Algo que desde hace ya cierto tiempo preocupa en el ámbito científico y académico, como el deterioro del campo natural uruguayo, acaba de ingresar a la esfera política en procura de estrategias de preservación y conservación que comiencen a introducir soluciones en un asunto que puede ser bastante espinoso para el desarrollo y la economía nacional en el futuro próximo pero que, hasta el momento, ha tenido escasa visibilidad en la discusión y agenda pública.
El proyecto de ley, que se encuentra en la Comisión de Ganadería y Agricultura de la Cámara de Diputados, fue presentado por legisladores frenteamplistas y busca obtener consensos que se traduzcan en una herramienta legal que proteja este ecosistema fundamental para el desarrollo del Uruguay, y en particular su actividad agropecuaria. Para ello propone declarar de interés general el campo natural, crear un fondo para financiar investigaciones sobre el tema y relevar e implementar acciones de restauración en áreas degradadas.
El suelo es un recurso vital que, además de proveer una serie de servicios ecosistémicos que son fundamentales en nuestro diario vivir como la producción de los alimentos, la producción de forrajes, energía y productos medicinales, realiza el filtrado y limpieza de miles de kilómetros cúbicos de agua -–mejorando así la capacidad de enfrentar sequías e inundaciones–, ayudando a regular las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero.
La expansión de las áreas de cultivo suele ser a expensas del campo natural, el cual –aunque a menudo es un hecho desconocido por la mayor parte de la población– es un recurso muy valioso para la producción agropecuaria y un elemento fundamental para la conservación de la biodiversidad, la calidad de los cursos de agua y la mitigación del cambio climático. A modo de ejemplo, puede señalarse que los llamados “pastizales” retienen el 30% del carbono mundial, siendo una herramienta natural para enfrentar el calentamiento global. Además, son grandes reservorios de biodiversidad, hábitat de una gran diversidad de animales, plantas y microorganismos.
Actualmente la mayor parte de los suelos del mundo se encuentran en condición mala o muy mala y, lamentablemente, están empeorando debido, entre otras causas a la transformación de los usos del suelo, el rápido crecimiento de las ciudades y algunos efectos de la industrialización.
En nuestra región, a partir del año 2000, y debido al aumento mundial de la demanda de alimentos, materias primas y biocombustibles, se registró una aceleración de las transformaciones históricas de los campos. Estas presiones transformaron la estructura del sector agropecuario uruguayo expandiendo la frontera agrícola a expensas del campo natural.
En este contexto, el pastizal, un sistema característico del campo uruguayo que –según estimaciones de expertos en el tema– abarcaba el 80% del territorio nacional en la época del descubrimiento y la conquista, sufrió grandes transformaciones ya que en 2015 representaba el 60% de la superficie y en 2050 disminuiría al 50%. En este sentido, una investigación liderada por Santiago Baeza y recientemente difundida por La Diaria, señaló que entre 2001 y 2018 Uruguay perdió el 10% de sus pastizales debido a cambios en el uso del suelo por el aumento de superficies dedicadas a la soja y la forestación.
Nuestro país participó en un estudio mundial sobre la degradación y el manejo sostenible de tierras en zonas de pastoreo compuestas por pastizales, que comprendió a Uruguay, Kenia, Burkina, Níger y Kirguistán, desarrollado durante tres años a partir de 2017 por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Se trata de países muy diferentes, con variedad de ecosistemas y prácticas de pastoreo pero que permitió identificar un protocolo estándar para el seguimiento y evaluación de procesos de degradación de tierras, inestabilidad climática o desertificación, dado que se trata de un fenómeno que ocurre en todos ellos. A su vez, el sector ganadero es de fundamental importancia para cada uno de estos países, tanto en lo económico a escala país como por el rol fundamental que constituye como medio de vida de la población.
Uruguay desarrolló programas piloto en el Sureste (Maldonado, Lavalleja y Rocha) y en la zona Norte del país (Rivera, Tacuarembó y Salto) y las conclusiones de estos estudios fueron publicadas en sendos libros titulados “Degradación y gestión sostenible del campo natural en el Uruguay” (uno sobre cada uno de estas regiones, que recogen resultados de una evaluación participativa). Durante la investigación se realizó el monitoreo y evaluación para determinar el estado del campo natural de acuerdo a los objetivos de manejo de los usuarios locales, el conocimiento científico y local con la idea de identificar las mejores prácticas de gestión sostenible y su inclusión en el diseño de políticas y protocolos de seguimiento de la salud de los pastizales.
Entre las conclusiones de estos trabajos se destacan problemas relacionados al uso del suelo, la degradación del campo natural debido al sobrepastoreo o subpastoreo, baja disponibilidad de técnicos extensionistas capacitados específicamente en el manejo de campo natural, el marketing hecho por las empresas de semillas de pasturas y el desconocimiento del campo natural por parte de productores y técnicos, así como la falta de un programa de transferencia específico para campo natural “que ponga foco en el recurso e incluya además a productores no familiares”.
En este sentido, conviene recordar que América Latina y el Caribe contribuyen con cerca del 11% del valor de la producción mundial de alimentos y cuentan con aproximadamente 24 por ciento de la tierra cultivable del mundo. No obstante, ya existen requisitos de algunos países europeos que incluyen la variable ambiental –por ejemplo respecto a la alimentación del ganado con pastos naturales– y que son atendidos a la hora de concretar negocios internacionales de compra de carne.
En este sentido, recientemente el Parlamento de la Unión Europea aprobó una ley en la que establece que las empresas que vendan productos al conglomerado de países deberán certificar que su producción no procede de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Aunque en principio esto se aplicará a menos de una decena de productos entre los que aún no se incluye la carne, es una tendencia que seguramente abarcará otros productos en un futuro próximo y que pone en la mira y en la discusión internacional el tema de la deforestación y la preservación de los recursos naturales.
En definitiva, en un entorno global de degradación, el campo natural es un recurso y riqueza de gran valor que se encuentra bajo distintas amenazas y por lo tanto, requiere atender a las prácticas para su óptima conservación, dada la importancia social y económica que posee. Para eso es necesario habilitar la discusión pública y contar con instrumentos legales efectivos para su conservación.