Continuando con los pasos tendientes a promover una reforma de la seguridad social que contemple la evolución de la realidad socioeconómica del país, a partir del borrador elaborado por la comisión de expertos en el tema convocada por el presidente Luis Lacalle Pou en su momento, el viernes el mandatario presentó el anteproyecto al Frente Amplio en la persona de su presidente, Fernando Pereira, en lo que constituye un paso indispensable, teniendo en cuenta que la coalición de izquierdas representa la opinión de la mitad del país, y que se requiere en este tema un consenso político para dar viabilidad a una iniciativa que sin dudas despierta más rechazos que apoyos, dadas las características que necesariamente debe tener.
Luis Lacalle Pou, al comentar esta instancia, sostuvo que la reforma brinda soluciones, pero opinó que se debe actuar, porque hay situaciones insostenibles, además de considerar que la propuesta construye un sistema sostenible y más solidario.
Por su lado el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, manifestó que se va a estudiar con “rigurosidad, sensatez y profundidad”, con la participación de 25 técnicos y a partir de los aportes que el Frente Amplio dejó en la Comisión de Expertos, de la que precisamente se retiró por no estar de acuerdo con varios de los puntos incluidos en el borrador.
Luego del encuentro en la sede del Frente Amplio, el presidente de la República aseguró que la iniciativa requiere de consensos “lo más amplios posibles”, y sobre las diferencias políticas con Pereira, Lacalle Pou dijo que acordaron hacer “un paréntesis en la batalla diaria política”, ya que es “un tema de todos”.
“Si no hacemos algo en este gobierno, el próximo va a tener que tomar medidas más urgentes”, advirtió el mandatario, a la vez de asegurar que el proyecto abarcará a todas las cajas y subsistemas, incluido el Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas.
Explicó que primeramente se deberán atender los problemas que afrontan la caja bancaria y la de profesionales para que a futuro puedan confluir en un sistema único, mientras que Pereira reclama saber si la reforma de la seguridad social “es un proyecto del presidente o de la coalición”.
Precisó asimismo que 25 técnicos estudiarán el anteproyecto, pero adelantó que la fuerza de izquierda no se expedirá hasta que no lo haga el gobierno, aunque a la vez consideró que está sumamente convencido de que la seguridad social es una “prioridad nacional”.
Días antes, en un paso previo, el mandatario entregó el documento en el que se viene trabajando desde hace más de un año a los líderes de la coalición, instancia en la que el líder colorado Dr. Julio María Sanguinetti dijo que el cambio de las reglas será “muy lento” en el tiempo, mientras que Pablo Iturralde y Pablo Mieres pidieron el “compromiso” del Frente Amplio.
Rodolfo Saldain, designado por el gobierno para liderar el proceso de reforma y quien trabajó en el proyecto, dio detalles del plan, que plantea cambiar las reglas desde 2027 y establecer una transición gradual entre los dos regímenes –el actual y el futuro– por 20 años.
Saldain detalló que el anteproyecto consta de unos 250 artículos. Se propone “un nuevo sistema” que será “común” para todos los trabajadores, sin cajas paraestatales, “que quedará operativo después del período de convergencia” de 20 años.
En los próximos cinco años no habrá cambios de reglas para quienes se jubilen, y a partir del sexto año se comenzará con un régimen mixto: “La jubilación se calculará en 80% por las reglas actuales y 20% por las nuevas” que surjan de la reforma, y en los años siguientes se irá incrementando ese último porcentaje de a 5%. “Pasados 20 años, todo el sistema quedará regido” por las nuevas condiciones jubilatorias, señaló el profesional experto en la materia.
Uno de los principales cambios en el régimen es la suba de la edad de retiro de 60 a 65 años, con excepciones para determinadas actividades –como la construcción y los rurales– y otras que mantendrán la bonificación en los años de aportes. Esta variación será gradual en el tiempo, comenzando con 61 años como edad de retiro para la generación nacida en 1967 –aquellas personas que hoy tienen 55 años– y llegando a 65 años para los nacidos en 1971 –que hoy tienen 50 años–.
Para el cálculo jubilatorio, además, se tomarán en cuenta los 25 mejores años de aporte de los trabajadores, en lugar del criterio actual, que toma en cuenta los últimos diez o los 20 mejores años.
Consultado sobre si esta modificación no implica una inevitable baja de las pasividades, Saldain dijo que ese cálculo “no es lineal” ya que depende de la trayectoria laboral de cada persona. Luego de la reunión el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo en conferencia de prensa que Lacalle Pou les transmitió su convicción de que es necesario que se transite el camino de reforma de la seguridad social. Al igual que “los gobiernos anteriores” del Frente Amplio dijo, el actual reconoce que existe la necesidad de cambios, pero que “en este caso” quieren “que salga adelante”.
“¿Eso quiere decir que lo queremos hacer como coalición? No, nosotros queremos que sean todos los trabajadores, empresarios y uruguayos quienes reconozcamos un problema que hace más de 20 años que está arriba de la mesa, que sentimos que es necesario modificarlo, y no para hoy sino para más adelante, para las próximas generaciones”, sostuvo Iturralde.
Aclaró que “ningún jubilado que está cobrando hoy algún tipo de pasividad va a tener ninguna reforma”. Además, “todos aquellos que tienen derechos adquiridos al día de hoy los mantienen, y los van a mantener los próximos cinco años para poder jubilarse de acuerdo con estas mismas reglas”.
La enorme importancia del tema y la proyección de mediano y largo plazo sobre la vida de los uruguayos plantea el imperativo de que se alcance amplio consenso político para llevarlo adelante, lo que implica el desafío de elevar las miras por encima de los cortoplacismos, las miradas ideológicas a ultranza y negociar para llegar a un proyecto que si bien podría dejar cosas por el camino, permita acuerdos en los puntos más significativos para no encontrarnos un día con que por diferencias de menor cuantía, se postergue lo realmente importante y el futuro nos encuentre con deberes por hacer, con efectos traumáticos sobre el tejido socioeconómico nacional.
Este es precisamente el imperativo para el sistema político: aventar cortoplacismos y la búsqueda de ventajas electorales y de hacer pagar costos políticos al adversario, para asumir las responsabilidades de gobernar en las buenas y en las malas, sobre todo en temas que como este, implican asir el toro por las astas, aunque no resulte simpático ni agradable, como todo remedio.
