El Poder Ejecutivo concederá la cadena de radio y televisión a los comandos a favor y en contra del referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC), si estos lo solicitan.
Esto aplica tanto a la campaña por el “Sí”, que impulsa derogar 135 artículos de la LUC, como por el “No”, que busca mantenerlos. De todas formas, según comentaron fuentes oficiales a El País, hasta el momento no se recibió ningún petitorio para solicitar la cadena nacional de radio y televisión en el marco del referéndum.
Las fuentes señalaron que el mecanismo constitucional fue negado durante la recolección de firmas, pero teniendo en cuenta que ahora se está ante una instancia nacional y obligatoria de convocatoria a las urnas, el Ejecutivo entiende que es de interés nacional, por lo que decidió conceder el espacio. El objetivo es que cada parte pueda esgrimir sus argumentos para solicitar el voto por la papeleta que crean correspondiente, señalaron. El referéndum, que será con voto obligatorio, está previsto que se realice el domingo 27 de marzo.
En junio de 2021, el presidente Luis Lacalle Pou le negó esa herramienta a la entonces Comisión Pro referéndum, y consideró que le parece “anticuada”. Recordó que él mismo no ha utilizado ese recurso, y lo atribuyó a ese motivo. El gobierno contempla solo “as necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno” y no a las organizaciones sociales, argumentó Presidencia.
También había otras dos solicitudes previas, que fueron rechazadas en 2020. Una de ellas fue la solicitada para el 1º de mayo, con motivo del Día de los Trabajadores, y otra, el 20 de ese mes, a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que se vio imposibilitada de hacer la Marcha del Silencio, a raíz de la pandemia por coronavirus.
El artículo 94 de la ley 19.307 indica que “tendrán una periodicidad y duración razonables y versarán sobre temas de interés público o cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población”. Cuando el Poder Ejecutivo las habilita, las cadenas nacionales deben estar fundadas mediante una resolución, que toma carácter público.
