En pocos meses van a cumplirse dos años desde la aparición del primer caso de coronavirus COVID-19 en nuestro país y mucha agua (sin dudas demasiada) ha corrido bajo el puente, tanto en Uruguay como en el resto del mundo. Las sucesivas etapas de vacunaciones, el cumplimiento en su momento de los protocolos que se encontraban vigentes y la aparición de la cepa denominada “Ómicron” fueron sin duda factores determinantes para que los uruguayos podamos sentirnos legítimamente orgullosos de la forma en que hemos transitado esta emergencia sanitaria que trastocó la actividad pública y privada de todas las naciones, pero también la vida personal y doméstica de sus integrantes.
Lejos, muy lejos, quedan las voces que, desde los más diversos ámbitos (generalmente alineados de manera más o menos evidente con la izquierda), anunciaron todo tipo de calamidades, desastres y tormentos cuyos únicos responsables eran (faltaba más) el presidente, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Muchos anunciaron (y en algunos casos llegaron a desear) que los servicios de salud colapsarían, y de suceder podrían culpar al gobierno nacional. En este sentido el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), institución gremial claramente dominada por la izquierda anunció un día sí y otro también que no se estaba pudiendo dar una respuesta adecuada al número de casos e incluso pidió “la adopción de medidas de reducción drástica de la movilidad y cierre de actividades no esenciales por un tiempo acotado”.
Lamentablemente no todos los uruguayos acceden a los altísimos salarios que cobran los médicos uruguayos, verdaderos privilegiados que además trabajan en relación de dependencia y ello les permite gozar de los beneficios de la seguridad social. Poco saben estos prósperos galenos de lo que deben trabajar los que viven de la “changa” o tienen que salir a ganarse el peso todos los días para parar la olla. A este “canto de sirenas” por el cierre de actividades se sumaron otros privilegiados, como los sindicalistas del Pit Vnt (muchos de ellos empleados públicos y por ende inmunes ante cualquier crisis económica o laboral) quienes han encontrado en las denominadas “horas sindicales” una forma de cobrar sin trabajar y por ello poco o nada les interesaba si los “siete oficios” que se revuelven como gato entre la leña para llevar un peso a su casa quedaban por el camino.
El tiempo demostró, afortunadamente, que la política adoptada por las autoridades nacionales era correcta y que mediante el adecuado manejo de las mentadas “perillas” se logró que el golpe a la economía nacional y al empleo fuera mucho menor de lo que podría haber sido si se adoptaban las medidas de cuarentena total impulsada por el presidente argentino Alberto Fernández y sus admiradores de este lado del río. Medidas que, por cierto, llevaron a la Argentina, país rico si los hay, al borde de la quiebra, con casi la mitad de la población bajo el índice de pobreza y uno de cada 10 argentinos en la indigencia. La forma en que fue manejada la pandemia en el vecino país, incluyendo los vergonzantes episodios de “vacunaciones VIP” deja en claro que en este punto (como en tantos otros) los uruguayos no tenemos nada que aprender de los hermanos del otro lado del charco, al menos en lo que refiere a política, economía nacional, asistencia social transparencia.
En este breve resumen de algunos de los puntos más destacados sobre el combate al COVID-19, no es posible dejar de mencionar la “idea fuerza” que el Presidente Lacalle Pou repitió a lo largo y lo ancho del país: la libertad responsable. En el mes de mayo de 2021 Gonzalo Schwarz, columnista del diario “El País” se refería al Presidente Lacalle Pou y a la relación entre libertad y responsabilidad en los siguientes términos: “Admirado por todo el mundo por su manejo de la pandemia, pero menos en su propio país donde su ejemplar concepto de libertad responsable ha sido cuestionado una y otra vez por una oposición la cual se puede pensar que no hubiera estado a la altura de las circunstancias. A lo largo de esta pandemia el presidente ha intentado equilibrar el peligro de la pandemia con las libertades individuales y la necesidad de las personas de poder ganarse la vida o vivir con menos ansiedad durante una pandemia que tal vez uno de los traumas a más largo plazo sea dicha ansiedad que ha generado en el mundo entero. Sin embargo, la otra cara de la moneda de la libertad que ha puesto en la balanza el presidente es la responsabilidad. Y con su uso de la libertad responsable desde comienzos de la pandemia ha logrado renacer un concepto olvidado, un concepto que en el mundo occidental ya parece que hay que dar por muerto”.
En este estado de cosas, y ante un mundo que va recuperando poco a poco su ritmo habitual (algo que también sucede en Uruguay y también en nuestro propio departamento, donde sectores como la gastronomía o el turismo ven poco recuperar en parte su actividad previa a la pandemia), ha llegado la hora de sincerarse sobre la existencia y efectivo cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que tanto la mortalidad ha descendido notoriamente, las plazas ocupadas en CTI también han descendido y que el sistema de salud no presenta ninguna amenaza real de congestionamiento. Resulta claro, entonces, que no estamos frente a una situación de emergencia sanitaria como las que supimos enfrentar y superar en el pasado sino ante otros desafíos como son la situación económica, el desempleo y la salud mental de la población debido al aislamiento al cual estuvieron sometidas familias enteras, con graves consecuencias en el caso de niños, adolescentes y personas mayores.
Un sondeo realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en América Latina y el Caribe arrojó que, de los entrevistados, “27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos siete días. Para el 30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica. Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes quienes han y están enfrentando dificultades particulares. 43% de las mujeres se siente pesimista frente al futuro frente a 31% de los hombres participantes”.
Ante esta realidad, las autoridades deben tener presente la importancia de que las mentadas “perillas” –si es que aún existen– sean manipuladas con sentido común y en favor de la gente que necesita generar ingresos para subsistir y de aquellos cuya salud mental está o puede estar en peligro. Para ello, los protocolos deben sincerarse y apuntar a una normalización de la situación económica y social de quienes vivimos en este país, como ya viene sucediendo en varios países desarrollados. No se trata de “tirar la chancleta” (especialmente luego de tantos esfuerzos realizados y resultados obtenidos) pero tampoco de vivir atados por protocolos que muchas veces desconocen las distintas necesidades de la sociedad y terminan por hacer más daño del que buscan evitar. Estamos en otra etapa de la pandemia y por ello la misma debe ser tratada de manera diferente, reflejando y consolidando los avances logrados, pero teniendo como norte la normalización de la vida económica y social de nuestro país.
