Día: 21 de agosto de 2022

Escribe: Ernesto Kreimerman.
Este 17 de agosto se han cumplido cinco años de los atentados yihadistas ocurridos en la Rambla de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils, Tarragona. La ferocidad de aquellos momentos queda en evidencia al recordar las 16 víctimas mortales del ataque terrorista y otras 355 víctimas, algunas con lesiones físicas y la mayoría con efectos postraumáticos.

Eran días en que la intensidad política en toda Cataluña era muy fuerte, centrada en los debates y movilizaciones independentistas, que derivarían a extremos como el encarcelamiento y huida de parte del gobierno de la Generalitat.
El capítulo judicial se cerró el año pasado, con una sentencia contra los tres acusados, con penas de prisión que van de 8 a 53 años. Si bien hubo reconocimiento a la actuación judicial en este proceso, no así en el cuidado y consideración respecto a las víctimas. La Audiencia Nacional de España ha advertido que las víctimas fueron descuidadas, “las grandes olvidadas”, del proceso judicial. Han pasado apenas cinco años. Unas pocas notas de prensa recuerdan los hechos, con sentido autocrítico de lo poco y mal que se han conducido las instituciones españolas, especialmente, para con las víctimas y el reconocimiento a algunos miembros de las fuerzas de seguridad, por su actuación. El terrorismo atenta, sí, contra la democracia. Pero ésta se fortalece de acuerdo a la capacidad de su respuesta inmediata frente a la emergencia y también la de su poder judicial. Sin embargo, para el terrorismo el objetivo es otro, más siniestro. En nuestro ordenamiento legal está muy claramente definido: son actos “de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, informáticos o tecnológicos de cualquier naturaleza, o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. Se incluye también en esta definición cualquier acto destinado a provocar un estado de terror o miedo generalizado en parte de la población o a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil u otra persona que no participe directamente en las hostilidades del conflicto armado”. Pero falta énfasis en las víctimas. Naciones Unidas ha notado esta debilidad y por ello exhorta a “establecer sistemas de asistencia para atender a las necesidades de las víctimas del terrorismo y sus familias, y promover la solidaridad internacional en apoyo de las víctimas”. El terrorismo es mucho más que un problema de seguridad, y en casi todos estos enfoques ha faltado poner el énfasis en las víctimas, en la dimensión humana de los efectos devastadores del terrorismo. → Leer más

Escribe Ing. Ramón Appratto Lorenzo.
Lo que sigue muestra una realidad documentada por un recibo de sueldos de noviembre de 1998.
Un recibo de sueldo de un profesional universitario, funcionario público, que aspiraba a obtener dos jubilaciones. Una por Caja Civil trabajando a sueldo del Estado y aportando montepío al BPS y otra por la Caja Profesional, pagando los aportes fijados en “la escala de las 10 categorías”. En ambas se exigía edad mínima, 60 años y 30 años de aportes efectivos. Aquí mostramos las cantidades y porcentajes por rubros, de sus ingresos y egresos, influyentes en su remuneración.

Ingresos. Retribución mensual nominal. $19.934,79 (100%). Integración de la retribución mensual.
Sueldo $11.364,54 (57.00%); Incremento mayo/92 $105,20 (0,52%); Antigüedad $653,40 (3,28%); P. transitorio $681,87 (3,43%); Compensación Profesional $5.081,58 (25,49%); Gastos de alimentación $1.720,00 (8,63%); Sub. y Transf. $130,20 (0,66%); Hogar Constituido $198,00 (0,99 %).
Egresos. Descuentos a la retribución mensual nominal. Montepío.

BPS $ 2.940,98 (14,75%); IRP Ley 15.294$392,13 (1,96%); IRP Ley 16.904 $784,26 (3,93%); 1,5% S. Salud $294,10 (1,47%); Bco. Seguros $228,00 (1,14%); Com. del Seguro $206,00 (1,03 %); S. Descuento $539.10 (2,70%); Fondo func. $1.003,22 (5,03%); Caja de Jubilaciones. Profesionales $4.064,00 (20,38%); Fondo As. Fun. $96 (0,48%); Cen. Recreativo $47,00 (0,23%). Total de descuentos: $10.594,79 (53,145%) del total nominal.
Observaciones sobre Ingresos. a) El sueldo era el 57%. b) La compensación por profesional el 25,49%. c) la antigüedad el 3,28% (subvaluada la experiencia y continuidad en las funciones). d) el Hogar Constituido, irrepresentativo. Cada $100 del ingreso bruto, un $1. Mantener constituido un hogar de familia no tenía estímulo. Sueldo 57% + Comp. Prof. 25,49% = 82,49%

Observaciones sobre Egresos. a) Ir adquiriendo las dos jubilaciones demandaba, $8.181,37 por mes. La Caja Civil llevaba el 20,64%. b) La Caja Profesional el 20,38%. c) Asegurar un ingreso jubilatorio holgado mediante dos jubilaciones demandaba el 41,02% del ingreso bruto del empleo fijo. d) Las necesidades comunes de la familia (casa, educación de los hijos, ahorro, vacaciones familiares en el país o Mercosur) provenían del resto de los ingresos fijos y del ejercicio libre de la profesión que en algunos meses del año generalmente producía más que el empleo fijo a sueldo. e) En ese tiempo las jubilaciones del BPS estaban topeadas en 7 salarios mínimos. No obstante, el profesional del caso aportaba $4.117,37 por mes para obtenerla. f) la salud insumía un 4%.

La “compra” de las dos jubilaciones

En función de lo anterior se puede deducir cual era la realidad de un funcionario público técnico profesional, a sueldo fijo aportante del BPS, que también hacía ejercicio libre de su profesión, en procura de lograr luego de muchos años, llegar a esas dos jubilaciones. Además del sacrificio económico mensual, había una postura y una actitud ante las circunstancias, que no siempre fueron ni son “color de rosa”. Eso demandaba jornadas de trabajo de entre 12 y 14 horas diarias, o más. Implicaba algo que fue casi tradicional de esas épocas: mucho espíritu de sacrificio para labrarse un futuro holgado. Mirar más lejos “que el hoy”. Pensar en vivir una vejez sin mayores zozobras.
Mi experiencia personal: fundadores y forjadores. Hubo generaciones a partir de 1954, año en que se creó la Caja, que fueron los que con decisión, inteligencia y coraje fundaron y forjaron una Caja que supo ser venturosa. Modestia aparte, me debo incluir en los forjadores. Hoy tengo la alegría de que dentro de la terna reelecta que representa a los pasivos en el Directorio de la Caja, soy compañero del Dr. Robert Long Varangot, cofundador de FEMI, expresidente de la Caja y cuyo nombre está en la piedra de granito que al pie de la famosa anacahuita de la “Torre de los Profesionales”, recuerda su pasaje por aquel Directorio que creó patrimonio.

Aunque los tiempos han cambiado, aún quedan unos 60.000 profesionales activos que siguen aportando a la Caja y la mayoría también al BPS. Pero hoy muchos profesionales siguen el camino del empleo único. Allí desarrollan sus habilidades universitarias trabajando en relación de dependencia de los dueños de grandes estudios jurídicos o contables, laboratorios, clínicas, empresas constructoras o de otros rubros. Y como empleados aportan al BPS. Quizás ganan muy bien y resolvieron su presente. No lo sé. Pero son unos 70.000 que declaran no ejercicio, aunque ejercen. Y sería justo que volvieran a la Caja con todo el dinero que vertieron en el BPS. Como se hizo con la Caja Bancaria incluyéndole las financieras y colaterales. La realidad parece empeñarse en demostrar que sin sacrificios es muy difícil esperar que al cesar la vida activa, se obtengan jubilaciones representativas del esfuerzo intelectual que representa ejercer una profesión universitaria.

Hoy la Caja está financieramente frágil. Fruto amargo de ser mal dirigida desde hace mucho tiempo. Los profesionales activos lamentablemente se han desentendido de ella y de armar y presentar listas de candidatos idóneos para las elecciones de sus Directorios y dejan eso librado a otros que no tienen idea de la cosa. A ignotos “figuretis”. Debo decir con profundo dolor, que los aportantes a la misma, que tienen su dinero depositado en la propia Caja, han sido displicentes en interesarse por mejorar la gestión de la Caja, que como ha dicho el Presidente de la CESS Dr. Rodolfo Saldain, tiene “mala gobernanza”. Ahora se han congregado, según dicen, unos 10.000 profesionales activos que protestan airados contra los Directorios de la Caja y piden soluciones para la vida perdurable de la misma. Es bueno recordarles que si se hubieran interesado antes –y algunos de ellos saben que intenté que crearan listas de activos para comparecer a la elección del 20 de octubre de 2021– con poco más de la mitad de esas voluntades enardecidas, hoy serían los dueños de las cuatro sillas que tiene reservada la Caja para la representación de los Activos y por tanto serían los dueños de las decisiones del actual Directorio. No sucedió. Ahora tienen pocas chances. Que el Poder Ejecutivo cambie sus 2 Directores y sintonicen con los 3 electos que ahora siempre pierden. O que si el tren pasa otra vez, no se queden en el andén haciéndole “adiós con el pañuelito”. → Leer más

Escribe: Danilo Arbilla.
No, no me refiero a Beatriz ni a Laura ni a Carolina. Se trata de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales Martínez, quien el año próximo asumirá como presidenta de la SCJ.
El semanario Búsqueda dedica su contratapa de este jueves a la referida magistrada. En una primera ojeada dos cosas me llamaron la atención: su opinión de que la calidad de las sentencias “ha bajado” y el hecho de que sea de Bolívar. Y esto ¿por qué? Porque Bolívar es un pequeño pueblito de Canelones, sobre el Santa Lucía en el límite con Florida, conocido en mi época como el “calcetín”, porque se entra y se sale por el mismo lugar, que se hizo famoso cuando lo fue a visitar Hugo Chávez –lleva el nombre del Libertador–, quien hizo alguna donación creo (eran otras épocas). Sin duda la asunción de Morales acrecentará aún más la fama de Bolívar.

En la entrevista Morales dice algunas cosas bien importantes; para remarcar. Constituyen un elocuente “aviso a los navegantes”. Como anotación previa: para la ministra el hecho que en estos momentos la mayoría de los integrantes de la SCJ sean mujeres, no cambia nada. “En principio no debería”, atina.
Habría que mirar qué está pasando en la Fiscalía. Pero no es lo importante, el tiempo dirá.
Vayamos a lo medular; dijo Morales: …“fui de una época de la facultad, de nuestros grandes profesores, y jueces a los que admiré, en la que el juez tenía que hacer las sentencias y exponerse lo menos posible. El juez tiene que explicar lo que hizo pero no ser una estrella que está todo el día en los medios. Esa era la visión cuando empecé”. Y qué bueno que fuera así. Pero los tiempos han cambiado doctora. Ahora el vedettismo ha hecho carne en muchos, particularmente por el lado de los y las fiscales. Uno de los malos efectos del Código del Proceso. El penoso ejemplo del español Garzón, debería ser un alerta; sin embargo la natural vanidad de cada ser, ver seriales y fundamentalmente el sentirse poderoso y dueño de la suerte y la libertad de ajenos, es muy adictivo.
Vamos por más: no tiene redes sociales: “No, nada. Nunca fue algo que me atrajera y, además, como es tiempo perdido, prefiero perderlo en mis hobbies, mirar una película, leer algo”.
Ojalá y todos lo consideraran “tiempo perdido” y no estuvieran tan pendientes ni se sujetaran tanto al ruido de las redes (y de las oenegés también; de algunas, no todas).

La futura titular de la Suprema, piensa que tanto en el club deportivo como en las redes “se supone que un juez tiene que ser alguien centrado. Siempre en cualquier ámbito tiene que comportarse más o menos igual, mostrar equidistancia”.
También advierte: “cuan justo es un proceso depende de las oportunidades que tuvieron las partes durante el proceso. Y eso lo dan las herramientas del derecho procesal, que a veces las veo como desconocidas o inaplicadas”. E insiste en la idea al hablar de la “calidad de las sentencias”: “no hay nadie que no tenga un doctorado, algo en una universidad de no sé dónde, y no lo ves traducido en cómo se actúa en un proceso”. Dijo muchas cosas. Algunas quedan en el tintero. En el acápite, se resume que en asuntos de género, se muestra pragmática: “incorporar la perspectiva de de género (hubo una batería de preguntas al respecto) no es fallar de forma ‘flechada’, es aplicar la ley”. Y otra vez tiene razón. En todo caso es la ley la que podría estar flechada. → Leer más