En la era pospandemia, América Latina debe recomponer tres escenarios vinculados a la salud. La mortalidad por cáncer, con estadísticas altas, la prestación de los servicios y el impacto económico en los pacientes y los servicios de salud.
El continente mantiene una estadística preocupante y eso se refleja en los consultorios. Allí acuden los pacientes con casos de cáncer avanzados por las más diversas razones. Una de ellas se debe a las restricciones en la movilidad que padecieron los países en diversos grados, en algunos casos con aislamiento obligatorio. Otras situaciones se explican por el miedo del usuario a contagiarse la COVID-19 al asistir a un centro de atención a la salud o por la falta de fecha para los especialistas.
La America Health Foundation reportó que en América Central, el 97 por ciento de los médicos informó sobre la detención de los programas de prevención y tamizaje. Más al Sur, Argentina, Chile y Uruguay no estuvieron muy alejados de esa realidad y apuntaron un 86 por ciento. La diferencia del caso uruguayo, es que los restantes dos países mencionados tuvieron períodos de cuarentenas impuestas por los gobiernos.
Uruguay apeló a la “libertad responsable”, pero incidieron los mismos factores que hoy alertan tanto a los científicos como a los usuarios de los servicios por los resultados negativos que ya se encontraban presentes, incluso antes de la pandemia.
Sin embargo, el país se destaca en el contexto suramericano por su manejo de la COVID-19, una situación que no fue igual para todos. Es lapidaria la conclusión del estudio que aclara: “si seguimos así, sin reconocer esta demanda retrasada que generó la pandemia, y seguimos manejando el control del cáncer como antes del COVID-19, este tsunami de pacientes que no fueron atendidos regularmente en los servicios de salud y que ahora están generando estos desenlaces negativos va a seguir creciendo. Se va a volver una bola de nieve que no va a ser sostenible”.
Las consecuencias del lo que este exhorto advierte se verán en unos años, cuando se comparen los resultados de las políticas públicas del continente, enfocadas al tratamiento del cáncer. Las más visibles, además de la sanitaria, serán sociales y económicas, con mayores afectaciones en las familias así como en los presupuestos nacionales. La humanidad ha atravesado por diversas pandemias a lo largo de los siglos y en las últimas décadas, pero esta última ha encontrado a los gobiernos con datos más sistematizados, que facilitan un abordaje integral de esta problemática que persistirá conforme pasen las generaciones.
Pero han quedado claras varias enseñanzas después de la COVID-19. Una de las principales, es que los esfuerzos aislados no consiguen resultados y, mucho menos, en la salud. Los sectores público y privado deberán trabajar en forma conjunta para enfocar las campañas de prevención y concientización de enfermedades que siempre padeció la sociedad moderna. Las denominadas enfermedades no transmisibles, como cardiopatías, cáncer y otras crónicas llevan la delantera sin importar las edades de quienes las padecen.
Un capítulo aparte merece la población femenina y no por meras cuestiones ligadas al género, sino por las diferentes facetas que cumple como trabajadora, cuidadora y paciente.
En los aspectos económicos, las mujeres sufrieron mayores pérdidas de empleo y salario que aún no han recuperado. En el segundo caso, han dedicado tiempo extra a las labores de cuidados por enfermedades propias en su entorno, agudizados por la propia pandemia. Y, en el último punto, ha sido quien ha relegado los controles a su salud que se exponen en cualquier estadística.
Por ejemplo, a nivel de América Latina las mamografías bajaron un 96 por ciento mientras el cáncer de mama encabeza las listas en todos los países. Es un tipo de cáncer con alta supervivencia, por eso se vuelve el más costoso en la globalidad. Representa el 50 por ciento de todos los casos constatados y su presupuesto es también la mitad del costo total estimado en 3.900 millones de dólares. En total, el impacto económico puede llegar a 10.700 millones de dólares, según este estudio.
Implica que, de acuerdo al escenario de los casos positivos prepandemia, más de 470.000 personas resultarán afectadas directamente por un cambio en su etapa del cáncer, tanto sea porque morirán ante una diagnóstico avanzado o porque los afectarán profundamente en sus finanzas personales.
No obstante, cabe recordar que en el contexto global, los países no estaban preparados para enfrentar una pandemia sanitaria. Porque los gobiernos en general se preparan para los escenarios de crisis económicas y aprenden a predecir los obstáculos a través de una diversidad de índices.
Aprender de esta experiencia, nos llevará a prevenir los casos de cáncer en estadios más avanzados, porque en definitiva, también afecta a las económica de los países. Afecta la vida de la población aún activa, joven y de referencia en sus familias, como el caso de las mujeres.
Uruguay comienza por algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, con el fin de desarrollar su detección precoz en los pacientes con alto riesgo. El Ministerio de Salud Pública prevé orientar los estudios de prevención a la población entre 55 y 70 años, fumador actual y exfumador desde hace menos de 15 años.
O la obligatoriedad de los estudios de mamografía dentro de las metas prestacionales en las instituciones de salud que hasta ahora eran opcionales, al menos hasta 2024. O las campañas de detección precoz no solamente en sus efemérides, sino en forma continua.
Este camino puede revertirse con conciencia y responsabilidad. Todas las partes están involucradas para comprender que el cáncer no es solamente un problema de los oncólogos.