Desde hace varias semanas el gobierno se encuentra enredado en una telaraña de la cual le resulta muy difícil librarse: el otorgamiento de un pasaporte al reconocido narcotraficante Sebastián Marset, un caso que involucra a diversas jerarcas nacionales pero sin que ninguno de ellos asuma la responsabilidad por todo lo acontecido.
De acuerdo con una breve reseña del portal de noticias Infobae, “en setiembre de 2021, Sebastián Marset fue detenido en Dubái por intentar cruzar la frontera portando un pasaporte paraguayo falso. Al no poder ser liberado a través del embajador paraguayo en Qatar, Ángel Barchini, Marset solicitó al gobierno uruguayo que se le otorgara el pasaporte en la sección consular de la embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos. En noviembre, la Dirección Nacional de Identificación Civil imprimió su pasaporte con vigencia hasta 2031 y, en enero de 2022, quedó en libertad y pudo continuar su recorrido. Desde ese momento se encuentra prófugo y tiene desde marzo una orden de captura emitida por Interpol”.
De acuerdo con lo expresado por el Dr. Ruben Amato, (ex director nacional de Identificación Civil) en declaraciones vertidas a Radio Fénix, “el decreto de 2014 sobre la expedición de pasaportes no quitó garantías con respecto al de 1993 sino que muy al contrario las sumó: ahora no queda a criterio del cónsul entregar o no el pasaporte sino que el cónsul siempre tiene que pedir los antecedentes judiciales a la Dirección Nacional de Identificación Civil y debe solicitar información a Interpol en caso de los ciudadanos uruguayos que tramitan su documento desde el exterior. El trámite debe ser personal, es decir, que en el exterior el pasaporte debe ser tramitado en persona en el consulado correspondiente. La expedición del pasaporte a Sebastián Marset, indagado internacionalmente por ser líder narcotraficante, y presuntamente estar involucrado en la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue divulgada por el semanario Búsqueda en marzo pasado. El decreto sobre la expedición de pasaportes de 2014 tiene al igual que el que existía en 1993 dos capítulos: uno es la expedición de pasaporte común que es competencia del Ministerio del Interior y otro capítulo que es la expedición del documento cuando la persona está en el exterior que es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. El decreto del año 2014 sobre la expedición de documentos indica que “si las autoridades lo expulsaban solo podían devolver a Marset a Uruguay. El decreto establece que si es expulsado se otorga un título de viaje válido para el regreso al país al tiempo que debe darse cuenta a la autoridad cuándo y cómo llegó la persona expulsada”. En este sentido Amato se preguntó “por qué no se esperó que le dieran la libertad a Marset recluido en Dubái por viajar con documentación falsa paraguaya y por qué el documento entregado sirvió como salvoconducto para salir de la cárcel”.
Al igual que viene sucediendo con el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, el gobierno nacional viene manejándose en forma poco clara en relación con las responsabilidades que tanto a nivel del Ministerio del Interior o del Ministerio de Relaciones Exteriores deben ser asumidas para poner punto final a este episodio y determinar quiénes son los responsables y cuáles son las medidas que deben tomarse contra los mismos, ya sea en el ámbito judicial o en político. En ambos casos se debe llegar “hasta el hueso”, caiga quien caiga y mal que le pese a los poderosos de turno, que son muchos y actúan en muchos ámbitos, porque como ya lo dijo Enrique Santos Discépolo en su tango “Cambalache”, “cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor”.
En este contexto, adquieren especial gravedad los mensajes intercambiados entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y su par del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache, en uno de los cuales Maciel le advierte en los siguientes términos: “Hola, Caro. Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. [Pretendemos] saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”. Posteriormente a ese intercambio y durante una interpelación en agosto de este año al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, este último dijo que “en noviembre [de 2021] nadie sabía quién era Marset”. Sobre este punto, el senador del Frente Amplio Mario Bergara sostuvo que “se confirma que en la interpelación las autoridades mintieron al Senado. Al menos Carolina Ache y Guillermo Maciel estaban en conocimiento desde el 3 de noviembre de 2021 que Marset es un ‘narco muy peligroso y pesado’ y que sería ‘terrible’ que resultara liberado. Aun sabiendo esto, prosiguieron con el proceso de entrega del pasaporte que resultó el elemento clave para que Marset fuera liberado, encontrándose prófugo al día de hoy”. Asimismo, hay que tener en cuenta que en noviembre de 2021 el abogado de Marset, Alejandro Balbi, estaba averiguando con Ache sobre la valija diplomática hacia Emiratos Árabes, país donde el narcotraficante se encontraba preso.
Ache ha reconocido que “es cierto que en ese momento no le hice saber al canciller Bustillo de las referidas comunicaciones al subsecretario Maciel” manifestando que, entre otras cosas el mensaje de Maciel consistía en “consultas informales, que en ese momento no parecían tener relevancia alguna para Cancillería”. Adicionalmente, Ache ha manifestado que “al momento de la interpelación del 22 de agosto de 2022, casi diez meses después de ese intercambio de mensajes vía WhatsApp, ya todos los jerarcas tenían pleno conocimiento de la totalidad de las comunicaciones y su contenido”. Hasta el Ministro del Interior Luis Alberto Heber reconoció hace algunos días que su ministerio sabía que Marset “era una persona vinculada al narcotráfico”.
Tal cual lo consigna el portal de “En perspectiva”, hasta integrantes del Partido Nacional hicieron valoraciones negativas de la situación: el senador nacionalista Gustavo Penadés, por su lado, dijo que cree en la “honestidad de Ache”. Sin embargo, lamentó que el oficialismo “siga sumando situaciones que no terminan de aclarar este caso”.
Por su lado, otro senador blanco, Jorge Gandini, admitió que “hay poca claridad” sobre el otorgamiento del Pasaporte a Marset. “Acá se trata de aportar transparencia y claridad y que cada uno se haga cargo de lo suyo”. El presidente, Luis Lacalle Pou, mientras tanto, sostuvo que por ahora “no está planteado” pedir la renuncia de Guillermo Maciel ni de Carolina Ache, lo que de alguna manera otorga más incertidumbre en cuanto a las medidas que se tomarán en relación con ambos jerarcas y con cualquier otro que pudiera estar involucrado en este escándalo.
Ante este panorama tan confuso y de ribetes tan graves, existe sólo una actitud que puede asumir el gobierno nacional: esclarecer los hechos, identificar a los responsables, hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley y dictar normas y controles para evitar que se repitan este tipo de situaciones. En el caso de Marset, como en el de Astesiano “no hay más perro que el chocolate” y no se puede seguir esquivando el bulto de las medidas que deben ser tomadas de inmediato, con todas las garantías para los involucrados, pero sin demora porque no se puede ni se debe instalar en el país que los casos de corrupción que hoy empañan la gestión nada menos que del propio presidente, Lacalle Pou son algo natural y deben ser aceptados como hechos corrientes. Se trata de hechos gravísimos y los responsables deben caer sin más dilaciones, sin importar de quienes se trate.
