(El Observador)
El 1,3% de la población uruguaya adulta estuvo presa en el país en algún momento de los últimos cinco años. Por las puertas de las 26 cárceles uruguayas, desde enero de 2018 hasta el cierre de noviembre de este año, pasaron 34.954 reclusos, según los datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En el país en que nueve de cada diez presos son hombres, el porcentaje se hace más significativo en ese rango: el 2,5% de los varones adultos pasó alguna vez por una celda carcelaria en los últimos cinco años, con 32.000 de ellos que en ese período perdieron la libertad. Con récords históricos batiéndose mes a mes en cuanto a cantidad de presos, al ritmo que fue marcando el año hasta el anochecer del 14 de noviembre, una persona nueva quedaba encerrada tras las rejas cada 62 minutos. Esto es lo que el INR cataloga como “ingreso no repetido”, que a grosso modo supone un nuevo documento de identidad que se sube a los registros oficiales por primera vez en el año. La distinción del organismo abre la puerta a cruzar datos y calcular que, si de 8.813 ingresos totales hubo 8.413 que lo hicieron por primera vez en el correr del año, hubo 400 personas que entraron al sistema penitenciario más de una vez en el año. También permite contar que fueron 10.390 los reclusos que en cinco años recobraron la libertad, pero volvieron a delinquir y desembocaron una vez más en una celda. Sin embargo, ese número no quiere decir que la reincidencia en cárceles –al menos por lo que muestra el último quinquenio– equivalga al 23%, tal como reparan los expertos. El asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, advirtió que hay una “enorme cantidad de personas que delinquieron y no se los detectó”, al tiempo que hay “otra enorme cantidad que delinquió, se los atrapó, pero por razones varias no terminaron en la cárcel”.
Otro matiz consiste en que la vuelta a las celdas puede tardarse más que cinco años, como queda demostrado en las cifras de 2021, en que el 55% de los presos en ese año ya había pisado alguna vez una cárcel.
“La medición de reincidencia no es solamente entrar a la cárcel”, sostuvo el sociólogo Gabriel Tenembaum, que integra –al igual que Sanjurjo– el “GACH carcelario” creado el año pasado por el Ministerio del Interior. Los referentes en el tema –como el director del INR, Luis Mendoza, y el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit– hablan a menudo de estimaciones de reincidencia que rondan el 60%, aunque de inmediato aclaran que faltan elementos para asegurarlo. “Uno de los grandes desafíos que hay en el Uruguay es el medir la reincidencia por fuera de las cárceles”, planteó Tenembaum, quien contó que al hablarlo con Petit llegaban a la misma conclusión: que falta financiamiento. Uruguay es uno de los países con más personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes. Al cierre del año pasado el país se situaba en el puesto 12 del ranking de Estados con mayor tasa de prisionización. A mediados de este año, cuatro de cada mil uruguayos estaban tras las rejas. El actual gobierno ha reivindicado sus políticas de seguridad y los efectos de la Ley de Urgente Consideración para potenciar un fenómeno de “puerta giratoria” en que si bien son más los que caen presos, también son varios los que salen.
COLONIA NO TENDRÁ GUARDAVIDAS PERO INTENSIFICARÁN PATRULLAJES
(LA DIARIA)
A pesar de que hace unos meses había anunciado que posiblemente en la presente temporada estival el departamento de Colonia contaría con servicio de guardavidas, finalmente el intendente de Colonia, Carlos Moreira (Partido Nacional), anunció que eso no acontecerá.Al ser consultado por medios locales sobre este tema, Moreira sostuvo que el departamento de Colonia posee 180 kilómetros de costa, por lo cual “es inviable poner guardavidas en todas las playas”, y argumentó: “conozco bastante el mar Caribe y prácticamente allí no hay guardavidas; nuestras playas tienen una profundidad mínima, no son oceánicas”. Además, dijo que “no podemos comparar las costas de Maldonado y Rocha, donde hay océano, con el Río de la Plata”. El intendente Moreira afirmó que en Río de la Plata “no hay corrientes”, a pesar de que se trata de un estuario donde depositan sus aguas el océano Atlántico y los caudalosos ríos Paraná y Uruguay, estos dos precisamente en el departamento de Colonia. Como medidas sustitutivas, la intendencia de ese departamento realizará un acuerdo con Prefectura para intensificar el patrullaje y colocaría cartelería preventiva. “Habrá que confiar que no pase nada” esta temporada, concluyó Moreira.
CONFIRMAN ENCARCELAMIENTO DE DIPLOMÁTICO
(EL OBSERVADOR)
El Tribunal de Apelaciones de 3º Turno confirmó la sentencia que se le había impuesto al exvicecónsul uruguayo en Rusia Stefano di Conza. Se lo acusaba de 14 delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de estado civil. A través de su abogado, Florencio Macedo, apeló la sentencia de primera instancia del juez Fernando Islas, que implicaba que debía ir a la cárcel de forma preventiva, pero fracasó. Este es el primer funcionario público imputado por la causa que relaciona al excustodio del presidente, Alejandro Astesiano, a una red de falsificación de documentos. El abogado del diplomático alegó que no era necesario el encarcelamiento porque no existía “sospecha grave y fundada” de que Di Conza se fugara o entorpeciera la investigación. Remarcó que su defendido siempre estuvo a disposición de la Fiscalía y de la investigación administrativa que hizo Cancillería, en la que se asegura que no hubo irregularidades de parte del funcionario.
Al mismo tiempo, destacó que en los dos meses desde que comenzó la investigación no se comunicó con los demás imputados, no se fue del país y no destruyó evidencia. A pesar de esos argumentos, el Tribunal de Apelaciones mantuvo lo dicho por la fiscal del caso, Gabriela Fossati. Los ministros José María Gómez y Julio Olivera entendieron que Di Conza podía huir a Rusia, país en el que nació su pareja y, además, entienden que al ser funcionario de Cancillería tiene a su alcance la posibilidad de alterar evidencia del caso.