políticas contracíclicas, por encima de la tentación de gastar lo que no se tiene, lo que significa destinar parte de los recursos adicionales a un fondo de contención y de amortiguación para cuando el ciclo se revierta, como ha sido el caso a partir del cambio en el viento a favor de la economía mundial que se dio a partir de 2014.
Los resultados fiscales han venido respondiendo a estas políticas procíclicas, que expanden el gasto público cuando existe crecimiento de la economía y lo contraen cuando hay declinación, cuando la cosa debería ser precisamente a la inversa.
Como bien señala Caumont, el objetivo de la introducción de una Regla Fiscal como la prevista en la LUC, se debe considerar en el contexto del ciclo económico y obedece a la necesidad de contar con una guía esencialmente técnica alejada de cualquier ideología para evitar el mal uso de la política fiscal y que ella opere de manera contraria a la etapa del ciclo económico que ocurra.
Esto es, en primer lugar poner un límite al político de turno –sea del palo que sea– que derrocha a costa de los futuros gobiernos y generaciones para asegurarse los respaldos hoy y pasar a la historia como un gran gobernante, cuando lo que hizo fue hipotecar al país. Y por otro, aprender de la fábula de la hormiga y la cigarra, porque en la conducción de un país, como también ocurre en la economía doméstica, la idea es aplicar el sentido común, el no gastarse todo lo que se tiene y aún más a cuenta, cuando se reciben ingresos adicionales, porque es fundamental tener un colchón para hacer frente a los avatares que inevitablemente sobrevienen en los ciclos de ida y vuelta de la economía, y es archiconocido que se debe ahorrar en los años buenos para poder superar los años malos.