Sindicato del BPS no descarta un plebiscito para frenar los cambios en seguridad social; CA tiene “objeciones iniciales”

“La reforma previsional tiene que obedecer a una política de Estado y no a la política de algunos partidos”, declaró el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

(La diaria-Telemundo)
Las críticas del Pit Cnt hacia el anteproyecto de ley sobre la seguridad social presentado por Presidencia fueron compartidas y respaldadas por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que nuclea a los funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS). Su vicepresidente, Rodrigo Núñez, dijo que el anteproyecto del gobierno aborda la seguridad social como “un gasto”, cuando “debería plantearse como un derecho fundamental”. Lejos de esto, sostuvo, se propone “más trabajo, menos años de jubilación y un sistema de retiros deficitario”.
Con relación al incremento de la edad jubilatoria –excepto para determinadas actividades, como la construcción y el trabajo rural–, Núñez observó que “en realidad la gente se jubila en promedio a los 63 años”, por lo tanto, “extendiendo cinco años más, como se plantea, estaríamos llevando la edad jubilatoria promedio a los 68 años”. Agregó que en ese escenario además aparecerían dificultades en torno a “la generación de puestos de trabajo para la población joven”.
“Para nosotros, el diseño del sistema previsional tiene que ir hacia un BPS fuerte, y no seguir la línea de fortalecer a la seguridad social con fines de lucro, de fortalecer al régimen de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). El que atiende las situaciones de vulnerabilidad social cuando el necesario es el BPS”, manifestó Núñez en alusión a los subsidios por desempleo durante la peor parte de la pandemia.
En tal sentido, Adolfo Bertoni, integrante del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social y expresidente de la ATSS, explicó que de aprobarse el anteproyecto sin mayores modificaciones, “todos los trabajadores que ganan por encima de 103.000 pesos se van para las AFAP”. El resto, aquellos trabajadores que ganan menos de 103.000 pesos por mes, aportarán 8% de su salario al BPS y –obligatoriamente– 7% a las AFAP, “lo cual confirma un achicamiento del BPS”, apuntó.

Con respecto a medidas que se podrían llegar a tomar, Núñez no descartó la organización de un plebiscito en contra del nuevo sistema de seguridad social impulsado por el gobierno. “Seguramente, si sigue de la forma en que está planteada la reforma en este anteproyecto, llegaremos a presentar un plebiscito para poder brindar una seguridad social estatal, pública y solidaria”, afirmó.
Por su parte, en conferencia de prensa, el senador y líder del partido, Guido Manini Ríos, dijo que Cabildo Abierto “le encomendó a sus técnicos que se haga un estudio pormenorizado de los 300 y pico de artículos” del anteproyecto de reforma de la seguridad social.
“Inicialmente, tenemos algunas observaciones sobre el nuevo régimen de pensiones, creemos que afecta a las viudas, por ejemplo, en forma que creemos que merece un análisis más profundo”, dijo Manini, y agregó: “Tenemos algunas objeciones sobre la bonificación de la Policía, que se baja comparado con lo que hay hoy vigente”. “Son algunas objeciones iniciales, pero vamos a esperar el documento de análisis que están haciendo los técnicos, que en algunos días más veremos”, indicó.

En ese sentido, Manini dijo que en base al análisis de los técnicos, que puede estar dentro de dos semanas, el partido adoptará una posición. “Seguramente va a ser mejorando en algunos aspectos el proyecto”, dijo.
“Creemos que la reforma previsional es necesaria, pero también reiteramos que tiene que tener la mayor base política posible, tiene que obedecer a una política de Estado y no a una política de algunos partidos”, afirmó Manini, y agregó: “El tema de la seguridad social hay que abordarlo integralmente, todos los prestadores de seguridad social tienen que estar incluidos en la reforma que se trate, atendiendo las particularidades y siempre con el criterio de justicia”.
“Todo el sistema de seguridad social requiere una reforma. Si no se hace, en pocos años más el sistema todo va a colapsar”, concluyó.

MSP DENUNCIA A CASA DE GALICIA

(MEDIOS PÚBLICOS)
El Ministerio de Salud Pública presentó una denuncia penal contra las autoridades de Casa de Galicia, la mutualista de Montevideo por estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin fondos y usura, entre otros delitos.
La denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública contra las autoridades de lo que fue Casa de Galicia incluye una larga lista de irregularidades que van desde la emisión de cheques sin fondos por millones de dólares, la adquisición de la Clínica Leborgne en Punta Carretas por tres millones y medio de dólares sin una tasación previa y una maniobra a través de una casa de cambios por la cual el expresidente de la institución, Alberto Iglesias, habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de 180.000 dólares que no volcó a la mutualista pese a que estaba destinado a financiar actividades de la empresa.
El informe de la auditoría incluido en la denuncia señala que se advirtió del pago de “tasas de usura a acreedores financieros”, y que “en algunos casos se utilizaba un procedimiento por el cual se firmaban contratos a tasas legales, pero luego se pegaban sumas superiores que no reflejaban las tasas realmente acordadas”.

FA PLANTEA EMERGENCIA NACIONAL POR MUERTES VIOLENTAS

(RADIO UNIVERSAL)
El Frente Amplio planteó al Ministerio del Interior declarar emergencia nacional por muertes violentas, según expresó el diputado Sebastián Valdomir. “Los datos son muy preocupantes”, agregó el legislador, y sostuvo que también hay un aumento en las muertes dudosas. “Fiscalía habla de tener una muerte dudosa cada 48 horas”, delineó.
“Le preguntamos al ministro si no lo están mandando a la guerra con un tenedor”, declaró Valdomir, haciendo referencia a que otros actores que participan de la seguridad como lo es el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), o la Junta Nacional de Drogas “no reciben casi nada de presupuesto”.
En esta línea, afirmó que aumentar el salario de la Policía no va a solucionar todos los problemas que está atravesando el país en materia de seguridad.