Siempre es una buena noticia que el Estado se afloje la soga al cuello –que en realidad es el de todos los uruguayos– mediante la reducción del déficit fiscal, que básicamente es la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta, porque mantener el déficit alto significa la necesidad de contraer deuda y seguir pateando la pelota hacia adelante, para eventualmente hacerse cargo cuando las cosas mejoren (¿?), en una relación causa – efecto interminable.
Bueno, al cierre del año 2021 los uruguayos tuvimos la buena noticia de que el déficit fiscal del gobierno central y BPS finalizó el año pasado en 4,4% del PBI (Producto Bruto Interno), lo que constituye una mejora en las cuentas públicas por segundo año consecutivo. En la explicación oficial esto fue posible gracias a una recuperación de los ingresos y una gestión prudente de los gastos recurrentes, y eso ocurre mientras al mismo tiempo se aumentaron los recursos vinculados a la pandemia, que no solo significó erogaciones en subsidios y para su combate en medidas preventivas y atención, sino que a la vez implicó una fuerte caída de actividad que se tradujo en menor generación de riqueza, más seguro por desempleo y menos fuentes laborales en el sector privado.
Surge de los datos proporcionados al respecto por el Ministerio de Economía y Finanzas que a pesar de la baja del déficit, los gastos destinados a atender la emergencia sanitaria y las ayudas sociales y económicas para los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia se incrementaron.
En 2021, los gastos asociados al Fondo Coronavirus fueron de casi el 2 por ciento PBI (el 1,9% más exactamente), unos 1.100 millones de dólares, cifra superior a la del 2020, que fue del 1,3% (720 millones). De éstos, se estima que los gastos directos en salud habrían superado los 400 millones. En materia de políticas sociales, el año pasado hubo un refuerzo de transferencias monetarias a aquellos hogares con menores ingresos, así como refuerzos especiales para aquellos hogares con niños menores a 3 años, que se estima habrían rondado los 300 millones.
El cumplimiento de la meta fiscal, al igual que en 2020, se realizó respetando el compromiso de no aumentar los impuestos, según señala el gobierno central al evaluar orígenes y destinos del gasto estatal.
Debe tenerse en cuenta, para tener la perspectiva de la situación, que los gobiernos anteriores entregaron el gobierno el 1º de marzo de 2020 con un déficit fiscal de más del 5,1 por ciento, pese a que desde hacía ya años venían sosteniendo que se iba a abatir el gasto y el propio exministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, no cumplió ni por asomo con sus anuncios de que iba a abatir el gasto hasta llevarlo al 2,5 por ciento del PBI para fines de 2019.
El actual gobierno por lo tanto no solo recibió el país con el formidable mazazo de la pandemia, sino con las cuentas en rojo groseramente por encima de lo razonable y con tendencia inflacionaria, desempleo y enlentecimiento de la economía, un presente griego nada recomendable.
El punto es que al fin de cuentas el Poder Ejecutivo sobrecumplió su previsión de finalizar con un déficit de 4,9% del PBI, ya que el resultado, excluyendo el efecto del fideicomiso de los “cincuentones”, mostró un rojo de 4,4% del PBI, solo que equilibrar un déficit fiscal desequilibrado no debe ser una meta, sino un instrumento para llevar cabo políticas económicas y sociales sustentables, como el gran desafío.
Es positivo sin embargo el resultado del sector público a diciembre de 2021, que da cuenta de que bajó el déficit fiscal al cierre del año, con una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al resultado al cierre de 2020, que era 5,1% del PBI.
El comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que el déficit observado en los 12 meses a diciembre del gobierno central y el Banco de Previsión Social (BPS) fue de 3,9% del PBI. Sin embargo, hay una influencia del fideicomiso de la ley de “cincuentones”, que implicó que el Estado reciba hoy dinero que deberá pagar a futuro vía pasividades, es decir que ese ingreso extra será un mayor gasto hacia adelante. Si se excluye ese efecto, el rojo se ubica en 4,4% del PBI.
En suma, el resultado consolidado del sector público –que incorpora al Banco Central, las intendencias y el Banco de Seguros del Estado–, excluyendo el efecto del fideicomiso, fue de 4,1% del PBI.
Datos complementarios indican que los ingresos del Estado aumentaron 0,1 puntos del producto respecto a 2020, a raíz de un crecimiento de 0,6% del PBI en la recaudación impositiva –que se recuperó tras haber caído el año previo con motivo de la pandemia–, que se contrarrestó con una disminución de los ingresos del BPS de 0,4% del PBI.
En tanto, los egresos del sector público disminuyeron 0,6 puntos del producto: “Los rubros de remuneraciones, pasividades y transferencias disminuyeron 1,1% del PBI en su conjunto (0,3%, 0,4% y 0,5%, respectivamente)”, consignó el MEF.
A su vez, indicó que hubo un aumento de 0,6% del PBI de gastos no personales, “asociado fundamentalmente a un mayor costo de las medidas implementadas para atender la pandemia de COVID-19”.
Por otra parte, las inversiones del Estado presentaron una disminución de 0,1% del PBI, sobre todo por la baja de la inversión pública en infraestructura en los últimos dos años, lo que es considerado por economistas como Javier de Haedo como “una de las razones por las que el déficit fiscal está transitoria y excepcionalmente bajo”.
Estos elementos también deben sopesarse a la hora de la evaluación cuando nos referimos a la sostenibilidad, porque postergar gastos y/o distraerlos de inversiones en infraestructura, no es para nada recomendable y condiciona a la producción, a la logística y a los sectores reales de la economía para la ecuación de costos y la competitividad.
Con el golpe de la pandemia apenas asimilado y recién retornando a niveles de prepandemia en empleo y actividad, ha habido como contrapartida una pérdida de salario real y consecuentemente de las pasividades, que ha sido un precio indeseable a pagar para mantener empleos, porque las empresas distan en general de estar en situación floreciente, y el Estado no afloja a la hora de requerir recursos del sector privado para sostener su funcionamiento, a sus funcionarios, gastos e inversiones.
Por lo tanto llegar a un menor déficit fiscal como escenario más o menos estable es un paso imprescindible, un logro dentro de un panorama comprometido, pero solo como punto de apoyo para poder llevar adelante políticas sustentables de crecimiento, de aumento del empleo sin perder salario real, alentar inversiones y tener adecuados niveles de competitividad no solo en el sector primario, sino también para vender el trabajo de los uruguayos, que es una histórica piedra en el zapato.
