Hace poco de más de diez años se estrenaba en Estados Unidos una película de aventuras distópicas de ciencia ficción titulada Los juegos del hambre y que, junto a sus otras películas de la misma línea, estaba basada en la trilogía de novelas The Hunger Games de la autora estadounidense Suzanne Collins. En otro ámbito, y con plena actualidad, la polémica generada en torno al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) que se desempeña en ollas populares de Montevideo y zona metropolitana también se refiere a la angustiante situación de los más necesitados.
La estrategia de utilizar las necesidades de los más desprotegidos no es algo nuevo y se ha manifestado de diversas formas a través de la Historia. De esa forma el clientelismo político, entendido como el intercambio del voto o la movilización de masas (marchas, movilizaciones varias, piquetes, etcétera) por bienes o servicios ha marcado en forma triste e indeleble la política latinoamericana. Maestros del clientelismo más feroz como Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner, Ignacio “Lula” da Silva o Hugo Chávez constituyen buenos ejemplos de una mala práctica que ha castigado nuestros países por décadas y que constituyen ejemplos claros de corrupción, así como un atentado contra el normal funcionamiento de una democracia sana y bien asentada. Uno de los mecanismos más utilizados es la modalidad de los programas sociales de transferencias de ingresos que en el caso argentino han sido particularmente activos desde el año 2002, momento en el cual se declara la emergencia alimentaria, ocupacional y sanitaria y se implementa el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJHD), para ser aplicado sólo por ese año, pero que fue prolongado dado el buen resultado… electoral, que rindió a sus impulsores. Si bien normalmente la imagen de ese clientelismo se reduce en el caso argentino a la imagen un choripán (de allí que sus beneficiarios sean denominados “choriplaneros”), las maniobras llevadas a cabo involucran a una gran cantidad de organizaciones tanto gubernamentales como de la sociedad civil (sindicatos, grupos feministas, ollas populares, etcétera) las cuales adaptan una estrategia de “frente popular” (muy utilizado en América Latina por la izquierda armada en los años sesenta) como forma de intentar crear una imagen de institucionalidad, fortaleza y representatividad que nunca es tal, ya que en la mayoría de los casos son las mismas personas que militan en los diversos “ámbitos”. El objetivo es lograr una tarea de penetración cultural en ámbitos sindicales, sociales, intelectuales que acumulen fuerzas para un fin político partidario. Como lo ha sostenido el exdirigente comunista Esteban Valenti,
“La acumulación de fuerzas es un concepto que es aceptado por la gran mayoría de la izquierda uruguaya como la definición de una estrategia y una táctica que le permitió a la izquierda alcanzar el gobierno nacional, luego de una larga travesía por el desierto. Incluyendo la dictadura y la larga batalla democrática”.
Si bien nadie puede dudar que muchas de las personas que participan en las tareas de producción y distribución de alimentos en las ollas populares lo hacen en forma desinteresada, restando tiempo a otras actividades y movidos por un destacable espíritu de solidaridad y entrega hacia sus semejantes, es imposible hacer la vista gorda a que en muchos casos se transforma en un terreno fértil para la aparición y consolidación de intereses políticos partidarios que lucren con las necesidades de personas que deberían recibir dicha ayuda sin tener que participar luego en actividades políticas de ningún signo, quedando presos de una mecánica siniestra que desconoce y vulnera su dignidad y que los transforma en “cosas” que sólo sirven para tales fines. Esa utilización político partidaria que beneficia al que organiza la olla popular y tiene “el sartén por el mando”, busca sumar adeptos a la causa para la acumulación de fuerzas antes mencionada y la construcción de los referidos frentes populares.
Debe tenerse en cuenta que estas ollas populares desempeñan una tarea de intermediación entre el Estado (que provee la mayoría de los alimentos utilizados y brinda la logística necesaria a través de la oenegé Uruguay Adelante) y quienes son responsables por las mismas. En ese marco, y tratándose de alimentos que son adquiridos con fondos públicos, no resulta descabellado el pedido del ministro Martín Lema para que las ollas y merenderos que reciben esa colaboración actualicen sus datos. Esta información no fue entregada en plazo por esas organizaciones y la decisión del Mides está explicada en este mensaje que el ministro publicó en su cuenta de Twitter: “El pasado 29 de agosto solicitamos desde el Mides la actualización de datos de ollas y merenderos que reciben apoyo en insumos a través de Uruguay Adelante, estableciendo como plazo límite de entrega de información el 30 de setiembre. Habiendo finalizado el plazo, constatamos que todas las iniciativas, a excepción de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), entregaron la información requerida”. Lema señaló que la CPS recibió hasta el momento “aproximadamente unas 1.600 toneladas de alimento” y que se le quitará apoyo por no haber entregado la información solicitada. Lo cierto es que, de acuerdo con lo informado por el diario El País, “el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reveló ayer que tras hacer un análisis del listado de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), detectó que al menos 14 ollas no funcionan en las direcciones declaradas y que la cobertura total es de aproximadamente 20% menos de lo que la organización declaró públicamente. A raíz de la irregularidad detectada, el ministro Martín Lema dio ayer una conferencia de prensa en la que explicó por qué se resolvió excluir a la CPS como intermediaria. ‘Bajo ningún concepto se puede permitir que esta situación afecte a la gente, que afecte a quien necesita, por eso lo que resolvió el Ministerio de Desarrollo Social es excluir a la Coordinadora Popular y Solidaria como intermediaria’, dijo el secretario de Estado”. Asimismo se anunció que el Ejército colaborará en esta importante tarea, para que “personas que puedan recurrir a iniciativas de estas características no se vean perjudicadas producto de maniobras que claramente no representa transparencia y mucho menos rectitud en el manejo de insumos”, sostuvo Lema.
Poco a poco el relato de las ollas populares (que “extrañamente” surgieron como hongos apenas unas pocas horas después de declarada la emergencia sanitaria por el COVID-19, cuando aún los trabajadores contaban con el sueldo completo en su bolsillo) comienza a resquebrajarse. Vamos a ver ahora, que se les exige rendir cuentas de los alimentos que reciben, cuantas de esas organizaciones permanecerán funcionando. Tanto el Mides como las fiscalías deben estar atentas para controlar y eventualmente castigar cualquier desvío que se haya producido, ya sea por acción o por omisión. Una cosa es clara: a la Coordinadora Popular y Solidaria “se le terminó el recreo” y sus desprolijidades administrativas y el mal uso de los dineros públicos y ya no tendrá que ser financiada por todos los uruguayos. Ningún sector o partido político uruguayo puede ni debe sustentar sus actividades proselitistas con los tributos que todos pagamos, mucho menos si para ello se juega con el hambre de la gente.
