En estos días y ante una pregunta puntual sobre uno de los temas del momento, el presidente de la República reflexionaba al pasar sobre las noticias y el “rating”, sobre cómo es que algunos temas obtienen mayor repercusión que otros en la opinión pública y que, justamente los temas que a los los gobiernos les gustaría que se difundiesen más suelen pasar “bajo el radar”. Claro, no es esto una exclusividad de Luis Lacalle Pou; potencialmente todos los gobiernos democráticos de la historia han hecho en algún momento la misma crítica, que por otra parte y en sentido inverso factiblemente hayan hecho también todas las fuerzas opositoras a esos gobiernos democráticos. En esa tensión han vivido y vivirán siempre los medios de comunicación, porque esa es su esencia.
Todo esto viene a un planteo acerca de cómo a veces quedan “invisibilizados” temas que son importantes para la sociedad, para la comunidad toda, pero en especial para algún sector específico. Esto, da la impresión, es lo que ha ocurrido con la reciente presentación del nuevo “Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación Inclusiva de las personas con discapacidad”. Se trata de una actualización del que se puso en vigencia en el año 2017 y su presentación se enmarcó en las actividades por el Mes de la Discapacidad.
Este documento, que está disponible para su consulta o descarga en la página del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue elaborado por la Comisión de Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad, un ámbito de trabajo interinstitucional. Se construyó a partir de instancias en las que se recibieron aportes “de diversos agentes educativos, sociales, personas con discapacidad y sus familias”. Su alcance se extiende a todos los tramos del sistema educativo y en él se establecen pautas tendientes a asegurar “la accesibilidad, la participación efectiva y los logros en el aprendizaje de los estudiantes”. El principal objetivo de este protocolo es facilitar y suministrar a las personas con discapacidad los medios para su pleno desarrollo educativo, físico, recreativo, cultural y social.
Las disposiciones contenidas en el Protocolo son de carácter general y obligatorio, de forma que garantizan el derecho a la educación de las personas con discapacidad, en clave de Educación Inclusiva, en todo el territorio nacional. Se deberá aplicar, por lo tanto, en todas las instituciones, centros y ámbitos educativos públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Educación, así como en sus instancias presenciales o virtuales. También rige a los centros de educación infantil privados, y a los centros de educación no formal habilitados por la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura.
Pero ¿qué es lo que contiene este protocolo? Son, a la postre regulaciones que rigen una serie de aspectos entre los cuales se encuentran: el desarrollo de acciones de prevención, información y formación para todas las personas que integran la comunidad educativa; la accesibilidad de instalaciones, mobiliario, material didáctico, herramientas, equipos de trabajo y todo aquello que limite el acceso y la participación de las personas que integran la comunidad educativa. También refiere al desarrollo de sistemas de apoyo académico para personas con discapacidad y la promoción e implementación de diseños curriculares que contemplen diversas formas de implicación, representación y expresión, de acuerdo con los métodos validados por la autoridad competente a nivel nacional y por los equipos profesionales de apoyo a la inclusión. Además hace hincapié en “la utilización de guías de indicadores de actuación y buenas prácticas pedagógicas y didácticas”.
Como dijo el ministro Martín Lema durante la presentación, “el protocolo no puede ser una acción aislada. Las acciones sociales nunca se deben llevar adelante en soledad”, y si bien el texto mismo establece que el seguimiento de su implementación estará a cargo de las Inspecciones, Departamentos y Comisiones con competencia en cada subsistema de la ANEP, así como de sus Comisiones Descentralizadas y de referentes de las instituciones de educación pertenecientes a la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, es importante que de esta herramienta se apropien también las familias y los sujetos porque es, en definitiva, un instrumento para hacer valer frente a la sociedad los derechos de las personas con discapacidad, en este caso específico el del acceso a educación, ni más ni menos.
Paysandú ha sido –y es– un ejemplo a nivel nacional e internacional en el abordaje de los temas de discapacidad, con instituciones fuertes y solventes que se ocupan de la formación integral de las personas y de la promoción del ejercicio y el goce de sus derechos. Estas instituciones también se han ocupado permanentemente de sensibilizar a la población sobre la importancia de no dejar a nadie atrás y que ser solidario es mucho más que participar un fin de semana de una colecta. Ser solidarios se ejerce todos los días y no es otra cosa que respetar esos derechos.