El secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, quien ayer concurrió a Tacuarembó para participar del tercer “Ciclo de Diálogos Departamentales para el Desarrollo Sostenible, con foco en la Gestión Integral de Residuos”, se mostró “sorprendido” tras leer en EL TELEGRAFO que el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Alejandro Leites, presentara ante la Justicia el pedido de acceso a la información pública en relación a la labor de la Fundación A Ganar en la administración de recursos humanos para la Intendencia de Paysandú.
Ayer el Juzgado Letrado de Paysandú de Sexto Turno no dio trámite a la petición, indicando que la Administración “(está) aun en plazo hábil para cumplir con lo requerido”. Quedó establecido “el impulso procesal de los interesados” para el caso que se cumpla el plazo sin que la Intendencia responda.
Farinha subrayó que “estamos ante un nuevo intento fallido del Frente Amplio de pretender generar un hecho político a partir de un relato falaz. Con una exagerada puesta en escena, se pretendió judicializar una situación, cuando la Intendencia se encuentra en tiempo para dar respuesta, como lo ha hecho en cada uno de los casos en que fue solicitado por cualquier persona. Resulta paradójico que quienes hoy en forma absurda aducen un incumplimiento, otrora vilipendiaron reiteradamente el principio de transparencia”.
Farinha hacía referencia a la resolución del pasado 18 de agosto del intendente Nicolás Olivera, que estableció que se había decidido “hacer uso de la prórroga de veinte días hábiles, respecto del plazo dispuesto en el artículo 15 de la ley 18.381 del 17 de octubre de 2008, para resolver la solicitud de información formulada por el señor Alejandro Leites”.
Fermín Farinha aseguró que “una vez más el edil solicitante desconoce cómo se tramita un procedimiento administrativo. Bastaba con consultar el expediente para apreciar el estado del mismo, sobre todo cuando es harto conocido que la Administración tiene la facultad de solicitar la prórroga del plazo, como es de estilo en estos casos, según resulta de la resolución dictada el pasado 18 de agosto”.
“Es descabellado que aún a sabiendas de este extremo, con una clara intencionalidad política, se buscó –sin éxito– exhibir un incumplimiento donde no lo hay, con una evidente impericia, que deja a la luz una práctica mezquina, que muy lejos está del estándar que se requiere para el ejercicio de responsabilidades públicas”, opinó el secretario general de la Intendencia.
