(Búsqueda-La diaria)
A medida que se informa sobre el contenido de los chats del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, aparecen más conexiones con la Policía y otros jerarcas del Estado. En sus conversaciones queda claro que utilizaba su papel dentro de Presidencia de la República para lograr traslados de policías, mover investigaciones e incluso proteger a su hijo de investigaciones en la Justicia.
Este jueves el semanario Búsqueda publicó varias conversaciones en las que queda en evidencia que la práctica de pedir y cobrar favores de Astesiano era constante, y que él era consciente de que cometía el delito de “tráfico de influencias”, algo que está siendo investigado actualmente por la fiscal del caso, Gabriela Fossati.
Astesiano tuvo una larga conversación con dos personas en relación con el robo de unas motos y una investigación de la Policía sobre una banda que cometió hurtos y rapiñas. Habló con un contacto agendado como “Subjefe Interpol” y en el chat comentan cómo se desarrolla la investigación.
Astesiano reenvía esa información a otro contacto, incluyendo un informe de Inteligencia, y agrega: “Esto a nadie por favor”, “borralo después”, “Esto es tráfico influencia, me matan”.
El excustodio del presidente parece haber jugado un rol importante en varios traslados de policías. En un caso particular se logró el traslado de Montevideo a Rivera, como cobro de un favor personal para proteger a uno de sus hijos.
En julio de este año, Astesiano se comunicó con un oficial llamado Sebastián para averiguar cómo iba la investigación por una moto que le habían robado a su hijo, porque se había enterado que él también tendría que declarar porque la moto era robada. Sin embargo, este oficial dijo que podía preparar al hijo de Astesiano para hacer la declaración y que podría atrasar la citación para que juntara documentación, a cambio de que Astesiano utilizara sus contactos para lograr el traslado a Rivera, y así fue.
El policía le recomienda comentarle a su hijo que consiga la información de la compra de la moto, incluyendo los intercambios de mensajes con los vendedores: “Te lo comento a modo de adelanto para que vaya consiguiendo eso! Y no lo agarre desprevenido… igual en la semana lo tengo que citar, pero ta… la voy a estirar lo más que pueda para darle tiempo a que consiga eso!”
Astesiano le responde que su pedido de traslado estaba en curso y que tenía el “ok” del presidente, Luis Lacalle Pou. Astesiano se comunicó por esta situación con el exsubdirector de la Policía, Héctor Ferreira: “Una pregunta, sabes que pedimos un favor por un policía que es de Rivera, está acá en comisión en Montevideo, ¿sabés si movieron algo? hablé con Berriel, te paso, ¿me averiguas?” La referencia es a Jorge Berriel, el subdirector ejecutivo de la Policía, uno de los indagados por Fossati.
Ferreira responde dos días después: “La hacemos corta. Se lo paso a Jorge para que le dé pase a Rivera y listo. Te parece???” El pase se concretó semanas después, cuando el caso del hijo de Astesiano quedó cerrado.
Como este caso, hay varios: un policía consiguió que lo trasladaran a la zona 4, algo que según Astesiano se logró gracias a que él hizo una llamada. De igual forma, se concretó otro traslado de un funcionario policial de Lavalleja a Cerro Largo: “Tiene toda la familia allá y es nuestro”, dice el excustodio en un chat con Ferreira. También logró mover los hilos para la designación de un funcionario con un cargo en el Chuy: “No lo conozco, me pidió un amigo y lo metí”, le dice a un contacto llamado César Migración.
Entre otros favores que aparecen en las conversaciones de Astesiano, están puestos de trabajo en reparticiones del Estado, consultas para averiguar en qué están investigaciones policiales particulares, horas para hacer trámites, ayuda para que autoridades se hagan cargo de personas en situación de calle. Incluso aparece un pedido para sacar un auto que había quedado en el Puerto de Montevideo porque la reja estaba cerrada: Astesiano lo resolvió llamando al prefecto nacional.
DOS MILITARES RETIRADOS CONDENADOS A PRISIÓN
(MONTEVIDEO PORTAL)
La jueza Silvia Urioste condenó con prisión este miércoles a los militares retirados Carlos Alberto Rosell Argimón y Glauco Yannone De León, por su participación en el secuestro de los militantes del Partido de la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Yano Rodríguez y Lilián Celiberti, y los hijos de Celiberti, Camilo y Francesca.
La resolución judicial indica que Rosell Argimón y Yannone De León fueron condenados por delitos de privación de libertad especialmente agravados y delitos de violencia privada especialmente agravados.
Rodríguez (fallecido en 2012) y Celiberti fueron secuestrados en su apartamento en Porto Alegre, el 12 de noviembre de 1978, durante un operativo del que también participaron el coronel retirado Eduardo Ferro, el militar José Bassani y el jefe de policía brasileño, Pedro Seelig. Los militantes de PVP fueron enviados a prisión y salieron en libertad en mayo de 1983; tras el operativo en Brasil, los hijos de Celiberti fueron entregados a su abuela materna.
Hasta el día de hoy los militares niegan el secuestro y argumentan que detuvieron a las víctimas en Uruguay, después de haber ingresado por la frontera brasileña con armas de fuego.
Sobre Ferro, quien se encuentra preso en Domingo Arena por otros delitos, aún resta el fallo.
“Esta es una causa que iniciamos en febrero de 1984. No se necesita ningún otro ejemplo para confirmar que aquello de que la justicia tarda es real”, dijo Lilián Celiberti luego de conocer la sentencia.
MIDES AMPLÍA DENUNCIA CONTRA COORDINADORA
(El País)
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) amplió ante la Fiscalía la denuncia contra la Coordinadora Popular Solidaria (CPS), por el presunto mal manejo de fondos y las eventuales irregularidades en la gestión de ollas y merenderos de Montevideo.
Respaldada por actas, testimonios y documentos, la secretaría de Estado se explayó sobre cinco puntos nuevos, que se suman al expediente de unas 800 páginas. La venta de alimentos y de viandas a través de Facebook es uno de los aspectos inéditos de la ampliación, que hasta ahora no se había detectado, indicó Carolina Murphy, directora territorial del Mides en la capital.
De acuerdo al documento, el referente de una olla popular en Casavalle aseguró al Mides que atendía a unas 50 personas los martes y los viernes. Pese a ser unas pocas decenas, la cartera constató que su acopio de alimentos “desbordaba”. La secretaría de Estado estima que bajo un seudónimo alguien podría ser el autor de publicaciones de Facebook en las que se vendían distintos productos distribuidos a las ollas de la zona.
