(El País)
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) planea cancelar el pago de 11.500 asignaciones familiares correspondientes a niños y adolescentes que no están siendo enviados a estudiar. Es la segunda vez que se realiza esto en la administración de Luis Lacalle Pou (la primera fue en octubre del año pasado, cuando se cortaron 9.000), luego de que se dejara sin efecto la medida –que fue decretada en 2015 por el fallecido presidente Tabaré Vázquez– debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19.
El corte de asignaciones se empezó a implementar a partir de 2013 durante el gobierno frenteamplista de José Mujica, para todas las familias que no enviaban a sus hijos a estudiar. Se hizo basándose en la Ley Nº 18.227, que establece criterios en cuanto a cómo se hacen los pagos de asignaciones según el nivel educativo de los menores.
En 2015, cuando Vázquez volvió a ser presidente y Marina Arismendi regresó a la cartera de Desarrollo Social –donde ya había estado en el primer período del Frente Amplio–, las asignaciones dejaron de cortarse para los niños y adolescentes que no estudiaban.
Esto generó diferencias entre Arismendi y Vázquez, y el corte de asignaciones se retomó en 2016 luego de que el presidente firmara un decreto donde se obliga de manera explícita a retirar las prestaciones a aquellas familias que no estén enviando a sus hijos a escuelas, liceos o instituciones de UTU. Los cortes se hacen dos veces al año: en el primer semestre y en el segundo.
Pese a esto, las suspensiones en los pagos han sido intermitentes en los últimos tiempos. En 2013, cuando esto se implementó, se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000. En 2015 no se hizo el corte porque Arismendi lo bloqueó. En el primer corte de 2016 –ya con el decreto de Vázquez en plena vigencia– el Banco de Previsión Social (BPS) anunció la suspensión de asignaciones para 16.000 jóvenes. El segundo no se hizo porque Secundaria no envió a tiempo los datos para hacer el cruzamiento de la información.
En el primer corte de 2017, en tanto, fueron 14.000 los niños y adolescentes que se quedaron sin la prestación, y 15.000 en el segundo. En 2018 se hizo un solo corte y a fin de año, y allí se dieron de baja 12.607 asignaciones. En 2019, en el año electoral, la prestación se cortó dos veces, ya mediados de año fueron 9.732 las asignaciones que se suspendieron. El segundo corte se hizo, pero en su momento no se divulgó ni El País pudo acceder al número de familias que se quedaron en ese entonces sin la prestación.
La primera vez que lo debió hacer el gobierno de Luis Lacalle Pou, a mediados de 2020, esto se descartó por la emergencia económica que implicaba el coronavirus. Tampoco se hizo en el primer semestre de 2021, sino recién en el segundo cuando el sistema educativo ya funcionaba con presencialidad plena, aunque aún estaba vigente la emergencia sanitaria.
COLEGIO DE ABOGADOS REPUDIA AMENAZAS
(LA DIARIA)
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió un comunicado en repudio a las amenazas a las tres magistradas, integrantes del Tribunal de Apelaciones, luego de que revocaran el fallo del juez subrogante en lo Contencioso Administrativo de 4° turno, Alejandro Recarey, que prohibió al Estado vacunar a niños y niñas contra la COVID-19.
Las juezas Mónica Bortoli, Martha Alves y Marta Gómez Haedo recibieron notas o esquelas en sus domicilios particulares, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, hizo una denuncia policial. Los detalles de los mensajes amenazantes se mantienen en reserva, para preservar la investigación.
En virtud de los hechos, el CAU manifestó “profunda preocupación” ya que las amenazas representan una “notoria violación a los principios más básicos del Estado de derecho, que descansan precisamente en la independencia técnica de los integrantes del Poder Judicial, siendo compromiso de todos los ciudadanos velar por los mismos”.
PARTIDO COMUNISTA CRITICA REFORMA
(SUBRAYADO)
El comité central del Partido Comunista se reunió este domingo y definió su postura crítica con respecto a la Reforma de la Seguridad Social que presentó el presidente Luis Lacalle Pou. En una resolución, el sector liderado el secretario general Juan Castillo planteó la “defensa de una Seguridad Social Pública, universal, solidaria, sin fines de lucro y sin Afaps”, por lo que proponen un diálogo con organizaciones y protagonistas vinculados al tema.
Además, expresan su solidaridad con la intendenta Carolina Cosse quien fue a declarar como indagada por el Antel Arena y aseguran que la denuncia es “inconsistente”. Al tiempo que sostienen que la Coalición de gobierno apuesta a la judicialización de la política.