“La Junta Departamental de Paysandú está violando lo establecido en la ley 18.331 (Ley de Protección de Datos Personales)” desde que “prohíbe expresamente que cámaras de vigilancia que se utilicen puedan instalarse dentro de los recintos de trabajo; tampoco se pueden instalar en baños, vestuarios, espacios de descanso, lugares destinados a la alimentación o con finalidades sindicales”, aseguró la edila Natalia Martínez (Frente Amplio). No obstante, “se están instalando cámaras de videovigilancia en la cocina donde se encuentra ubicada la zona de descanso y alimentación de los funcionarios y también de los ediles”.
Para Martínez resulta “algo de suma gravedad y que debería ser reconsiderado de forma urgente”, subrayó. “También se debe informar a los empleados que se instalarán cámaras, los sitios donde estarán localizadas, si captan imagen y voz, el tiempo de conservación de las imágenes y cómo ejercer sus derechos; algo que no les fuera formalmente informado a las trabajadoras y trabajadores de la Junta”. “En lo que denunciamos queda claro la violación a lo preceptuado por esta ley: es un lugar de descanso y alimentación. También se prohíbe que pueda invadir la intimidad de los empleados, así como que no se pueden registrar conversaciones privadas; algo que no sabemos si ocurrirá o no, ya que no tenemos información porque no contestan los pedidos de informes”, aseguró.
Por otra parte, hizo hincapié en que se desconocen “los costos de las mismas, de su instalación, si se hizo un llamado o si simplemente fue por contratación directa. Esto no nos llama la atención, puesto que el uso de los recursos de la Junta se hace de forma no muy transparente”, concluyó Martínez, que llevará el hecho a la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas; al intendente Nicolás Olivera; a los diputados por el departamento; a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic); a todas las juntas departamentales y al Congreso Nacional de Ediles.
