Escribe: Daniel Arbilla
Madrid, 27. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, calificó de “tétrico” el estado de la libertad de prensa en el continente, al inicio de la 789 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en esta capital europea.
Veamos ¿por qué?
En el último semestre 25 periodistas fueron asesinados: Brasil (1), Colombia (3), Chile (1), Ecuador (2), EE. UU. (1), Haití (3), Honduras (2), México (11) y Paraguay (1).
Los presos, acusados o condenados fueron 19 –Cuba (7), El Salvador (2), Guatemala (2) y Nicaragua (8)– y los exiliados 29: Colombia (1), Cuba (3), El Salvador (10) y Nicaragua (15).
De los asesinatos menos del 10% han sido esclarecidos.
Resalta el caso de México: tiene casi la mitad de los asesinados. Peor aún, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, el argentino Carlos Jornet, informó que en los últimos 36 años hubo 660 comunicadores asesinados, y de ellos 160 fueron mexicanos. Las cifra de muertos en México, dijo “supera por un tercio a las de Colombia y triplican las de Brasil, otros dos países que padecen el flagelo de la inseguridad para la prensa”. Y por si fuera poco todos los días el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde un “programa mañanero”, profiere insultos, ataca y estigmatiza a periodistas y medios independientes. AMLO ha reinstaurado con total vigor el viejo modelo mexicano de izquierdista para afuera y fascista apara adentro.
Pero hay más peligros y amenazas que analiza la asamblea. A la cabeza la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. Un punto y aparte merecen las grandes plataformas digitales y las redes sociales. Paralelo a los beneficios que han aportado, a la vez han violentado tradiciones y normas expresas: derechos de autor, responsabilidades judiciales al igual que el resto de los medios, transparencia, jerarquización de materiales, censura y competencia desleal. Más los crecientes efectos negativos de las “redes sociales” y los operadores anónimos, que han infectado el espectro informativo, que violan el sagrado principio de que la libertad de cada uno tiene como límite la libertad del otro, que invaden la intimidad, que corrompen el debate público y que, con sus falsedades e insultos, superan largamente a la peor prensa amarilla. Son asimismo instrumentos utilizados por el poder, gubernamental y político, para la estigmatización del periodismo.
Nadie queda afuera. Uruguay tampoco; comparado con el resto es juego de niños, pero comparado consigo mismo surgió en el debate que no está ajeno al flagelo. Tras el análisis y discusión del informe correspondiente, como ocurre con todos los países, con participación abierta –y a cara descubierta–, se concluyó que en Uruguay no hay elementos que afecten el libre ejercicio de la actividad periodística y la independencia de los medios ni que limiten una plural información a los ciudadanos. Se reiteró sí la preocupación de la SIP por los alcances de artículos de la ley 19.580 de 2017, que prevén castigo con cárcel a periodistas por informar, lo que ha implicado un retroceso para el país.
También se analizó y preocupó a la asamblea una denuncia sobre amenazas y advertencias e intento de daño concreto contra un reconocido periodista uruguayo, hecho en conocimiento de las autoridades pertinentes. Se estima que hoy la asamblea tomaría alguna resolución concreta sobre ese tema manifestando su inquietud y apelando a las autoridades uruguayas.