Un total de 14 personas, al menos 13 de Paysandú, fueron citadas por la Justicia a fin de esclarecer una serie de amenazas de las que fueron blanco las juezas Mónica Bortoli, Martha Alves y Marta Gómez Haedo al revocar el fallo del juez subrogante en la Contencioso Administrativo de 4º Turno, Alejandro Recarey, que prohibió al Estado vacunar a niños y niñas con la COVID-19. Si bien aún no fue divulgado, las investigaciones indicarían que se trata de personas vinculadas a grupos autodenominados como “antivacunas”. En contacto con EL TELEGRAFO, el vocero de Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, dijo que “en el marco de la investigación por las amenazas a las ministras del Tribunal de Apelaciones que lleva adelante el fiscal de Flagrancia de Montevideo de 5º Turno, el doctor Diego Pérez, se solicitó el allanamiento de entre 20 y 30 sitios, donde se incautaron una cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos celulares y computadoras, que ahora van a ser periciados. También se dispuso la citación de 13 personas de Paysandú y una de Montevideo para declarar en Fiscalía”.
“Es importante hacer hincapié que no están en calidad de detenidos, sino de indagados. La pericia sobre los dispositivos electrónicos llevará un tiempo”.
Sobre las amenazas recibidas por las magistradas, fuentes judiciales indicaron en su momento que “la acción se perpetró mediante notas o esquelas que llegaron a los domicilios particulares de las mencionadas profesionales” a la cual accedió este medio, y donde incluso se indica que la acción de las juezas “tendrá como consecuencia la actuación del Código Penal por abuso de autoridad y violación de los deberes inherentes a una función pública” (sic).
El Colegio de Abogados del Uruguay había emitido ya un comunicado de repudio en que pedían que “se llegue a individualizar a los responsables y en que se garantice efectivamente la seguridad de los jueces y juezas del país”.
