El abogado Federico Álvarez Petraglia, quien defiende al alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Colonia, Alfredo Iván Sánchez, recluido en la Unidad Penitenciaria 19 del Departamento de Florida, condenado por corrupción, presentó un recurso de inconstitucionalidad que impacta en el juicio político que pretende llevar adelante el Senado. El recurso es contra el artículo 18 de la ley 19.272 de Descentralización que establece que “la Junta Departamental tendrá sobre los Municipios los mismos controles que ejerce sobre la Intendencia. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 296 de la Constitución de la República”. El núcleo del asunto es que ese mencionado artículo de la Carta Magna no incluye a los Municipios, pues indica que “los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93”. Esto se debe a que la creación de la figura de Concejos Municipales y Alcalde se genera en la ley de Descentralización de 2014. Esto es, la ley 19.272 habilita el control de los Municipios por parte de la Junta Departamental, pero para ello se basa en un artículo de la Constitución que no los incluye.
El documento presentado a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, redactado por Álvarez Petraglia, establece -en nombre del alcalde de Florencio Sánchez-, que “es mi derecho solicitar al Senado de la República que posponga mi juicio político hasta tanto se pronuncien aquellos órganos del Poder Judicial llamados a decidir ante mis planteos, y esto lo hago en el entendido de que, como ciudadano, tengo derecho a que mi supuesta responsabilidad penal haya quedado completamente establecida por aquel Poder del Estado llamado a establecerla de acuerdo a nuestro orden constitucional vigente”.
Concretamente, debido a la denuncia de inconstitucionalidad se pide que el juicio político se posponga. “Se impone que la Cámara de Senadores espere a que la Suprema Corte de Justicia se expida sobre mi planteo, pues si el mismo es acogido, haría inaplicable tal norma a mi respecto, y esto aparejaría que caería completamente el juicio político que se me está siguiendo”.
Sánchez pide que se suspenda ese juicio político porque “en la hipótesis, también los señores senadores deben reparar que por efectos de la condena dictada, no podré reintegrarme a mis funciones, siendo de esperar que la Justicia se expida en forma definitiva antes que se consuma el resto de pena que tengo aún pendiente (según una resolución absolutamente nula), pero queda claro que, entre tanto, no podré ejercer nuevamente mi cargo como Alcalde, ya que a mi prisión le resta más de un año por cumplir”.
El exalcalde se encuentra, según sentencia judicial, con “inhabilitación especial por dos años para el ejercicio de la función pública”. Si no logra no ser destituido por vía parlamentaria podría regresar a ejercer el cargo en 2024.
“Creemos que, de continuarse con el presente procedimiento, en la hipótesis de que recayere mi absolución o la declaración de inconstitucionalidad promovida, las que sin dudas se darán según estimamos, podría generarse un perjuicio irreparable a mi respecto, el cual se podría evitar si simplemente se espera el resultado de tales procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal y ante la Suprema Corte de Justicia respectivamente”, reafirma el documento.
“En función de lo anterior, el Senado retrasando por unos meses la decisión sobre el punto, no limita sus poderes ni abdica de los mismos, sino que simplemente me da la oportunidad de demostrar mi plena inocencia en el caso por el que se me juzgó, impidiendo de esa manera que se cometa una doble injusticia”, especifica antes de aclarar que “no escapa a mi entendimiento que lo que pido no está previsto en ninguna norma, la Constitución no prevé prejudicialidad de especie alguna, pero la prudencia y el buen juicio de los señores Senadores pueden adoptar esta decisión, sin que ello importe renunciar a ninguna facultad de la que ese cuerpo esta investido por la Constitución de la República”.
La decisión que debe tomar la Suprema Corte de Justicia, a la que alude el documento presentado en el Senado, se basa en que cuando aceptó un acuerdo en un proceso abreviado, que lo llevó a la cárcel, fue porque “no fui asesorado en forma completa de los derechos que me amparaban, sumado a la circunstancia estresante de ver a gran parte de mi familia detenida con una oferta de que mi cónyuge quedaría libre si yo me hacía cargo de hechos que no cometí, pero que asumí, ante la situación planteada con mi esposa”.
Esto llevó a que se interpusiera un incidente de nulidad ante la Justicia competente de la ciudad de Florida “el que fue rechazado en primera instancia y ya fue recurrido por mi abogado, estando en este momento por ser enviado el expediente a la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Penal competente”.
Y subraya un “conjunto de irregularidades que se cometieron a mi respecto, las que estoy haciendo valer por la vía de un incidente de nulidad en este momento, pero que no descarto en el corto plazo si este medio de impugnación no fructifica, deducir un recurso de revisión penal ante la Suprema Corte de Justicia, y si no obtengo respuestas nacionales recurriré sin dudarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
