(Escribe: Danilo Arbilla)
“Nunca quieren saber la verdad. Eligen su propia versión de la ‘verdad’ y luego intentan retorcer la realidad para que les cuadre”. Lo dijo el soldado ucraniano Vladyslav Zhavoroniuk (VZ), prisionero de los rusos, torturado, y a quien estos le siguen un “proceso”. VZ no espera justicia.
Es de bárbaros, pero encaja en aquello de que “lo político está por sobre lo jurídico”.
Al invadir a Ucrania, Rusia violó tratados, convenios y leyes internacionales, pero según el representante ruso en la ONU “fueron decisiones políticas”. De Putin, desde luego.
Yo hago lo que quiero y después digo a los abogados que lo acomoden al sistema jurídico, decía Evo Morales, quizás el precursor, en una expresión elocuente de soberbia y de abuso del poder.
El expresidente José Mujica fue quien popularizo la “máxima”, tras la cumbre del Mercosur en la que desconociendo las normas constitucionales de Paraguay, se suspendió a este país, para dar ingreso a la Venezuela de Chávez, violando las propias normas de la institución que impedían el ingreso a países no democráticos, como el era el caso de Venezuela. No les sirvió de nada, Venezuela no llegó a integrarse. “Fue una incorporación política, que dejó de lado todas las trancas jurídicas que se habían interpuesto previamente”, explicó Mujica.
La razón de ser de los Estados y de las constituciones es la de garantizar las libertades y derechos individuales; inalienables y anteriores a todo. Son instrumentos para asegurar la convivencia y la paz social. Violar las normas jurídicas va contra todo ello.
En estos días estamos ante hechos que también encajan en eso de la supremacía de lo político por sobre la ley: se trata de los casos Marset y Carrera.
En el del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, fue un papelón, hicimos el ridículo, lo que sea, pero es importante aclarar que se procedió según las normas legales, como se aclaró y fue aceptado. Si las normas muestran fisuras, como “saltó”, hay que modificarlas. Pero mientras, respetarlas; aunque algún pícaro se haya valido de ellas y siga suelto.
Lo del doctor Charles Carrera tiene una carga política mayor. Lo del pasaporte fue una buena excusa para hacer escándalo y política barata y, de ser posible, “tapar” lo del senador. Lo del “bochorno internacional” (lamentable Pereira) es cuento. No lo hubo ni con la ayuda de la interpelación. Ademas la tapó lo de Argentina, ese sí una de los casos más flagrantes en que se pretende que lo político –llamémosle “la patota” como la ha definido también Mujica o mejor aun el neofascismo– está por sobre la ley.
En al caso Carrera, ya conocido, es indiscutible que se violaron normas de todo tipo. Se establecieron privilegios, se ocasionaron gastos al estado, para empezar y hubo encubrimiento y chantaje o cosas parecidas, si nos ponemos a pensar mal.
Damos sí por buenas las razones e intenciones humanitarias, de mea culpa, y hasta solidarias. Sin embargo no es así como se hace: ¿por qué unos sí y otros no? Este caso específico es muy doloroso por cierto, pero puede que haya muchos otros que han sido perjudicados y “condenados a sufrir” por errores del Estado y que no recibieron igual tratamiento.
Todos iguales ante la ley, y nadie, ningún poder puede desvirtuarlo.
Hay que estar atentos, igual, me dijeron en la fiscalía que al tema lo pasaron a un fiscal medio lento, “muy estudioso”.
Hummm… estas son de las cuestiones que no admiten la menor demora.
