Las distintas gremiales del transporte de carga del Uruguay mantienen diferencias sobre los datos de evasión que contiene un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y divulgado por diario El País. A comienzos de esta semana, el ministro José Luis Falero, acompañado por el Director Nacional de Transporte, Pablo Labandera, y el adscripto del ministerio, Sergio Valverde, mantuvo un encuentro abierto donde participaron transportistas independientes, diversas gremiales, cooperativas de transporte y un grupo de choferes. Allí plantearon reivindicaciones que sostienen desde hace años y la necesidad de establecer controles para evitar la competencia desleal y la evasión en el sector.
Con falero
Al inicio del encuentro, el secretario de Estado “se comprometió a escucharnos para ver las inquietudes y elevarlas al Poder Ejecutivo. Allí hablamos sobre los problemas con la inspección técnica de Applus, pero en mi intervención pedí que no nos mintamos, porque la reivindicación más grande que tenemos es el ingreso de los camiones forestales al mercado, estimado entre 700 y 800 por año”, dijo a EL TELEGRAFO el transportista Daniel Fagúndez.
Explicó que “el otro punto está relacionado a la aplicación de un control satelital al transporte, hacer un rastreo de las cargas y monitorear las horas de trabajo de los choferes. El gobierno anterior había instrumentado el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), o también conocido como ‘el gran hermano’ del transporte. El entonces ministro Luis Alberto Heber, dijo que no lo iba a implementar”.
La suspensión “indefinida” del sistema instalado durante la administración del exministro Víctor Rossi, resultaba “inconveniente” para su utilización de manera integral. Heber argumentó que estaba “mal instrumentado”, era defendido por los sindicatos pero rechazado por algunos empresarios del sector, debido a su costo. Posteriormente derivó en denuncias de irregularidades en la homologación a cargo de las empresas proveedoras del servicio, fue suspendido provisoriamente por la Justicia y finalmente volvió a instrumentarse.
“Hasta que el sistema cayó con la decisión de Heber. Falero quiere llevar adelante un sistema de guía electrónica con seguimiento a los cargadores, con el fin de conocer dónde hay más movimiento e invertir en las rutas de mayor circulación”, señaló.
Cantidad de camiones
Fagúndez recordó que “hay unos 17.000 camiones en el transporte profesional y son más de 10.000 de transporte propio que también hacen para terceros y no están habilitados. Con ese sistema quedará visibilizado si hay evasión y si está propenso a una multa. No sólo el camionero, sino también quien le da el flete serán pasibles de una sanción”.
En el encuentro consideraron “otro punto importante y es que antes de fin de año, el MTOP se comprometió a hacer diez estacionamientos para el descanso de los transportistas al costado de las rutas. Algunos tendrán servicios, otros serán cedidos por particulares, pero en ninguno de los casos se cobrará”. Incluso, “hay 19 estacionamientos aparte de aquellos, que están proyectados para el resto del país y que podrían contar con geolocalizadores para las cargas en tránsito con destino a otros países, con precinto electrónico y que permite ver su ubicación”.
Agregó que “el ministro adelantó en la reunión que a la empresa constructora de estos espacios, se le dijo que tiene la obligación de construir un estacionamiento cada 50 kilómetros. Esto es fundamental para los aspectos de la seguridad en el tránsito, porque a los choferes no los dejaban estacionar en los espacios que quedan en los peajes por aspectos de la seguridad. Pero ahí llamaron a consultas y hoy no está prohibido”.
En la reunión, Falero también anunció su “voluntad de empezar a cortar los árboles que están al costado de las rutas. Hemos visto que, por esta causa, se transformaron en siniestros fatales algunos accidentes que pudieron ser sólo despistes”.
Sin embargo, una de las principales reivindicaciones relacionadas a la situación de los camiones forestales que se vuelcan a las rutas como transporte de carga “con varios miles de kilómetros encima”, será motivo de “espera a lo que surja desde las mesas de diálogo que se formarán sobre los diferentes temas tratados con el ministro”, dijo Fagúndez. Y reconoció que “se trata de una reivindicación pesada, que no será fácil de resolver, pero fueron tres horas y media de una fructífera reunión con el ministro”.
Inquietud local
Fagúndez señaló que “planteamos una inquietud de Paysandú con respecto a que la Intendencia quiere cobrar una tasa o impuesto a los camiones que circulan por caminos vecinales. Creemos que tiene que fiscalizar y aplicar sanciones cuando se hace mal uso de los caminos. Pero no puede ser que, porque usemos el camino en circunstancias normales y sin lluvia, nos cobren 100 pesos el kilómetro. La verdad es que no sé cómo lo va a aplicar”.
Ejemplificó que “para tener una idea, en el transporte de ganado la tarifa está más o menos a 60 pesos el kilómetro. En este sentido, estamos muy preocupados y atentos a lo que sucederá”.
Evasión
Consultado sobre el informe del BID, precisó que “al no haber una regulación, es imposible que tengan datos exactos sobre la evasión porque hay descontrol. Pongamos por ejemplo lo que pasa en Nueva Palmira. Hay camiones que hacen acopio. Van al puerto, a veces están ahí dos o tres días y se usan como silos. No pasan por ninguna balanza, no tienen controles y evaden porque no tienen papeles. Trabajan a U$S 2,50 la tonelada a puerto y eso no da siquiera para cubrir el servicio del transporte y menos el salario del chofer”.
Según el transportista, “en un viaje de 250 kilómetros de Paysandú a Nueva Palmira, el costo del flete son 600 dólares. Hoy con el costo del combustible, el 60% va para el gasoil. Después hay que agregarle el desgaste del vehículo y sumado a los gastos del chofer, le quedan en el bolsillo unos 150 dólares al transportista. Entonces, por el capital que se compromete, estamos trabajando regalados”.
Pérdidas
Fagúndez aseguró que “hay un vacío legal con respecto a lo que le pasa a muchos colegas que han tenido pérdidas de granos en la ruta. Ha pasado que se les ha roto una puerta del acoplado y pierden 3.000 kilos de soja. La soja cuesta más de 600 dólares la tonelada y lo que falte, tiene que hacerse cargo el transportista. Lo que cuestionamos es que los seguros de carga no cubren ese aspecto”.
Por otro lado, consignó que “ya hubo varios aumentos del precio de los combustibles y las tarifas no acompasaron la realidad del sector”. Asimismo, recordó que “otra de las reivindicaciones históricas es que tenemos problemas con el pago de los peajes, porque pagamos lo mismo cuando vamos vacíos que cuando vamos cargados”.
Finalmente, reconoció que “al tema de las tarifas en el transporte lo tenemos que resolver las gremiales, pero ese –lamentablemente– es un tema de desunión. En este caso, tendríamos que regular nosotros y no el Ministerio de Transporte”.
