(el pais-subrayado)
La declaración que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en calidad de testigo ante la fiscal Gabriela Fossati el pasado 26 de diciembre se encuentra bajo reserva por 40 días, según informaron a El País fuentes judiciales.
El presidente declaró por el caso de la imputación de su exjefe de custodia, Alejandro Astesiano, involucrado en una banda dedicada a la falsificación de partida de nacimientos para otorgar luego pasaportes a ciudadanos rusos, pero también investigado por presunto tráfico de influencias, a raíz de varias conversación de WhatsApp que el excustodia mantuvo durante meses con jerarcas policiales, funcionarios y empresarios.
La reserva fue solicitada, como es de rigor, por parte de la Fiscalía, en atención a que la difusión de lo declarado puede atentar al desarrollo de la investigación, y fue decretada por el juez de garantías Alejandro Asteggiante. Lo mismo ocurrió con el contenido de las declaraciones que hicieron semanas atrás el secretario y prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, también en calidad de testigos, así como de Lorena Ponce de León. La reserva podrá luego prorrogarse, si así vuelve a solicitarlo Fossati y entenderlo el magistrado.
El interrogatorio a Lacalle Pou tuvo lugar en la residencia de Suárez y Reyes, entre las 10.30 y las 14.30 horas del 26 del mes pasado, según informó el programa Así Nos Va, de Radio Carve. Fossati le había pedido autorización al fiscal de Corte, Juan Gómez, para trabajar el 26 y 29 de diciembre, durante la feria judicial.
Lorena Ponce de León, esposa del presidente, declaró por el mismo caso ante la fiscal Fossati el pasado jueves, luego de que fueran divulgados chats del exjefe de custodia y un jerarca policial sobre su paradero meses atrás.
La causa Astesiano acumuló un expediente voluminoso y se preparan nuevas instancias para febrero, cuando termine la feria judicial que comenzó el 25 de diciembre.
En el caso de Ponce de León, la citación fue hecha tras la filtración de chats de Astesiano con jerarcas policiales sobre pedidos de información de viajes particulares que ella había realizado tras la separación del presidente. A principios de diciembre, la fiscal Fossati había recibido un nuevo peritaje del celular de Astesiano en el que se incluían las conversaciones con el presidente, que en un principio habían quedado excluidas.
La recuperación de los chats entre Astesiano y Lacalle Pou había sido ofrecida de manera voluntaria a la Fiscalía por Presidencia de la República.
Entre otros indagados estuvo el director de Inteligencia Policial, Claudio Correa, que fue quien detuvo el 25 de setiembre al excustodio presidencial en la residencia de Suárez y Reyes cuando llegó de Costa Rica junto a Lacalle Pou. Astesiano fue imputado por suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias, en una causa de falsificación de documentos para emitir pasaportes uruguayos que eran vendidos a ciudadanos rusos. Con la imputación, la fiscal le aplicó prisión preventiva.
También pasaron por la Fiscalía el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, quien manifestó que la información que proporcionaba a Astesiano, cuando este le requería, era por instrucciones del entonces ministro Jorge Larañaga. Dijo que cuando lo impuso en el cargo le presentó a Astesiano y le dijo que cooperara con todo lo que pidiera en función de la responsabilidad de custodia presidencial.
Berriel dijo que el testigo de la reunión entre él, Astesiano y Larrañaga, era el entonces director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, quien todavía no ha sido citado para confirmar la versión del jerarca policial. El responsable de la dirección general de Fiscalización de Empresas de Seguridad, Henry De León, fue otro de los interrogados en la fiscalía de flagrancia que tiene el caso.
Además, fue interrogado en calidad de indagado el subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, que en medio del escándalo político renunció al cargo.
AGILIZAN INGRESO AL ESTADO
(Subrayado)
El Poder Ejecutivo aprobó un decreto para agilizar el trámite de ingreso al Estado, que pasaría de año y medio a ser de cinco meses. El director de la oficina de servicio civil, Conrado Ramos, explicó a Subrayado que una persona demoraba hasta un año y medio para ingresar a un Ministerio. Tras la digitalización de currículos y legajos del funcionarios el proceso se realiza en forma lineal.
Ramos dijo que tratan que sea de oposición y méritos, solamente la excepción sería el mérito y antecedente. El sorteo será la excepción y no la norma. “No cortan cinta este tipo de reformas pero le facilitan la vida a la gente y nos aseguramos de tener mejores procesos de ingresos de las personas al Estado”, dijo. Y agregó: “Es el comienzo de terminar con los currículos de papel”.
Según Ramos, la modalidad es similar a como trabaja la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) y el Sistema Nacional de Investigadores. Lo mismo ocurrirá con los ascensos cuando se digitalicen los legajos a partir del mes de mayo. Los currículos serán clasificados de forma semi automática.
Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado opinan que para facilitar el ingreso al Estado no alcanza con un decreto y se requiere más voluntad política. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a Subrayado que en el decreto se establecen plazos pero luego intervienen actores políticos que si no llevan un seguimiento será muy complicado realizar los llamados.
