La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) lleva adelante las medidas de pago bajo oblación y consignación, adoptadas durante la administración anterior, con las cooperativas construidas con posterioridad a la Reglamentación 2008, que elevó el interés hipotecario del 2% al 5,25%.
Además, mantiene su plataforma reivindicativa que se completa, entre otros reclamos, con la reconstrucción del Fondo Nacional de Vivienda –establecido al igual que el 2% en la Ley 13.728– y la exoneración del IVA a la compra de los materiales de construcción.
Actualmente, “son 160 cooperativas de todo el país que pagan bajo oblación y consignación” en una cuenta paralela en el Banco República, a la espera de una resolución del Ministerio de Vivienda para pagar sus cuotas al interés hipotecario del 2%, enmarcado en una reivindicación histórica de la federación, dijo el secretario general de la dirección nacional, Gustavo González.
Explicó que “es la inmensa mayoría de las cooperativas afectadas por la Reglamentación 2008 que aumentó el interés al 5,25%. Porque el del 2% tiene que ver con un planteo económico y de justicia. Ninguna culpa tienen las nuevas generaciones de cooperativistas que hacen la misma ayuda mutua que se hizo en las décadas de 1970, 1980 o 1990, que se haya aumentado el interés, porque es el mismo programa”.
El interés que pagan actualmente “es prácticamente un interés de plaza y el otro tema está ligado al presupuesto. De lo contrario, no se puede construir ni alcanzar las metas, ni las promesas electorales que haga ningún partido político”.
Según González, la construcción de viviendas debe ser una política de Estado. “El año pasado se exoneró al gran capital de la construcción en 74 millones de dólares, a través de la mal llamada ley de vivienda de interés social, que después le cambiaron el nombre por ley de vivienda promovida. El Frente Amplio, lo único que atinó a hacer en su momento con esa ley, fue ponerle unos topes. Lo primero que hizo este gobierno fue quitárselos y eso fue reconocido por los promotores privados”, señaló a EL TELEGRAFO.
El dirigente precisó que “están construyendo entre 120.000 y 160.000 dólares cada vivienda. Las familias que no tienen capacidad de ahorro y se encuentran bajo el déficit habitacional, no pueden ingresar a esos programas. Han construido 27.000 viviendas desde que nació la ley y, según la Universidad de la República, ingresaron sólo 420 familias de clase media baja”.
subsidios
González cuestionó que la industria de la construcción, bajo esa ley, está exonerada de pagar el IVA a los materiales de construcción “y los cooperativistas tenemos que pagarlo”.
Reconoció que, además de los planteos históricos, “hemos conseguido otras cosas como la ley de subsidio a la permanencia, que ha sido fundamental. O, en su momento, la reestructura de las deudas, así como una cartera de tierra en varios departamentos que ha permitido el crecimiento del movimiento y permear zonas de la ciudad a las que antes no llegábamos”.
Consultado sobre la polémica instalada en el gobierno anterior en torno a la discusión del subsidio, como respuesta al reclamo del 2% de interés hipotecario, aclaró que “los trabajadores no queremos estar subsidiados. La lógica sería que si ganáramos el costo de una canasta familiar, entonces nadie tendría que subsidiarse. El subsidio es un mecanismo de defensa frente a los bajos salarios y a las bajas jubilaciones. Es decir, a la gente no le da para pagar la cuota de amortización y nada tiene que ver con el interés”.
El secretario general agregó que “el interés rebaja también la cuota de amortización, pero el error de la ministra de Vivienda de la administración anterior, arquitecta Eneida de León, era que no había que bajar la tasa, porque los cooperativistas tienen derecho al subsidio”.
González destacó que “no queremos que el Estado subsidie, sino que tenga la plata para construir. Sin embargo, tiene que tener para subsidiar por los problemas de salario y empleo”.
La federación estima que el déficit habitacional puede trepar de 70.000 viviendas a 85.000 al finalizar el período, si se mantiene el presupuesto asignado al rubro. Este jueves estaba prevista una movilización en Montevideo, que fue suspendida ante anuncios de tormentas eléctricas, donde iban a entregar una propuesta al Gobierno para reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda, con la afectación del 0,1% del impuesto al patrimonio de las grandes fortunas. La federación sostiene que de esta forma, el Gobierno recaudaría 160 millones de dólares anuales para invertir en vivienda.
