Día: 6 de febrero de 2022

La denuncia presentada en las últimas semanas sobre una situación de una violación en grupo en la ciudad de Montevideo ha despertado lógicas y esperables reacciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Uno de los primeros en formular declaraciones fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para quien se trató de una “asqueante y aberrante situación” para la cual pidió una sanción “ejemplarizante” para estos actos “que no son propios del ser humano, ni son propios en este caso del género masculino”. “Nos debería dar vergüenza y rechazar contundentemente este tipo de situaciones”, añadió en esa línea el mandatario.

Si bien resulta claro que una situación de ese tipo merece la más enérgica condena, tampoco podemos desconocer que todos los habitantes de nuestro país gozan del principio de la presunción de inocencia (toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad) y del derecho al debido proceso legal, ya que “nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal” tal como lo dispone la Constitución Nacional. Por su parte, el artículo 4 del Código de Proceso Penal reza que “ninguna persona a quien se le atribuya un delito debe ser tratada como culpable, mientras no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada” mientras que el artículo 1º de la misma norma dispone que “no se aplicarán penas ni medidas de seguridad sino en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, emanada de tribunal competente en virtud de un proceso tramitado legalmente”.

En medio de la lógica ola de indignación que genera un hecho de estas características el Estado, a través del Poder Judicial, debe proteger los derechos a un juicio justo para las personas que han sido acusadas de un delito determinado, sin importar la gravedad o el rechazo social que genere.

Es claro que en una tormenta de emociones resulta difícil mantener la racionalidad y siempre surgen, de manera más o menos veladas, incitaciones a la justicia por mano propia en sus más diversas versiones. Lo cierto es que la existencia de un Poder Judicial independiente y las propias garantías del debido proceso son fundamentos de vital importancia para un régimen democrático, ya que el derecho es precisamente lo que hace posible la convivencia entre las personas, aún de aquellas que tienen intereses contrapuestos y aún de aquellos que han vulnerado los derechos de los demás. Es precisamente en esa línea que el filósofo italiano Norberto Bobbio define justicia como “el conjunto de los valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que sabemos dar el nombre de derecho”.

Formuladas estas apreciaciones, corresponde separar por un lado los hechos que dieron origen a la denuncia de violación grupal (los cuales se encuentran a estudio de la justicia y seguirán el trámite que las leyes vigentes dispongan al respecto) y por otro lado la decisión judicial de allanar el domicilio particular del periodista Ignacio “Nacho” Alvarez y de Azul FM, la radio a través de la cual fueron difundidos audios relativos a la mencionada denuncia. Si el periodista mencionado violó alguna ley vigente, debe ser objeto de los castigos previstos por la misma, pero la decisión de llevar adelante tales allanamientos es “harina de otro costal” y va más allá de la situación particular del periodista y al medio involucrado. Hacer cumplir la ley es una obligación del Poder Judicial, pero perseguir periodistas y allanar medios de comunicación es algo muy diferente.

En efecto, tales allanamientos constituyen un ataque frontal, directo e inequívoco a la libertad de prensa, la cual se encuentra expresamente protegida por la Constitución de nuestro país cuyo artículo 29 establece que “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. No podemos olvidar que la libertad de prensa constituye uno de los pilares de la democracia y por ello resulta de vital importancia que no sea coartada y que los periodistas no sean perseguidos tanto por expresar sus opiniones como por hacer su trabajo. Las medidas dispuestas constituyen una suerte de “apriete” no sólo para el periodista puntualmente involucrado sino para todo el periodismo y para todos los medios de nuestro país, una extralimitación de la Justicia que con o sin intencionalidad, marca claramente un antecedente peligroso para los medios, una medida extrema que no se recuerda desde los años más oscuros de nuestro pasado reciente.

Los allanamientos mencionados dieron lugar a diversas reacciones en las redes sociales. En Twitter, el diputado colorado Ope Pasquet afirmó lo siguiente: “La ley dice que los periodistas tienen derecho a guardar secreto acerca de sus fuentes de información. Ese derecho es una cáscara vacía si se puede incautar el celular, la computadora o los papeles o archivos del periodista. Estimo que en el caso Álvarez, la Justicia se excedió”. Analía Piñeyrúa (integrante de la Corte Electoral) expresó que “el allanamiento a un medio de comunicación y a la casa de un periodista es un hecho muy grave que atenta contra principios básicos de la democracia, la libertad de expresión y, en el caso específico del periodista, la reserva de la fuente. La Fiscalía nos debe una explicación”. Mientras tanto varios periodistas también se manifestaron en contra de los allanamientos. “Esto también es un disparate”, El periodista y presidente de la Asociación Uruguay de la Prensa (APU), Fabián Cardozo afirmó que eran un “disparate” a pesar que la propia APU había emitido un comunicado con discrepancias sobre la actitud de Álvarez por la difusión de los audios. Nicolás Nuñez, periodista de Telenoche, sostuvo que “un periodista ante la Justicia es una imagen negativa pero se asume que puede ser parte del oficio, e incluso, una consecuencia de nuestros actos”.

“Un allanamiento a un medio de comunicación y el secuestro de computadoras es mucho más potente y una pésima e inapropiada señal”. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el artículo 1º de la Ley 16.099 de 3/11/89 respalda claramente el derecho del periodismo a no divulgar su fuente al establecer que “Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

En el mes de mayo del presente año la Unesco y la República de Uruguay acogerán la conferencia mundial anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa en un formato híbrido en Punta del Este. Ante los sucesos mencionados, podría creerse que tal evento se trata de una broma de mal gusto, pero en realidad sería una “buena oportunidad” para “explicarle” al mundo cómo Uruguay “protege” la libertad de prensa allanando el domicilio de los periodistas y de los medios de comunicación, algo extremadamente preocupante en un país como el nuestro. → Leer más

Des inclusión financiera del pago de salarios. Libertad… para los empresarios
La Ley Nro. 19.889 de 9 de Julio de 2020 (en adelante “la LUC”) introduce entre modificaciones a la Ley Nro. 19.210 de 29 de Abril de 2014 denominada Ley de Inclusión Financiera. Nos interesa específicamente en esta oportunidad relevar solamente el Artículo 215 de la LUC que modifica el Art. 10 de la mencionada ley que establecía que el pago de las remuneraciones de naturaleza salarial debía acreditarse en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico.

Decía el Art. 10 de la Ley Nro. 19.210 en su redacción original: “El pago de las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, deberá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla”.

El Art. 215 de la LUC establece modificando la redacción de aquella norma y dispone: “Sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de las remuneraciones y de toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y de conformidad con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla”.

El Art. 215 de la LUC se encuentra dentro de los 135 artículos que se habrán de someter a referéndum el próximo 27 de marzo. Corresponde entonces comentar por qué se convoca a votar por él SI a la derogación de este artículo.
En debate realizado en programa radial “No toquen nada” que se emitió por FM Del SOL el 13 de julio de 2020, el Senador Bergara señalaba como objetivos de la ley de Inclusión Financiera “el mayor acceso a los servicios financieros por parte de la población, sobre todo familias de escasos ingresos, cambio sustancial en la modalidad de pagos impulsando los electrónicos, el impulso al préstamo de viviendas para jóvenes, el pago de remuneraciones salariales, honorarios profesionales lo que aumento la transparencia, formalización y acceso a los servicios financieros”. La bancarización es una tendencia natural a nivel mundial, que podrá tener atenuaciones, pero solo advirtiendo como en los hechos se presenta el avance de los medios informáticos, la seguridad y transparencia que estos brindan puede concluirse que legislar en sentido contrario es notoriamente negativo. Es un retroceso de modo general, y es doblemente retroceso analizado desde una óptica estrictamente laboralista de la cuestión.
La modificación realizada por la LUC, que parte de la base de una supuesta “libertad” del trabajador establece que este pueda optar por el modo de pago de su salario es en realidad perjudicial para sus intereses. La LUC considera que trabajador y empleador se encuentran en igualdad de condiciones para contratar, en una visión civilista totalmente equivocada; y en ese contexto de supuesta igualdad el trabajador puede elegir el modo de pago de su salario. La modificación de la LUC parte de una premisa absolutamente irreal, incoherente, que se contradice con la esencia misma de las relaciones de trabajo. La visión y análisis político que realiza el oficialismo en la defensa de este artículo no se condice con la realidad, es más, es una visión miope de la realidad. Demuestra desconocimiento de cómo funcionan las relaciones laborales, demuestra desconocimiento de la realidad, de las necesidades de quién es la parte vulnerable de la contratación laboral. Demuestra desconocimiento de la realidad del trabajador, de sus condicionamientos, de sus urgencias. Nos preguntamos y planteamos: ¿Qué margen de negociación tiene un trabajador al iniciar una relación de trabajo?

Ninguno. Quien solamente dispone de su fuerza de trabajo para aplicarla a alguna actividad física o intelectual a cambio de una prestación económica que constituye su principal ingreso económico medio de supervivencia suya y de su familia, no tiene la “libertad” que supone la LUC, lo que tiene es necesidad.

Está claro que la real libertad es nada más ni nada menos que del empleador. La Ley de Inclusión Financiera significó sin dudas un avance en los derechos de la parte trabajadora, que implicó además un empuje hacia la formalización de las relaciones laborales. Y la LUC vino para destruir.

Comentando las modificaciones de la LUC decían: “Este cambio de rumbo, que responde a los intereses de algunos sectores empresariales, fue claramente en detrimento de los trabajadores y los sectores históricamente excluidos del sistema financiero; y fue beneficioso para aquellos que prefieren menos control sobre sus actividades”; por Aníbal Peluffo y Soledad Giudice artículo publicado en “El Popular” 21 de abril de 2021.

De todas formas ha trascendido en los medios de prensa que en los diversos sujetos del sistema de intermediación financiera las cuentas sueldo lejos de disminuir han aumentado. En el BROU las cuentas de sueldo aumentaron casi 60% entre enero del año pasado (770.808) y setiembre de 2021, alcanzando 1.208.480.

Este aspecto releva una vez más que la LUC no es una buena Ley, pues más allá de su fundamentación técnica (que puede compartirse o no) en los hechos la realidad se da de bruces con los propósitos de la Ley. La LUC legisla en una dirección y la realidad va en otra dirección. Por ello retomamos los conceptos introducidos en el examen de los artículos de seguridad; decíamos la LUC es la Ley del derecho penal simbólico pues aplica supuestos delitos nuevos que en realidad son repetición de delitos ya existentes.

Este es un plan deliberado por parte del estilo de gobierno: de generar relatos de supuestas transformaciones que en realidad no son tales. Como se examinó para defender la des inclusión del pago de salarios fundamentarlo una supuesta libertad de optar que el trabajador tendría es realmente insostenible y es una grosera exhibición de ignorancia de la realidad. Es insostenible desde todo aspecto, porque quien busca una relación laboral no tiene fuerza suficiente de negociación porque es la parte débil del contrato y esa es la razón de ser de la existencia nada más ni nada menos que del Derecho Laboral. Dr. Sergio Rodríguez Heredia → Leer más