(Presidencia)
La ministra de Vivienda, Irene Moreira, encabezó la delegación del gobierno que participó en un taller internacional sobre buenos modelos y formas de promover la construcción de madera de calidad en Uruguay, con el fin de potenciar el uso de ese material para viviendas sociales.
La secretaria de Estado señaló que desde el inicio del Gobierno se definió como buque insignia la construcción de vivienda social en madera, a partir de reconocer que se trata de un material con variadas prestaciones y que, además, posibilitará mejorar en un 50% los tiempos de construcción sin perder la calidad.
Explicó que el factor tiempo en la emergencia habitacional resulta fundamental y que se ha trabajado de manera conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con organizaciones privadas y públicas para establecer una normativa que habilite que la construcción de casas en madera sea una realidad.
Por su parte, la embajadora concurrente de Finlandia para Uruguay, Nicola Lindertz, manifestó que la mejora técnica de la construcción en madera es un ejemplo de colaboración entre ambos países porque focaliza en experiencias prácticas en temáticas como técnicas constructivas, protocolos de evaluación, directrices técnicas para acondicionamientos acústicos, térmicos y contra incendios, normas de protección y temas digitales. Lindertz sostuvo que estimular el valor de este recurso en construcción implica promover aspectos sociales, ambientales y climáticos.
El director de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea, Markus Handke, explicó que la tercera parte de los residuos sólidos del mundo provienen de la construcción, por lo que pensar en este tipo de edificaciones significa un desafío para la sostenibilidad futura. En el taller, los equipos de Uruguay y Finlandia abordaron temáticas relacionadas con este tipo de construcción, la sostenibilidad y seguridad de su uso, entre otros aspectos.
MIDES DENUNCIARÁ IRREGULARIDADES EN OLLAS
(Presidencia)
La adulteración de los números de las ollas y merenderos en funcionamiento, el uso partidario de su distribución y su posible apropiación indebida, son algunas de las conclusiones de la investigación realizada por el Mides acerca del rol de la Coordinadora de Popular y Solidaria, informó, el ministro Martín Lema. “Es una operación política que tiene consecuencia y que la padecen quienes más lo necesitan”, aseveró. La cartera trabajó con actas de constatación elaboradas por funcionarios de las oficinas territoriales de Montevideo y por parte de la instructora de la investigación, donde se recabaron 53 declaraciones. Añadió que la investigación fue minuciosa y seria, con 200 visitas, donde la instructora recabó testimonios, documentos y actas, en las que están las pruebas de las afirmaciones. Entre los resultados de la investigación, el ministro enumeró algunos puntos: al menos 68 ollas no funcionaban o nunca funcionaron; “se inflaron números de iniciativas” y la cantidad de días de atención de cada olla y porciones, detalló.
Asimismo, pese a que algunas no funcionaban ciertas ollas recibían insumos y algunos se vendían. Según testimonios, algunos referentes debían recibir a los plenarios de la red, “bajo la presión de que, si no asistían, se iba a retirar los alimentos proporcionados”. Y continuó: “algunas ollas asistidas se encontraban en comité de base partidarios. Existen denuncias, que no parten del Mides, sino de exintegrantes de la coordinadora, que son de apropiación indebida, por parte de integrantes de la red”, informó.
La segunda resolución adoptada por las autoridades es remitir a Fiscalía todas las actuaciones, sobre “hechos contundentes y comprobados”.
CONTRADICCIONES POR ANTEL ARENA
(EL PAIS)
El fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, citó a declarar como imputados a los exjerarcas de Antel y lo hizo tras una denuncia realizada por la actual administración. La expresidenta de Antel, Carolina Cosse, su sucesor en el cargo, Andrés Tolosa, y los exvicepresidentes del ente, Pablo Barletta y Daniel Fuentes, se contradijeron en sus declaraciones en la Fiscalía acerca de si vieron o no en el directorio las proyecciones del costo del Antel Arena.
La denuncia fue elaborada por el abogado Gustavo Bordes y presentada por el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Uno de sus ejes expresa que la administración pasada del ente realizó las obras sin llamar a licitación, escudándose en que se encontraba bajo un régimen de competencia en el mercado de celulares.
Rodríguez investiga sobre cómo se gestó la obra, si existieron o no estudios de prefactibilidad del Antel Arena y si se elaboró o no un proyecto económico, entre otras cuestiones. Durante la audiencia, el fiscal indagó al expresidente de Antel, Tolosa, quien sustituyó a Cosse –que pasó a ser ministra de Industria– al frente de la empresa estatal. Durante la administración de Tolosa se construyó el Antel Arena.
Ante el fiscal Rodríguez, Tolosa señaló que accedió a planillas que referían a los costos del Antel Arena, tanto sobre su obra civil –edificación del complejo– como de su amoblamiento. Tolosa reconoció que no guardó copias de esas planillas. Sin embargo, advirtió que el directorio de Antel las vio y que las mismas incluían informes técnicos con los costos detallados del complejo.
Según los exjerarcas de Antel durante la pasada administración, la obra civil de Antel Arena rondó los U$S 40 millones y el amoblamiento y las plazas alcanzaron otros U$S 40 millones. En su declaración en la Fiscalía, Cosse dijo que nunca vio el presupuesto de las obras de construcción del Antel Arena. Sí señaló que la empresa pública calculó un retorno de U$S 12 millones anuales, lo que llevaría a recuperar la inversión en un plazo de 10 años. Y recordó que, recién al cumplirse los 30 años del emprendimiento, la inversión va a pasar a ser administrada por la intendencia, que es dueña del predio, pues allí estaba el Cilindro Municipal
Por su parte, el exvicepresidente Pablo Barletta afirmó que los jerarcas del ente sabían cuánto era el presupuesto del Antel Arena, al igual que el exvicepresidente Fuentes.
LEGISLADORES DECLARARON POR FILTRACIÓN
(MONTEVIDEO PORTAL)
El fiscal Gilberto Rodríguez comenzó a tomar declaraciones a los legisladores por la filtración del Plan Nacional de Inteligencia, que se dio durante la sesión secreta entre integrantes del Parlamento y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé. El primero de los senadores en declarar fue Raúl Lozano de Cabildo Abierto, quien además preside la comisión. “Explicamos cómo se desarrolló toda la reunión bajo sistema reservado y secreto. El desarrollo, en general, no tuvo nada que ver con el plan”, expresó el legislador en rueda de prensa.
Al ser consultado por los motivos que llevaron a la filtración de la información, Lozano respondió: “Puede ser por irresponsabilidad, por falta de conocimiento, documentos clasificados, porque de repente quiso ganar la noticia”. Además, el senador cabildante se mostró a favor de entregar su celular a Fiscalía para colaborar con la investigación. “Siempre y cuando se brinden las garantías del caso y en el supuesto que el resto también lo entregue”, agregó.
Por su parte, Rodríguez dijo que la intención de Fiscalía es tener las declaraciones de todos los legisladores, aunque tengan la facultad de elegir no hacerlo. El viernes 13 de noviembre a las 13 horas será el turno del senador nacionalista Álvaro Viviano.
